Algunos siguen empeñados todavía en negarlo, pero el desafío al Estado que ha planteado el separatismo catalán tiene su origen en la excepcionalidad que tiene Cataluña en nuestro actual Estado de las Autonomías. Porque Cataluña es la única comunidad autónoma española que se rige por un Estatuto que no fue aprobado en referéndum legal por su ciudadanía.

La excepcionalidad estatutaria de Cataluña está en el origen del grave conflicto político y social actual. Es más que probable que en el Parlamento catalán hubo un error inicial cuando se excluyó al PP de la negociación que condujo, no sin dificultades y tropiezos, a la redacción y posterior aprobación de un proyecto de nuevo Estatuto. Lo cierto, no obstante, es que aquel texto, de gestación tan compleja, fue finalmente aprobado el día 30 de septiembre de 2005 con una amplia mayoría, en concreto con el apoyo de los 120 diputados de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y con la única oposición de los 15 parlamentarios del PP.

Inmediatamente después de la llegada de aquel proyecto a las Cortes, el PP puso en marcha una recogida de firmas para exigir que el texto fuese sometido a referéndum en toda España, algo jamás hecho con ningún otro Estatuto de Autonomía, y que de entrada ni tan siquiera fuese admitido a trámite. El Congreso de Diputados aceptó su tramitación con la única oposición del PP. Se abrió entonces una nueva y difícil negociación que finalmente permitió, tras recortes significativos en algunos aspectos del proyecto aprobado por el Parlamento catalán, que el Congreso de los Diputados aprobase, el 30 de marzo de 2006, el que tenía que ser el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, con los apoyos de los diputados de PSOE, IU-ICV-EUiA, CiU, PNV, CC y BNG, pero con la oposición no solo de los parlamentarios del PP sino también, aunque por razones diametralmente opuestas, de los diputados de ERC, EA, NB y CHA. El Senado dio su aprobación al texto, el 10 de mayo de 2006, con la abstención de ERC y la única oposición del PP. Pocas semanas después, el 18 de junio de 2006, se celebró en Cataluña el referéndum legal para la aprobación del texto estatutario ya aprobado por las Cortes Generales. El resultado de la consulta fue del 73,90% de votos a favor, el 20,76% en contra y el 5,3% de votos en blanco, con una abstención del 50,59%.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el conocido como el “Estatut de Miravet”, entró inmediatamente en vigor, pero también de forma inmediata el PP presentó ante el Tribunal Constitucional, con fecha del 31 de julio de 2006, un recurso de inconstitucionalidad. Recurrió 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones. También presentaron sus recursos el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares. Fue entonces cuando en Cataluña comenzó a producirse un malestar creciente, ya que con dichos recursos se pretendía, y finalmente se consiguió, anular en gran parte un Estatuto aprobado por la ciudadanía catalana en un referéndum legal. La sentencia del Tribunal Constitucional, fechada el 28 de junio de 2010, confirmó aquel temor. Con recusaciones de magistrados favorables al Estatuto, mandatos caducados de otros magistrados y todo tipo de irregularidades, por 6 votos a favor y 4 en contra, el Alto Tribunal declaró inconstitucionales la mayor parte de los artículos del texto previamente aprobado por gran mayoría tanto por el Congreso de Diputados como por el Senado, y refrendado después por la ciudadanía de Cataluña.

El 10 de julio de 2010, en lo que sin duda fue la primera reacción realmente masiva de más de un millón de personas en pleno centro de Barcelona, tuvo lugar una manifestación en la que se hizo evidente lo que el entonces presidente de la Generalitat José Montilla definió como “desafección” de una parte relevante de la ciudadanía de Cataluña respecto al proyecto común de España.

Han pasado muchos años y aquella “desafección” no solo persiste sino que se ha incrementado de forma muy significativa. Esto no justifica en modo alguno la deriva, ilegal e ilegítima, del desafío separatista. Pero explica en gran parte sus motivos, sus fundamentos. Es la excepcionalidad de Cataluña como la única comunidad autónoma española que no se rige por un Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum por su ciudadanía.

De aquellos viejos polvos vienen estos lodos actuales. Con la intervención de expertos pescadores en ríos revueltos, que se han aprovechado de esta excepcionalidad para intentar ocultar sus tramas de corrupción política e institucional mantenidas y extendidas durante largas décadas en Cataluña, y para intentar también enmascarar sus drásticos recortes económicos en todo tipo de prestaciones sociales.