Nueva reválida de la comisión que investiga la compra de material sanitario en el Congreso de los Diputados. Estaba previsto que la reunión para dar más tiempo al órgano parlamentario se celebrara el pasado martes, pero el rechazo de Coalición Canaria obligó al PSOE a mover ficha y, por tanto, desconvocar el encuentro para ganar tiempo. El ‘no’ de la formación insular, que tiene la representación de todo el Grupo Mixto en la comisión, se habría sumado a las negativas de PP y Vox, aunando así los 178 votos necesarios -dos por encima de la absoluta- para tumbar la prórroga.
Esta comisión, que nació con el impulso del PSOE y como respuesta a la iniciada por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, se creó el pasado 4 de abril y tiene el plazo para presentar sus conclusiones el próximo 2 de octubre. Un límite susceptible a prórroga y eso es lo que busca el Grupo Socialista, aunque ahora mismo está lejos de conseguirlo. La reunión prevista para el pasado martes estaba enfocada en estos términos, pero los ocho votos del Grupo Mixto, en manos de Coalición Canaria, se decantarían por el ‘no’. Así se lo comunicó la formación insular a los socialistas, que actuaron de inmediato y desconvocaron la sesión de trabajo para evitar que caduque sin apenas avances.
Las decisiones que emanan de la comisión se toman por voto ponderado. Es decir, que prima el peso de cada grupo en la Cámara Baja. Este formato concede a Coalición Canaria la potestad para decidir por los otros siete integrantes del Grupo Mixto (Podemos, BNG, UPN y el exsocialista José Luis Ábalos) y, por tanto, condicionar el futuro de los trabajos de investigación parlamentaria. La diputada canaria, Cristina Valido, explicó al día siguiente que no pensaba apoyar la prórroga porque su formación estima que la prioridad debe ser “dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio”.
Estrecho margen de maniobra
Veinte minutos después de que Valido comunicara al PSOE el sentido de su voto, los socialistas desconvocaron la reunión de la comisión. Su portavoz parlamentario, Patxi López, explicó que sería su grupo el que solicitara la prórroga y justificó la petición con arreglo a la necesidad de que se conceda más tiempo para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a “empresas en las que hay familiares” del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “Queremos requerir (del Gobierno gallego) toda la información […] para actuar en consecuencia y adoptar las medidas necesarias”, adujo.
Así, según exponen fuentes parlamentarias, el PSOE maneja ahora varias fórmulas para evitar el deceso de la comisión antes de tiempo. Sin embargo, la sensación entre las filas socialistas es de pesimismo y asumen que el órgano caerá esta misma semana. La ampliación de plazo debe ser aprobada en Pleno del Congreso y la única sesión prevista antes del 2 de octubre -fecha de caducidad de la comisión- es la de la próxima semana, cuyo orden del día está cerrado. Cabe recordar que todo cambio requiere la unanimidad de la Junta de Portavoces, por lo que el PP taponaría con su negativa esta vía.
Pero existe también la posibilidad de convocar una segunda sesión plenaria inmediatamente después de que concluya la prevista para el próximo jueves, 26 de septiembre, después de que comparezca en el Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se celebre el debate de estabilidad presupuestaria, así como el de totalidad de la Ley de Movilidad Sostenible. No obstante, esta maniobra está sujeta en cualquier caso al voto favorable de Coalición Canaria a la solicitud de prórroga; por lo que se regresa a la casilla de salida.
Para sortear el escollo de CC, el PSOE juega con la posibilidad de convocar la comisión pero que sea la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, suplente del Grupo Mixto, la que acuda en lugar de Valido, siempre y cuando esté dispuesta a votar a favor de la prórroga. También se ha estudiado la vía de que la prórroga se vote directamente en el Pleno, donde desaparecería el voto ponderado y cada diputado del Grupo Mixto podría ejercer su voto sin intermediarios.
Muchas tareas pendientes
Pese a que la comisión se creó hace ya cinco meses, los avances del órgano han sido relativamente escasos como para sacar conclusiones férreas. Además de las contrataciones de la Xunta, el PSOE quiere focalizar la investigación sobre otras cuestiones y comparecencias, habida cuenta de que no se ha citado aún ni al 25% de la lista de 137 integrantes que se aprobó en abril. De hecho, entre las tareas pendientes de la comisión queda la citación del principal protagonista del caso Delorne, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García; pero también siguen en el tintero las de los presidentes autonómicos del Partido Popular, especialmente la de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
Tampoco hubo atisbos de agendar la comparecencia de otro alto cargo conservador como Miguel Tellado. El nombre del portavoz está incluido en la lista al aparecer su nombre en el sumario de la investigación, junto al de Elías Bendodo, quien ejerciera de hombre fuerte de Juanma Moreno Bonilla antes de su salto a Madrid.
Entre los meses de abril y junio, en plena super primavera electoral y coincidiendo con los meses de mayor actividad de la comisión, se citaron a responsables de instituciones que contrataron con la trama Koldo, como el exministro de Sanidad y ahora president de la Generalitat, Salvador Illa o a la presidenta del Congreso y ex jefa del Ejecutivo de Baleares, Francina Armengol. Su sucesora al frente del Gobierno insular, la popular Marga Prohens, también desfiló por la comisión de investigación, como hiciera el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la sazón ex presidenta de Canarias.