Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, ha enviado un escrito al juez en el que asegura que el líder de Podemos tenía su consentimiento para acceder a los archivos contenidos en la tarjeta SIM de su móvil, que presuntamente robó el excomisario José Manuel Villarejo y que terminó finamente en manos del ahora vicepresidente del Gobierno.
La afirmación de Bousselham, estrecha colaboradora de Iglesias en el pasado, aleja la posibilidad de que el líder de Unidas Podemos sea investigado, a pesar de que así lo pide el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
"Entiende la Sra. Bousselham, que la entrega de su tarjeta por Iglesias no se efectuara de forma inmediata, dada la confidencialidad en la que fue recibida, y habida cuenta de sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas", defiende en el escrito enviado por Dina Bousselham, ahora directora de La Última Hora, el digital vinculado a la formación morada.
Críticas al juez
La exasesora de Iglesias critica que el juez García Castellón haya pedido a la Policía científica otro informe para averiguar por qué la tarjeta terminó estando inservible, pese a la existencia de un informe previo en el que se concluyó que los daños irreparables en la tarjeta se debieron a los trabajos que se llevaron a cabo para intentar recuperar el material por parte de una empresa especializada.
"La tarjeta fue dañada con un puntero láser, tal y como ha quedado acreditado en las presentes diligencias, por lo que, esta parte no alcanza a comprender, la diligencia de investigación consistente en una nueva pericial que determine lo que ya ha aclarado la Policía científica", se dice en el escrito de Bousselham, que adelanta 20 Minutos.
Delitos de agravante de género y denuncia falsa
El juez García Castellón pretendía que se investigara a Pablo Iglesias por los presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, denuncia falsa y daños informáticos.
Bousselham carga en su escrito con lo que considera el "empeño" de García Castellón en "inculparla" a ella y a Iglesias, "cuando son las víctimas perjudicadas hasta la fecha, de las actuaciones ilícitas que presuntamente habría realizado Villarejo".
"No es que no es que no existan indicios en relación a los delitos que el magistrado instructor pretende atribuir a las víctimas es que, además, no se cumplen los requisitos de procedibilidad, previstos en la ley", señala el escrito.