“Me deja usted un panorama desolador”. Este comentario explosivo del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, tras las declaraciones de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que trabajaba esclareciendo el caso Gürtel, entre 2012 y 2016, da la medida del alcance de la trama que se conoce como Kitchen.
En el centro de esa marea contaminante que continúa subiendo de nivel, Pablo Casado, insiste en distanciarse como si su partido acabara de surgir de la nada: no hay historia, no hay errores anteriores, no se conocen relaciones turbias. Nada de nada. Continúan echando balones fuera junto a la acusación reiterada de la ilegitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
En esta estrategia, los indultos que prepara el Gobierno para los condenados por el procés les ha venido como anillo al dedo. Pero, la provocadora intervención de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la concentración en la plaza de Colón, implicando malévolamente a Felipe VI en el asunto de los indultos, ha desviado la atención.
La versión de este alto cargo de la UDEF ante el juez García-Castellón, ha devuelto a la primera línea este problema. En su declaración, Manuel Morocho explicó que intentaron forzarle a que no mencionara en los informes a altos cargos como el empresario Ignacio López de Hierro o su mujer, María Dolores de Cospedal, que desempeñó entre otras muchas funciones políticas el cargo de secretaria general de los populares. Por supuesto, ninguna referencia a Mariano Rajoy Brey, aunque Manuel Morocho lo incluyó en un anexo.
Una vez conocido que María Dolores de Cospedal y su marido estaban en el punto de mira judicial, ella se ha visto obligada a abandonar “voluntariamente” el prestigioso despacho de abogados donde trabajaba.
Al parecer, algunas gunas de las cosas que contó Morocho coinciden con apuntes del comisario Villarejo. También explicó que trataron por todos los medios de culpar enteramente a Luis Bárcenas mientras exculpaban al PP y a sus responsables de cualquier vínculo con las cuentas del dinero en B.
Se vio tan presionado, insistió, que tuvo que rodear de especial secreto el registro en la sede de Génova del PP. En 2015 le apartaron de su trabajo y sin explicaciones pasó a las ordenes directas del comisario Eugenio Pino, a quien también señala Morocho como presunto relacionado con estas irregularidades.
A lo que parece, la trama que se conoce como Kitchen, no tuvo reparo en utilizar los métodos necesarios no solo para entorpecer la investigación sobre la corrupción por la que ya ha sido condenado una vez el PP como partícipe lucrativo. Sin olvidar que esta operación se realizó en el Ministerio de Interior, que el ministro del PP de la época Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez, figuran como investigados en la causa.
Mucho cuidado porque el inspector Morocho vuelve a declarar el próximo viernes.