Carlos J. Villarejo: “El Gobierno va a favorecer la impunidad de la corrupción y la criminalidad organizada"

“Error garrafal”, “disparate procesal”... El  jurista y antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha calificado así para ELPLURAL.COM la intención del Gobierno de acortar los plazos de instrucción de los procesos penales.  “Jueces y fiscales están realizando protestas, y con razón, porque esta medida va a favorecer la impunidad  en los casos de corrupción y de criminalidad organizada”, aseveró.

El problema es la entrada en vigor el 7 de diciembre,  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, como refiere Jiménez Villarejo, los fiscales están recogiendo firmas para pedir al Ministerio de Justicia la suspensión de esta norma pues los efectos de la Ley en este aspecto suponen la limitación de seis meses a un año y medio  del tiempo de instrucción de los sumarios.

Revisar un millón de casos
Aducen además, que para su puesto en funcionamiento con carácter retroactivo, como exige la ley, deben revisarse más de un millón de casos en dos meses a fin de determinar cuántos asuntos se encuentran fuera de ese plazo de instrucción. La norma fue aprobada en el Parlamento con el exclusivo voto favorable del PP.

Falta de recursos para los jueces
Para Carlos Jiménez Villarejo, la pretensión de poner un plazo a este tipo de procesos “es complejo ante las dificultades que se encuentran los jueces por falta de recursos sin los que no se puede penetrar en ese complejo mundo de actividad societaria, mercantil, movimiento de cuentas corrientes, los activos que utilizan  la delincuencia financiera y la gran corrupción. Estos casos se encuentran con dificultades objetivas de investigación pues hacen falta muchos recursos como asesoramiento tributario, financiero, y una policía judicial muy eficiente”.

Falta auxilio técnico
“Hay que pensar que en el caso de las unidades especializadas se encuentran sobre todo  en los juzgados centrales, pero la mayoría de los jueces no cuentan con ellas, salvo algunos casos específicos, como algunos juzgados de Marbella, como en el caso gil, algunos de Valencia… Pero siempre he tenido la sensación de que en general, carecen de auxilio técnico para penetrar en este tipo de delincuencia”.

Dilatar el proceso beneficia al imputado
El jurista recuerda: “Se ha visto en la  trama de la  agencia tributaria catalana que tardo muchísimos años pues era de una complejidad enorme. A la falta de medios que sufren los jueces, hay que añadir los  recursos que presentan los abogados defensores para dilatar y ganar tiempo a favor de sus defendidos”.  Dilatar el proceso juega a favor de los imputados (culpables o inocentes) pues el caso puede prescribir o se puede alegar cara a aligerar la sentencia el hecho de la dilación indebida.

El difícil auxilio judicial internacional
A estas dilaciones motivadas por la batería de recursos que alargan el proceso en los complejos casos de corrupción y crimen organizado, hay que añadir  un tema como el auxilio judicial internacional, las comisiones rogatorias que se solicitan a autoridades judiciales de otros países. La respuesta no está sujeta a plazos, es el estado extranjero el que responde cuando puede o quiere. Contesta o no, o contesta a lo mejor que no tiene datos.

Sin datos no se puede investigar
“Este es un factor fundamental – añade Jiménez Villarejo- . Los delincuentes  de este nivel mueven el dinero para ocultarlo en diferentes cuentas a través de empresas pantalla, testaferros, paraísos fiscales y el problema es que sin obtener esos datos de las comisiones rogatorias, no se puede investigar. Eso ocurrió en el caso Pretoria en que hubo 11 comisiones rogatorias que afectaban a muchos implicados.  Se tardó casi seis años. Mientras no respondieron, no hubo manera de concluir pues cada comisión rogatoria traía nuevos datos”.

No precipitar la investigación
Por tanto considera el jurista que es importante “no precipitar el final de los casos de  investigación penal pues esta acción lo que hace es beneficiar a los imputados. El juez depende de todos estos factores para poder hacer su trabajo”. Un trabajo marcado asimismo por la falta de recursos humanos.

Tras ETA, el terrorismo de EI
Afirma Villarejo que  “existe una desproporción evidente entre el número de jueces en plantilla por ejemplo en la Audiencia Nacional y el número de casos que deben atender. Y si bien ha desaparecido el terrorismo de ETA que suponía buena parte del trabajo de esta instancia, ahora tienen que abordar los casos de terrorismo islamista. Y ahí sí que hay que realizar comisiones rogatorias”.

Acumulación de procesos
Piensa por tanto que “hay que reforzar las plantillas allí donde tengan competencias específicas y cuando se trata de jueces de instrucción de grandes ciudades como Madrid, Barcelona... Cuando conocen casos de corrupción complejos, dotarles de medios. Porque el problema es que no se limitan a esos procesos, sino que tienen que atender muchos otros casos”.

Favorecer la impunidad
“Es un error garrafal la intención del Gobierno de Rajoy  de acortar los lazos de instrucción de los procesos penales. Jueces y fiscales están protestando con razón, porque esta Ley va a favorecer la impunidad de la corrupción y la criminalidad organizada. Da esa impresión. Si acortas estos plazos de instrucción sin contemplar los factores citados, si  por ejemplo no ha llegado la comisión rogatoria, favoreces al imputado”.

Limitar los recursos
Considera Jiménez Villarejo que la reforma de esta Ley “es una de las primeras cuestiones que hay que abordar cuando haya otro Gobierno, porque es un puro disparate procesal. No se pueden establecer plazos para instrucción de  casos como los de Gürtel, Bárcenas, Pujol... En cambio sí que habría que establecer mecanismos de límites para  los recursos de los imputados siempre que no afecten a sus derechos. Pero el hecho de que ante cada nimiedad procesal haya un recurso, dificulta que el proceso avance”.

El caso Palau
¿Ve alguna intención poco clara el antiguo fiscal anticorrupción en la implantación de esta ley? Responde así a la pregunta: “Mira el caso Palau en el  que las diligencias de entrada y registro se practicaron en el año 2009 y no hay ahora ni siquiera perspectiva de apertura de juicio oral. No sabemos cuándo se va a celebrar. Hasta el año 2017 no habrá perspectiva de que se inicie”.

Y Artur Mas
Elige este tema del Palau, dice Carlos Jiménez Villarejo para ilustrar una situación política de plena actualidad: “Es un caso paradigmático de lo que supone la  parálisis de determinados procesos por razones que no entiendo, que  ignoro y  veo que sí favorece a los imputados. Y también favorece en estos momentos en Cataluña  que Convergencia esté ocupando el papel que está ocupando y promoviendo el independentismo”. Como se recordará, el caso Palau pone en el punto de mira de presunta financiación ilegal, al partido de Artur Mas.