El Gobierno de Murcia ha aprobado la destitución de José Antonio Fernández Lladó como director general de Carreteras tras su arresto por presunta implicación en una trama de corrupción en la cárcel de Sangonera la Verde.

El Ejecutivo regional, que preside Fernando López Miras, ha dicho que la "supuesta implicación" de Fernández Lladó "en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada" es "incompatible con la exigencia ética del Ejecutivo regional".  El alto cargo ejercía el puesto desde 2015 tras ser alcalde de Alguazas en dos etapas (entre 2001 y 2005 y entre 2007 y 2015) y actualmente ocupaba la presidencia del partido en el municipio.

Investigado por varios delitos

Fernández Lladó quedó en libertad el martes, aunque con cargos. Fue detenido ese mismo día y prestó declaración ante el juzgado de guardia de Instrucción número 4 por su supuesta implicación en la trama. El juez le volverá a llamar para que preste declaración. Junto con otras cinco personas, el ya ex director general de Carreteras está investigado por los delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal, según informan fuentes judiciales, "a falta de individualizar la responsabilidad de cada uno en los hechos objeto de investigación".

Falsificación de un documento del Ayuntamiento

El operativo, desarrollado por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Agencia Tributaria, descubrió que Fernández Lladó intentó evitar que Hacienda le hiciera un recargo del 20% a una deuda (cercana a los 100.000 euros) que tiene su empresa de servicios de instalaciones para la construcción a través de la falsificación de un documento del propio Ayuntamiento de Alguazas, del que fue alcalde.

El político se sirvió de varios funcionarios que cooperaron con él y que también están siendo investigados. Se trata de un funcionario de Hacienda, al que se le imputa un delito de cohecho; y un funcionario del Ayuntamiento de Alguazas, sobre el que recae una acusación de falsedad documental. Además, hay tres investigados más: un funcionario de prisiones, acusado de cohecho y estafa; un empresario, acusado de los delitos de cohecho y estafa; y un intermediario, imputado también por cohecho y estafa, según La Opinión de Murcia.

La operación se inició en la cárcel de Sangonera

La investigación comenzó en la cárcel de Sangonera, con la presunta estafa a la que estaban siendo sometidos unos reclusos. Uno de ellos denunció ante la Fiscalía que un funcionario de prisiones habría pedido dinero "a cambio de suavizar su estancia entre rejas, con promesas de facilitar, presuntamente, vis a vis con prostitutas y mejoras en el menú de las comidas, entre otros beneficios", según cita la Agencia Efe.

El pasado lunes, la Guardia Civil arrestaba al jefe de Servicio de la cárcel por supuesta participación "en una red de pagos por parte de los presos a los funcionarios para gozar de privilegios en el centro prohibidos a los internos, tales como celebración de fiestas o 'vis a vis' con prostitutas", según indica el eldiario.es, que adelantó la noticia de Lladó. La investigación destapó asimismo que los internos habrían sido invitados a entregar dinero para participar, presuntamente, en unos negocios inmobiliarios. 

Ciudadanos pide a Miras que dé explicaciones

Ciudadanos reclamó al presidente murciano que dé explicaciones "inmediatas" en la Asamblea Regional y exigió el cese del detenido, algo que sí se ha producido. "La corrupción es el cáncer de nuestra democracia, y el Partido Popular debe de una vez dejar de ser ambiguo y con valentía tratar de eliminarla de entre sus filas". El PSOE y Podemos también han pedido la comparecencia, además de Miras, del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, en cuyo departamento figuraba el alto cargo detenido.

Desde el PP se han limitado a decir que "los hechos investigados no tienen ninguna vinculación con el Gobierno regional" y han pedido que se "respete la presunción de inocencia y dejar a la justicia actuar". A su juicio, "los hechos que están siendo investigados nada tienen que ver con con la función que venía desempeñando como responsable público".