Política
La presidenta regional, Cristina Cifuentes. EFE/Archivo
Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid
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EFE/Archivo

Podemos estudia una querella por la vía penal contra Cifuentes por mentir

La presidenta madrileña ya tiene una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia por negar a la oposición documentos del Canal de Isabel II y el caso Lezo

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Lun, 15 Ene 2018

“No es la primera vez que Cristina Cifuentes miente, pero sí la primera que tenemos pruebas para demostrarlo”. Así de contundente se ha mostrado en declaraciones a El Plural Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, tras saber que la presidenta madrileña se ha estado escudando durante meses en el secreto de sumario para evitar entregarles documentos sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Podemos se plantea incluso la posibilidad de interponer una querella por la vía penal. Y es que no terminan de creerse la versión de la presidenta, que lleva casi un año amparándose en el secreto sumarial para negar a Podemos información relacionada con las actuaciones de la trama Lezo a través del Canal de Isabel II. 

El gobierno regional rechazó el pasado mes de abril dar respuesta a una Petición de Información hecha por el diputado Eduardo Gutiérrez apoyándose en un informe previo de la abogada jefe de la Consejería de Economía, que sostenía que no se podía facilitar la información solicitada porque tenía carácter reservado al estar afectada por el secreto de sumario.

Podemos solicitó amparo a la Mesa y amplió su petición de información a otras cuestiones relacionadas con supuestas operaciones de la trama Lezo de las que pudo tener conocimiento la Comunidad de Madrid. El Gobierno vuelve a contestar a la comisión de la corrupción de la misma manera, esta vez adjuntando un informe de la Abogacía General, de fecha de 23 de mayo, en el que amplía los argumentos del informe previo. En total, la formación morada ha reclamado casi 80 documentos que han sido vetados de forma sistemática por el ejecutivo regional. Entre otras cosas, han reclamado las actas de las reuniones del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y las deliberaciones del consejo de gobierno que dieron luz verde a las operaciones en Sudamérica y el contrato de compra de la sociedad colombiana Inassa, hecha a través de una empresa pantalla radicada en Panamá.

En todos los casos el gobierno de Cifuentes ha justificado su cerrojazo a la información apelando al carácter reservado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) otorga a la fase de instrucción de un proceso penal.

“En tanto no se decrete la apertura del juicio oral en los procedimientos abiertos en la actualidad, no procede el envío a la Asamblea de informaciones que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la misma atribuye la LECrim en los términos previstos en el presente Dictamen”.

En paralelo, el Gobierno de Cristina Cifuentes se cubre las espaldas enviando el 1 de julio de 2017 al juez instructor del caso Lezo, Fernando Andreu, una petición para que “recabar su autorización” y “solicitar su pronunciamiento sobre la conveniencia o no” de facilitar la documentación a la Asamblea.

Tal y como explicó El Plural, el juez Andreu respondió el 18 de agosto con claridad meridiana. Los documentos de los que hablaba Cifuentes NO forman parte del sumario y, por tanto, él no podía “dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.

Pese a ello, Cifuentes continuó argumentando por escrito que estaba pendiente de la decisión del juez. Lo hizo el 22 de noviembre de 2017 asegurando que “hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Juzgado de Instrucción número 6 a la carta enviada por el Gobierno”. Dos días más tarde el 24 de noviembre volvía a insistir en el carácter reservado de estas informaciones, apelando al criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Todo esto lo decía meses después de haber recibido la respuesta del juez Andreu. Ahora argumenta que se traspapeló y culpa al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, a quien ya ha cesado. La argumentación de Cifuentes ha dejado perplejos a Podemos y PSOE. Coinciden en considerarlo inverosímil. ¿Acaso nadie se molestó en mirar la documentación antes de contestar por escrito con tal contundencia? Ambas formaciones ya han pedido su comparecencia en la Asamblea y, en el caso de la formación morada, lo extienden también a la comisión de investigación de la corrupción.

Demanda ante el TSJ

A falta de saber si finalmente interponen una querella penal, el Gobierno regional sí tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por la demanda puesta por Podemos por este asunto y que fue admitida a trámite el 4 de diciembre de 2017. El diputado Miguel Ongil, en nombre de su Grupo Parlamentario, interpuso el recurso por la vía contenciosa administrativa al entender que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los diputados negándoles la información solicitada.

El procedimiento elegido es el mismo que siguió en Valencia Compromís cuando el gobierno del PP se negó a facilitar contratos de la empresa pública Feria de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en contra del Consell y obligó a la administración a facilitar la documentación solicitada. La formación valenciana acumula ya 14 sentencias del TSJ en este sentido.

El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid de Podemos está dispuesto a ir hasta el final de este asunto y convencido de que la Justicia les dará la razón.

 

Marisu Moreno es subdirectora de elplural.com