La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia que procese a Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, por un presunto delito de falsedad en documento mercantil y estafa en la adjudicación de subvenciones públicas para la promoción del valenciano a través de sus empresas audiovisuales. Una causa abierta tras una denuncia presentada por el Partido Popular en el año 2018 contra él y el empresario Juan Enrique Adell Bover.
Francis Puig, en el ojo de Anticorrupción
El Ministerio Público cifra las cantidades obtenidas presuntamente de forma irregular por parte de la compañía Mas Mut Producciones SL entre los años 2015 y 2018 en 110.691 euros, para lo que alega un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Por su parte, para Canal Maestrat, la productora de la familia Adell Bover, ve indicios de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Así, tras el cierre de la instrucción y la petición de opinión a las partes ,la fiscal ha solicitado al juez que impulse un procedimiento abreviado de la causa al tiempo que ha ofrecido acciones a la Generalitat Valenciana y a la Generalitat de Cataluña. Cabe señalar que la cantidad presuntamente estafada es inferior a los 120.000 euros que exige el fraude en subvenciones, por lo que se descarta ese delito, pero la Fiscalía sí ve "indicios suficientes" para creer que Mas Mut es una sociedad "instrumental" creada "con la única finalidad de obtener subvenciones".
El escrito recoge que la mayor parte de la facturación aportada en la causa por la empresa para justificar el abono de las subvenciones podría ser "falsa o creada con esa finalidad". La investigación ha hallado facturas que podrían no tener que ver con la actividad que se supone que realiza esta empresa de producción de contenidos en valenciano, por ejemplo sobre reparaciones de vehículos, repostajes de gasóleo o gasol agrícola, entre otras cosas.
Además, Anticorrupción menciona una tercera empresa, Kriol Produccions, de la que afirma que también podría ser "instrumental o ficticia". "Sin embargo, el cierre prematuro de la investigación impide deducir indicios suficientes que puedan corroborar este extremo", añade. En este caso, las subvenciones que ha logrado tampoco alcanzan los 120.000 euros y se otorgan para campañas de fomento del multilingüismo o publicitarias, por lo que se descarta la imputación de delitos.
Una causa promovida por el PP
Esta causa nació tras una querella presentada por el PP de Valencia contra Francis Puig, al que ahora el Ministerio Público señala como autor material de estos hechos, junto al empresario citado. "A su vez, vista la facturación cruzada, ambos podrían ser autores por cooperación necesaria", señala el escrito firmado por la fiscal, Adoración Cano. Puig ha defendido la legalidad de las subvenciones desde el primer momento.
La Audiencia Provincial de València estimó los recursos de las defensas y fue el pasado mes de abril cuando dio por finalizada la investigación a cuenta de un error en la notificación a las partes de la prórroga del plazo de instrucción. "Aunque otras personas pudieron haber intervenido en la confección de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa, no es posible continuar con la investigación", explica en referencia a ese auto.
Ahora, el Ministerio Fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València que, en caso de que acepte la calificación de los presuntos delitos, se proceda a abrir juicio oral y ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya, a tenor del posible "perjuicio económico" a las administraciones afectadas. La defensa de Puig ya ha pedido el archivo de las actuaciones por considerar que no existen indicios suficientes de delito como para proceder a la apertura de juicio oral.
En cuanto a las subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña a Canal Maestrat, el escrito concluye que los hechos relativos al posible fraude de subvenciones "no pueden ser considerados como delito sino como infracción administrativa, en su caso". Además, y aunque Kriol Produccions SL podría también ser considerada una firma "instrumental", la Fiscalía Anticorrupción insiste que el cierre “prematuro” de la investigación “impide deducir indicios suficientes que puedan corroborar este extremo”.