El Partido Popular ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para evitar que se investigue su supuesta financiación ilegal en el Parlamento. Después de que la oposición se uniera para pedir que se investigara la caja B del PP en el Congreso, ellos respondieron pidiendo que se estudiara la de todos en el Senado. Al no conseguir frenar la comisión, no dudaron en amenazar con acudir a la justicia o en limitar el tiempo que se investiga para que el periodo sobre el que hay dudas y sombras quede fuera. Y así, suma y sigue hasta que llegamos a la última apuesta de los populares.
Parece que el PP ha decidido encender el ventilador. Probar aquello de sacar escándalos de otros partidos para ocultar los suyos y llamar a la comisión en el Senado, la que investiga la financiación de todos los partidos, a los líderes de la oposición Pedro Sánchez, Albert Rivera y Alberto Garzón. Y, ya de paso, resucitar la unión de Podemos con Venezuela.
Poco o nada parece importarles al Partido Popular que la justicia haya dicho hasta en dos ocasiones que no hay nada que investigar, que no ha existido financiación ilegal en Podemos en relación con fondos procedentes de Venezuela o Irán.
Los populares no han dudado en pedir que Podemos entregue a la comisión de investigación toda la documentación sobre la Fundación CEPS; es decir, sobre la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, de la que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre eran miembros de su ejecutiva, y con la que se hicieron labores de asesoramientos a gobiernos de América Latina, entre ellos Venezuela.
Por la relación con esta fundación, Podemos fue acusado de financiarse ilegalmente en sus inicios con dinero de Venezuela, pero también de Irán mediante la productora audiovisual de la asociación cultural Producciones con Mano Izquierda, encargada de La Tuerka.
Una causa archivada dos veces
Antes de caer en desgracia, antes de que su líder Miguel Bernad diera con sus huesos en la cárcel, Manos Limpias presentó una querella contra el partido por una supuesta financiación ilegal y, ya de paso, denunció por múltiples causas a casi todos sus dirigentes.
El sindicato denunció al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias y, al que fuera por entonces portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón hasta en dos ocasiones y en dos ocasiones la justicia archivó la denuncia.
Imagen de archivo de Miguel Bernard tras presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. EFE
La primera vez, en febrero de 2015, la querella no fue admitida “por no ser los hechos constitutivos de delito”. En esta segunda, se archivó con los votos a favor de cinco magistrados del Tribunal Supremo que aseguraron que lo denunciado no tenía relevancia penal. Rechazaron la demanda "por carecer de los elementos acreditativos iniciales mínimos en los restantes".
Laman a declarar a Irene Montero
Otro de los puntos que llama la atención entre las peticiones del PP, además de pedir explicaciones sobre un hecho ya juzgado y archivado, es que han exigido la comparecencia en la comisión de investigación de Irene Montero.
Montero es desde el pasado mes de febrero, tras celebrarse Vistalegre II, la portavoz en el Congreso de Podemos. Cargo que ocupaba antes Íñigo Errejón.
El PP pretende que Irene Montero dé explicaciones sobre la supuesta financiación ilegal del partido morado sin tener en cuenta que, por aquel entonces, Montero no ocupaba ningún puesto de relevancia en Podemos. Pero, si la oposición llama a dar explicaciones, ellos llaman.
