En menos de media hora la Guardia Urbana de Barcelona puso fin, en las primeras horas del pasado miércoles, a la acampada que durante más de tres interminables semanas ocupó por entero la céntrica plaza Universitat de la capital catalana y un sustancial tramo de la Gran Vía.

Bastó la actuación de cerca de un centenar de agentes de la Policía Local para desmontar las tiendas de campaña allí instaladas y desalojar unas pocas decenas que seguían todavía con la acampada iniciada el pasado día 30 de octubre. La actuación diligente de los servicios municipales de limpieza hizo que la plaza y todo su entorno recuperasen la normalidad perdida. Finalizó, por tanto, el calvario sufrido cada día por unas 120.000 personas que suelen transitar por aquel céntrico espacio ciudadano, en el que a diario circulan unos 50.000 vehículos.

Es muy cierto que las autoridades municipales, con la alcaldesa Ada Colau al frente, han tardado demasiado tiempo en reaccionar y en actuar en defensa de los intereses legítimos de la ciudadanía barcelonesa, pero finalmente lo han hecho. Lo han hecho tarde, pero lo han hecho bien. Y sin necesitar ninguna clase de apoyo o intervención de otros cuerpos policiales.

Otros cuerpos policiales que, como de modo especial los Mossos d’Esquadra como principales responsables de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en toda Cataluña -y por tanto también en la ciudad de Barcelona-, con excesiva frecuencia parecen tender a dejar de ejercer las funciones que tienen legalmente asignadas al respecto. Parecen haber hecho dejación de sus funciones. Tal vez olvidan que la seguridad ciudadana y el orden público son también derechos democráticos, y más en concreto derechos sociales, que protegen a la gran mayoría de la ciudadanía contra los comportamientos incívicos y vandálicos de minorías radicales y violentas.

Según un informe dado a conocer por el BBVA, las protestas que han tenido lugar en toda Cataluña contra la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el 14 de octubre pasado contra algunos de los principales dirigentes políticos y sociales del separatismo catalán han causado ya unos costes globales que oscilan entre los 230 y los 430 millones de euros, lo que viene a representar la pérdida de una o incluso dos décimas del producto interior bruto (PIB) catalán. Conviene recordarlo. Conviene no olvidar la permanente amenaza del Tsunami Democràtic y los CDR: “Independencia o barbarie”. Conviene no olvidar que durante estas últimas semanas se han producido en toda Cataluña auténticas barbaridades, desde cortes de vías férreas que incluso hubiesen podido causar  mortales en algunos casos hasta incendios de contenedores, coches, motos y patinetes, bloqueos en el aeropuerto barcelonés del Prat y de diversas estaciones ferroviarias, quema de mobiliario urbano y de toldos, marquesinas, mesas y sillas de terrazas de bares y restaurantes, cortes de carreteras y autopistas que se han prolongado hasta más de un día en el caso concreto de la frontera de la AP7 a su paso por La Jonquera, repetidos cortes en avenidas, calles y plazas de Barcelona y de otras importantes ciudades catalanas…

Bienvenida sea, aunque haya tardado demasiado en producirse, la actuación de la Guardia Urbana de Barcelona en el desalojo de la acampada en la plaza Universitat. Ojalá esta actuación, tardía pero modélica, sirva de ejemplo, por ejemplo, a los Mossos d’Esquadra. Ambos cuerpos, al igual que la Policía Nacional y la Guardia Civil, son garantes de un derecho democrático y social tan básico y elemental como es la seguridad ciudadana, el orden público. Siempre, evidentemente, bajo el doble principio de legalidad y proporcionalidad.