Existe en Derecho romano una alocución muy usada en criminalística: Cui prodest? Cuando nos preguntamos retóricamente a quién beneficia un crimen, la respuesta suele llevarnos al principal sospechoso, si no al culpable. De la misma manera que la alegría desmesurada que ha mostrado el Partido Popular con el golpe de muerte que la Audiencia Nacional ha dado a la Comisión de Investigación de la financiación de los populares en el Congreso de los Diputados.
“Una decisión que compartimos”. Así la definió Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del PP -e imputado por el caso de Caja España-, que describió el movimiento como “coherente”. "Esa Comisión no debería haber nacido nunca de esta manera y espero que se cierre cuanto antes", llegó a decir.
En el bando contrario, el presidente de la Comisión de Investigación, el diputado Pedro Quevedo de Nueva Canaria. Él fue el encargado de pedir a la Audiencia Nacional variada información judicial necesaria para los trabajos parlamentarios, que le ha sido rechazada de plano. Hasta el punto de que el propio Quevedo ha señalado que la Comisión se ha quedado “sin gasolina” hasta el punto de que “el trabajo deviene en casi imposible”.
El documento de Quevedo al Tribunal Supremo lo ofrece ahora ELPLURAL.COM. Quevedo también reclamaba sendos informes a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, pero mucho menos que a la Audiencia Nacional, a quien le pedía ocho documentos y sólo se le ha concedido uno.
También merece echar un vistazo al acuerdo de la Audiencia Nacional, por el tono duro del escrito que firman hasta cinco jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal [y ahora volveremos sobre este dato, porque no es baladí].
El texto señala que el acceso a los documentos de la causa está reservado “a las partes personadas” y añade que “en ningún caso cabe confundir las nociones ‘publicidad’ y ‘difusión’, ni al socaire de la publicidad predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales”.
Dicen los jueces de la Audiencia Nacional que con esa información la “presunción de inocencia” de los acusados “podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial”.
Hablemos ahora de los cinco jueces responsables del acuerdo. Sólo uno de ellos se ha opuesto, con un voto particular en el que señala que el Partido Popular no tiene la condición de “acusado penal”. Y además apunta a que los documentos son públicos y que el acceso que se pide no es “indiscriminado”. Se trata del magistrado José Ricardo de Prada, el único de los cinco que no es de carácter conservador y quien apoyó que Mariano Rajoy declarase en la Audiencia Nacional.
Los otros cuatro magistrados son los protagonistas del cambio de última hora en la Audiencia Nacional para dar la vuelta a la sala que juzgará la caja B del Partido Popular, lo que permite especular por dónde irán los tiros en el futuro, y el acuerdo se firma sólo dos días después de semejante revolución. Los firmantes son Ángel Hurtado -presidente del juicio Gürtel que luchó por evitar la citación de Rajoy-, Julio de Diego -el conservador que cambió a última hora su voto para que el presidente del Gobierno fuera citado-, Juan Pablo González -el juez conservador al que se ha extendido su permanencia en la Audiencia y que juzgará la caja B- y la presidenta de la sección, la desconocida María José Rodríguez Duplá, encargada de sustituir a Concepción Espejel y la firmante del golpe judicial de esta semana.
