El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa penal contra Ana Botella y su equipo por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo de inversión Blackstone, porque, a juicio del juez, no queda "debidamente justificada la perpetración del delito".
En su auto, el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que siempre ha sido partidario de archivar el caso, considera que "no existen elementos suficientes" que permitan la continuidad del procedimiento, en contra de lo que sentenció, en diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas, que condenó a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por esta venta.
El Tribunal de Cuentas condenó a Botella
El Tribunal de Cuentas declaró responsable contable directo a Fermín Oslé, máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda Social durante la venta(EMVS). También a Ana Botella y a todos los concejales del Ayuntamiento que formaban parte de la empresa pública: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos deberán pagar de manera solidaria los 23 millones de euros y los intereses hasta que se haga efectiva la sentencia.
La sentencia del tribunal de Cuentas relató infinidad de irregularidades en esta operación, como la ausencia de pliegos, la falta de los pertinentes estudios técnicos y la falta de libre concurrencia en los concursos públicos.
El Ayuntamiento gobernado por Botella vendió, en junio de 2013, 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a Blackstone por 128,5 millones. Según la defensa de las familias afectadas, ese era la mitad del valor de los inmuebles.