El Gobierno ha comunicado al Congreso su oposición a que se reforme, según planteó el PSOE, la Ley de Memoria Histórica. Entre otras medidas, propone exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria.

La Constitución otorga al Gobierno la prerrogativa de vetar aquellas iniciativas legislativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios. En este caso, fuentes del Ejecutivo han detallado que el coste económico de la propuesta podría alcanzar los 214 millones de euros, en gran medida por la creación de un Banco Nacional de ADN para la identificación de víctimas y por la ampliación de las prestaciones e indemnizaciones para represaliados y presos del franquismo.

Además, según el Ejecutivo, la iniciativa acarrearía un alto coste económico que no puede asumirse sin modificar unos presupuestos generales del Estado que, de momento, se encuentran prorrogados.

El PP y su "ADN del franquismo"

Sin embargo, para el PSOE, el tema económico y presupuestario no es más que una escusa, la verdadera razón es que el PP sigue albergando un fuerte "ADN" franquista. Así, el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha acusado al Gobierno del PP de conservar el "ADN del franquismo" tras el veto. "Están vendiendo los derechos humanos por un puñado de euros".

Aun así, los socialistas confían en que "la derecha española se pudiera homologar con la derecha civilizada de Europa, pero ha quedado demostrado que sigue teniendo el ADN del franquismo". Reprochan que el PP que "no haya sido capaz" de condenar la sublevación y la dictadura y permita, con su veto, que decenas de miles de víctimas continúen en fosas comunes.

¿Qué pedía la reforma del PSOE?

Además de sacar los restos del dictador, la reforma puesta sobre la mesa exigía que el Valle de los Caídos se reconvirtiera en un Centro Nacional de la Memoria, un lugar donde impulsar la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas. La iniciativa prohíbe expresamente su utilización como mausoleo de Francisco Franco, cuyos restos propone sacar del recinto.

Para la tumba de José Antonio Primo de Rivera, víctima también de la Guerra Civil, la proposición del PSOE pide que se traslade a un lugar no preeminente de la cripta o al que designe su familia.

Con esa proposición de ley, el PSOE pretendía dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica aprobada hace diez años por el Gobierno de Zapatero, al constatar que "muchas" de las políticas dispuestas en ella "no se han cumplido en la forma y alcance" que había previsto el legislador.

En especial, el PSOE detallaba las medidas dirigidas a localizar e identificar a los desaparecidos y a retirar los símbolos de exaltación franquista.

La iniciativa que, de momento, no seguirá su tramitación parlamentaria, incluía también la creación de una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos" cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura. Esa comisión elaboraría un informe final que entregaría para su aprobación a las Cortes y al Gobierno de España y a las instituciones competentes para el cumplimiento de sus recomendaciones.