Detrás de las cifras de afectados por la venta de viviendas sociales en Madrid a los fondos buitres hay familias, con nombres y apellidos, con sus circunstancias personales y, en muchos casos, menores de edad, a las que se amenaza con desahuciarles, saltándose el fin social para el que fueron creados estos inmuebles. El viernes pasado, se conoció la primera sentencia que da la razón a una familia y condena a Fidere-Blackstone.

El Juzgado de Primera Instancia Número 43 de Madrid impidió a la empresa Fidere-Blackstone que desahuciara de una de las viviendas sociales vendidas por el Gobierno de Ana Botella a una familia con una niña de 23 meses. El abogado de los afectados, Mariano Benítez de Lugo, lo consideró “un hito” que podría beneficiar a cientos de familias.

Fidere, otra vez al banquillo
La semana próxima se celebrará otro juicio, tras la demanda de otra familia, que tiene dos hijos, uno de dos años y otro de siete meses. Ella dio a luz dos días después de recibir un burofax de Fidere, en el que se les exigía el desalojo de la vivienda, a pesar de cumplir con los requisitos por los que se le concedió el piso, en 2006, y de estar al corriente del pago de la renta.

Fidere justificó su decisión de no renovar el contrato, a finales de 2016, alegando su deseo de “proceder a realizar obras significativas en la vivienda”. Se trata de un edificio nuevo, construido en 2004, en la calle Lope de Vega, 10, en el barrio de las Letras, una zona del centro de Madrid muy cotizada, en el que un apartamento de un dormitorio puede superar los 1.000 euros al mes.

"Tuve a mi hijo, dos días después del burofax"
La mujer de este matrimonio recuerda el “stress” que vivió a finales del año pasado, cuando estaba embarazada de su segundo hijo. “Recibí el burofax y a los dos días tuve a mi hijo. No fue una noticia agradable y no lo esperábamos porque Fidere había renovado a otros inquilinos”.

El Ayuntamiento de Ana Botella le había dicho que “no íbamos a notar ningún cambio y que a los diez años podríamos ejercer la opción a compra, aunque es cierto que esto estaba recogido de forma ambigua en el contrato”.

“Hemos querido negociar con Fidere, pero no nos da opción. Desde que recibimos el burofax, remitimos cada mes la cuota de la renta al Juzgado, porque la empresa rechaza nuestro dinero. Nunca hemos dejado de pagar en todos estos años”, relata esta afectada.

"No sé dónde matricular a mi hijo"
“Es la primera vez que me enfrento a una situación así, siempre he pagado mis deudas, he cumplido mis requisitos… No lo entiendo”, añade la mujer, que asegura esperar con “nervios” el momento del juicio. “No dormiré los días antes… La incertidumbre es lo peor. He tenido que matricular a mi hijo mayor y no he sabido dónde debía hacerlo”.

El abogado de las familias, Mariano Benítez de Lugo confía que aunque el juicio de la semana próxima será en el Juzgado Número 42, distinto del que falló a favor de los otros inquilinos (Juzgado 43), se dé la misma solución porque “la razón es la misma”.

1.860 viviendas vendidas al fondo buitre

El 24 de julio de 2013, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella anunció que la EMVS había aprobado la venta de 1.860 viviendas a cambio de 125,5 millones de euros. Según denunció la Asociación de Lucha contra la Corrupción (Corruptil), el hijo de Ana Botella y el expresidente Aznar, José María Aznar Botella, era consejero de una empresa que “está directamente relacionada” con Blackstone.

La Cámara de Cuentas vio irregularidades en la venta
El instructor del Juzgado de Instrucción Número 38, Juan Antonio Sáenz de San Pedro,  decretó el cierre provisional del caso, a pesar de un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, que detectó irregularidades en la operación.