Las comunidades autónomas se han comprometido en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera a plantear ante sus respectivos parlamentos regionales, en un plazo máximo de seis meses, la aprobación de una regla de gasto coherente con la que ya aprobó Gobierno el pasado 1 de julio para la Administración General del Estado y las entidades locales. El Gobierno también se ha mostrado dispuesto a facilitar financiación a través del ICO para que las autonomías puedan afrontar el pago del los casi 24.000 millones de euros que adeudan al Estado, de los que la mayor parte, 19.000 millones, corresponde al presupuesto de 2009.

Regla de gasto en línea con el Estado
El contenido de la regla autonómica de gasto será definido por un grupo
específico de trabajo que se reunirá el próximo mes de septiembre. La adopción de una regla de gasto, según Economía, tiene como objetivo limitar el crecimiento del gasto en los periodos de bonanza, "al objeto de contribuir a la necesaria orientación contracíclica de la política fiscal, generando los márgenes necesarios en los tiempos de crecimiento económico para suavizar los ajustes en los momentos más bajos del ciclo".

Estabilidad presupuestaria individual
El Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria individual para las CCAA en el periodo 2012-2014. Cada comunidad podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional en 2012; al 1,1% en 2013; y al 1% en 2014, en coherencia con el objetivo establecido para el conjunto de las comunidades autónomas en el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 29 de abril.

Rechazo a aplazar los pagos
El Gobierno ha rechazado de plano la propuesta del Partido Popular respaldada por todas sus autonomías además de Cataluña y Andalucía para retrasar hasta 10 años el pago de las devoluciones que las comunidades deben al Estado.

Créditos del ICO
Salgado mantiene que los casi 19.000 millones de euros que deben correspondientes a 2009 tienen que pagarse en cinco años, como estaba pactado. Sin embargo, la vicepresidenta ha planteado que la mitad de esa devolución se pueda hacer a través de un crédito ICO en condiciones ventajosas.

Aumento del nivel de deuda
El 50% restante tendrán que devolverlo con sus propios medios. La consecuencia inmediata será que las comunidades aumentarán su nivel de deuda. Sin embargo, gracias a estos créditos podrán pagar a proveedores y superar los problemas al menos este año sin tener que hacer recortes aún más radicales. El resultado para las autonomías este año es similar al de la moratoria. De sus arcas solo saldrá la mitad de lo que deben, como ellas reclamaban, la otra mitad saldrá de un crédito. La oferta está en plena discusión en el consejo.