El pasado mes de agosto el juez instructor del caso Lezo respondió de forma taxativa a la consulta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes sobre si podía entregar los papeles de la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Durante meses ha estado negando a la oposición estos documentos apelando a que formaban parte del secreto de sumario. Sin embargo el juez le dijo muy claramente que no tal y como reveló en primicia el pasado 28 de diciembre El Plural.

El juez Fernando Andreu, en una providencia con fecha del 18 de agosto dejó claro que estos documentos "no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluyó.

Sin embargo, la presidenta continuó negándolos a la Asamblea. Ahora dice que la respuesta del juez se traspapeló y echa las culpas al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que se encontraba de vacaciones. El hombre ha sido cesado por una "negligencia administrativa grave", ha comunicado la presidenta en un desayuno informativo organizado por Europa Press. "Hasta el pasado viernes el Gobierno no tuvo conocimiento de que el juez había dado la autorización", ha insistido Cifuentes [elplural.com lo publicó el 28 de diciembre], que ha asegurado que "hoy mismo" se van a mandar los documentos a la Asamblea para que puedan consultarlos los grupos de la oposición.

Cifuentes ha insistido en que actúa con total "transparencia" y que su Gobierno está colaborando con la Justicia, "mandando la documentación de manera permanente". "Pero entiendo que quieran agarrarse a cualquier cosa para desgastar a mi Gobierno o a mí".

Ha afirmado que no tiene "problema" en ir a la Asamblea "o a donde sea" a dar las explicaciones oportunas. Por el momento, el PSOE ya ha registrado una petición de comparecencia de Cifuentes, entre otras acciones.

Podemos también ha registrado esta mañana también una petición para que Cristina Cifuentes comparezca en el Pleno de la Asamblea y la comisión de Investigación de la Corrupción Política.  A esta última, también Podemos ha demandado que acuda Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.