La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga en el marco de una pieza del caso Púnica si el Gobierno de Esperanza Aguirre obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar un 1% del dinero público para financiar publicidad del Partido Popular. Este entramado, hasta ahora, se limitaba a la Consejería de Sanidad. No obstante, según ha desvelado la Cadena SER, la Comunidad de Madrid ha detectado otros 167 contratos que incluían esta cláusula del 1% en otros departamentos tales como Infraestructuras, políticas de Vivienda y Transporte.
Todas estas adjudicaciones acaecieron entre los años 2009 y 2013, y entre otras obras, se incluyen la construcción de carreteras, instalación de barreras y mejoras en los trazados de la M-50.
La información habría sido aportada por la Comunidad de Madrid a petición del grupo Izquierda Unida. No se detalla la cuantía de los contratos, pero la citada cadena ha cifrado las partidas de infraestructuras y vivienda detectadas recientemente podrían triplicar los 3,07 millones de la “publicidad simulada” del entramado sanitario que cifró el juez Manuel García-Castellón.
Según la investigación judicial relativa a Sanidad, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el Ejecutivo de Aguirre estableció un mecanismo para desviar fondos públicos y pagar publicidad del PP. Se incluyó en los pliegos de los contratos una cláusula que obligaba a las empresas a gastar el 1% del dinero recibido en publicidad que podría ser simulada, de manera que el dinero acaba en la caja B de la formación.
Hasta ahora este entramado se limitaba a Sanidad, pero ahora, salpica a otras carteras. Son 167 adjudicaciones, de las cuales 56 se firmaron en 2009; 53 en 2010; 37 en 2011; ocho en 2012; y 14 en 2013.
