A los castellano-manchegos les cuesta la oficina del Defensor del Pueblo un euro por habitante y año. O lo que es los mismo, algo menos de dos millones de euros sobre un presupuesto total de 8.616 millones, o si se prefiere el 0,02% de las cuentas regionales. Porcentaje residual, insignificante que, sin embargo, reivindica como ahorro el Gobierno de María Dolores Cospedal para suprimir la figura de este importante organismo, existente en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP, partido del que la presidenta manchega es, por ahora, su secretaria genera

Cartas sin respuesta…
Por lo tanto, el argumento del ahorro esgrimido por Cospedal queda totalmente desacreditado como lo prueba, también, la carta enviada por la presidenta y el secretario del Instituto Internacional del Ombudsman, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, y en la que se le recuerda que la figura del defensor del pueblo está amparada por Europa y por las propias Naciones Unidas. Tanto Beverley Wakem como Peter Kostelka, máximos responsables internacionales de los defensores del pueblo, le ruegan “que tenga en cuenta los argumentos del Instituto” para mantener este organismo. Carta que no ha tenido respuesta ni ha servido para calmar las ansias “caníbales de Cospedal”, reconocen a este periódico fuentes del Ombudsman europeo.

…Y suplicas no escuchadas
Pero no solo el organismo internacional ha recordado a Cospedal la necesidad de mantener este organismo. También  el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, en calidad de presidente del capítulo europeo de los Ombudsman regionales, ha enviado otro escrito a Cospedal, sin respuesta por parte de la presidenta manchega, en el que le recuerda “la necesidad de la existencia de defensores en los diversos niveles notables de la administración”. Ribó lamenta que la líder del PP ni siquiera se haya dignado a responder a sus llamadas.

“Instrumento de control democrático”…
Son tantas las voces que se han alzado contra la decisión de Cospedal de suprimir este organismo, que el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (España es Estado miembro) ha aprobado recientemente por unanimidad un informe a favor de las defensorías, donde define al defensor regional “como un instrumento fundamental de control democrático para garantizar los derechos de los ciudadanos ante las administraciones”.

…Que al “PP le estorba”
En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes castellano-manchegas, José Luis Martínez Guijarro, reconocía a ELPLURAL.COM que lo que pretende el PP es suprimir aquellos organismos que “controlan y fiscalizan” la acción de Gobierno, como es el caso del “Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social” y otras instituciones de participación democrática.