El Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida ha ocultado todos los documentos urbanísticos del piso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la base de datos Conex -donde se ubica la información de todas las viviendas de la capital- porque contiene algunas referencias que incumplen “la normativa de protección de datos” y, por tanto, comportan un “riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”, según avanza el diario El País. De esta manera, tras la solicitud de un informe a la Oficina de Protección de Datos (OPD) del propio Consistorio por parte de la Coordinación de Vicealcaldía, el Consistorio admite que se habría saltado la Ley de Protección de Datos durante los cuatro años que llevaba activo el servicio Conex.
El mencionado portal se creó en el año 2020 y, tras el estallido del caso Ayuso, allá por el mes de marzo, registró una elevada actividad por parte de la prensa y de la oposición de izquierdas madrileña para hallar cualquier tipo de indicio de que en el piso de la presidenta madrileña se habría acometido una obra ilegal. La OPD recomendó “proceder a eliminar de Conex todos los documentos y planos que contengan datos personales” o, en el caso de mantener la documentación, realizar lo que se conoce como una “anonimación” de ella. De esta manera, se impediría la identificación de las personas afectadas. Así se desprende de un correo de la dirección de comunicación. El estudio de la Oficina de Protección de Datos concluyó, el 11 de abril de este mismo año, que “en tanto en cuanto se realicen una de las dos recomendaciones, debería cerrarse el acceso” a la mencionada aplicación. Según explica el diario El País, esta presunta vulneración de datos masiva le saldría gratis al Consistorio, dado que, según los expertos en la materia consultados, las administraciones no pueden ser sancionadas por violentar los derechos de privacidad.
Pese a las reticencias iniciales del Consistorio a facilitar una respuesta sobre la eliminación de los documentos en la plataforma Conex, el mencionado medio de comunicación obtuvo respuesta al acceder a un documento de la Agencia de Actividades -oficina responsable de las licencias- en el que se acogían a una “revisión general de la documentación publicada” como argumento para justificar la retirada de ésta con el fin de “garantizar los derechos de propiedad intelectual y protección de datos de carácter personal en los documentos asociados a los expedientes”.
La plataforma Conex ofrecía una información pormenorizada de los más de 1,6 millones de pisos de la capital en términos de obras y actividades económicas de la finca en cuestión. Un servicio al que cualquier ciudadano podría acceder y, a sólo un clic de distancia, descargar los planos de los arquitectos o los datos de los solicitantes. Su finalidad, en resumen, era facilitar la consulta a vecinos y profesionales, evitando desplazamientos a dependencias municipales para buscar este tipo de información. La aplicación cobró especial importancia, pese a ser una gran desconocida para buena parte de la opinión pública, cuando se cosecharon los primeros indicios de una infracción urbanística por parte de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
El novio de la presidenta compró un piso en el distrito de Chamberí en julio de 2022, después de haber cometido presuntamente un fraude fiscal de 350.000 euros. Un mes después, comunicó que iniciaría una obra de importante calado a la Junta del distrito a través de una declaración responsable. Sin embargo, los técnicos le ordenaron paralizar la reforma hasta en dos ocasiones durante los meses de noviembre y diciembre. Una información que sirvió como hilo conductor a Más Madrid para obligar al Ayuntamiento a iniciar una inspección que, pese a las advertencias de los expertos, no se llevó a cabo.
¿Violación de la Protección de datos?
Mientras la oposición acusa a Almeida de blindar los intereses de Ayuso y su pareja, a pesar de que González Amador ha denunciado al propio Ayuntamiento por infringir la ley de protección de datos, El Debate publicaba que en la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se mencionaba que el expediente de la obra del novio de la presidenta madrileña fue visto por los grupos de la oposición municipal antes que por el interesado; además de percutir en que miembros del escalafón municipal tuvieron “accesos indebidos” a dicha documentación. Tras ello, el regidor respaldó a la pareja de la jefa del Ejecutivo regional y admitió que podrían haberse vulnerados los derechos de Amador. Entonces, anunció una investigación para dirimir “qué persona ha accedido a los datos”, aunque no hubo mención alguna a Conex.
En el correo mencionado anteriormente al que hace alusión El País, se informa de que el informe de la OPD partió de la Coordinación de Vicealcaldía, que habría constatado previamente la elaboración de distintos reportes al respecto. En abril de 2020, la oficina ya manifestó que en el servicio Conex no deberían publicarse datos personales. Un año después, insistió en el dictamen a la Secretaría General Técnica del Área de Desarrollo Urbano tras la queja de una arquitecta capitalina para, en 2922, recalcar su postura por iniciativa propia.
No obstante, desde la Secretaría Técnica se justificó que el contenido de la base de datos, en virtud del artículo 4.2 de la Ley del Suelo, respalda “el derecho a la información de los ciudadanos (…) por los procesos urbanísticos. “Por esa disparidad de criterios, desde la actual Coordinación de Vicealcaldía se solicitó el último informe el 11 de abril de 2024”, esgrimen desde el Consistorio a preguntas de El País. Fruto de ello, el Área de Urbanismo solicitó a la ADA que mantuviera encuentros con el Organismo Autónomo de Informática de la corporación municipal para “anonimizar” los datos de la app. Por lo tanto, según algunos expertos en palabras al citado medio, el Consistorio podría haber incurrido en una violación continuada de los derechos de privacidad de los ciudadanos.
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