La Asociación Corruptil ha presentado ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que reclama al Gobierno de Manuela Carmena todo el expediente de la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión Fidere-Blackstone, en 2013.

La asociación de abogados valora “una querella criminal “contra la exalcaldesa Ana Botella y otros responsables políticos por la macrooperación inmobiliaria, cuestionada por la Cámara de Cuentas por presuntas irregularidades y quebranto patrimonial, ya que los pisos fueron vendidos a la mitad de su valor.

En su escrito, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Corruptil justifica su petición del expediente de la venta en su objeto social, “que no es otro que la lucha contra la corrupción política, en un asunto de trascendencia social como es la enajenación de 18 promociones de inmuebles municipales a entidades de inversión, sin publicidad, concurrencia, transparencia (…) además de haber sido enajenadas sin la necesaria valoración de mercado”.

La asociación advierte de que valorará la “interposición de una querella criminal”, si se duducen “responsabilidades penales”, y “acciones patrimoniales contra los funcionarios o autoridades que hubieran causado detrimento patrimonial a la Administración”.

La EMVS pidió la nulidad de la venta
El pasado viernes, el Equipo de Carmena hizo público que el consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, “reunido con carácter extraordinario” ese mismo día, “acordó elevar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid un informe jurídico en el que se propone iniciar un procedimiento administrativo para declarar nula la venta a Fidere de 1.860 viviendas protegidas en 18 promociones, por 127,5 millones, además de garajes y locales no vinculadas a los pisos. Es decir, se pide que se deshaga la operación, cerrada en 2013.


Las familias afectadas siguen ganando en los tribunales
La defensa de los inquilinos afectados acaba de conseguir una segunda victoria frente a Fidere, después de que el juez evitara el desahucio de otra familia del bloque situado en la calle López de Vega, en el céntrico barrio de Las Letras, amparándose en un error de forma. El fondo ya ha anunciado que recurrirá las sentencias de este caso y el anterior, la primera victoria de esta asociación.

Hay pendientes otras dos demandas de familias, que se resolverán en juicio, una de ellas en septiembre y otra en enero próximos.

Denuncian pasividad del Ayuntamiento
La asociación de afectados ha denunciado públicamente, en reiteradas ocasiones, “la pasividad” del Gobierno de Carmena y el incumplimiento de su compromiso electoral en este tema; además ha pedido personalmente en varios contactos tanto a Carmena como a su número dos, Marta Higueras, que tomaran cartas en el asunto.ELPLURAL.COM ha pedido este lunes una valoracion a la vicealcaldesa, así como el informe de la EMVS, pero a la publicación de esta noticia este diario no ha recibido contestación.

El abogado: “Tardía, pero finalmente”

El abogado de las familias, Mariano Benítez de Lugo, en declaraciones a ELPLURAL.COM, ha dicho que “por fin, el Ayuntamiento da un paso al frente”, aunque “han tardado casi dos años”.

“Tardía, pero felizmente”, ha remarcado el abogado, que reprocha a la Administración que no haya tenido en cuenta “el aspecto social” y “mirara para otro lado”.

El otro caso de los 400 pisos de Las Rozas
Benítez de Lugo lleva el caso de varias familias de afectados por esta venta, realizada durante el Gobierno de Ana Botella en la capital a Fidere-Blackstone, y de otro caso similar, en Las Rozas, donde se vendieron 400 viviendas protegidas al mismo fondo de inversión. La empresa ofrece ahora a los inquilinos que compren los pisos, de 55 metros cuadrados, por 212.000 euros o renueven el contrato de alquiler por tres años, pero con un aumento de 100 euros mensuales cada año, lo que representa un incremento del 40%.

“El 90% de las familias habría comprado"
El letrado recuerda que en el caso de las 1.860 viviendas de la capital vendidas al fondo buitre, el coste medio fue de sólo poco más de 68.000 euros. Según su experiencia con las familias afectadas, “el 90% de los vecinos habría comprado las viviendas”.

El demoledor informe de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas recogió en un informe demoledor una serie de irregularidades en la operación, entre éstas, que el Gobierno de Ana Botella facilitó información privilegiada, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013, a empresas como Magic Real State-Blackstone, que fue la adjudicataria de la operación a través de su firma Fidere.