Hay mentiras que hacen mucho daño. Hace daño ver la imagen de Maricarmen, una mujer mayor, siendo desahuciada de su casa. Hace casi el mismo daño que una derecha y ultraderecha que miente y sabe que miente. Son ellos, PP y Vox, junto a Junts, quienes votaron en el Congreso de los Diputados en contra del decreto antidesahucios impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, dejando a miles de familias expuestas mientras las comunidades autónomas gobernadas por la derecha continúan boicoteando las soluciones al mayor problema social de España. Detrás de cada cifra hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes, ahogadas por unos alquileres que han alcanzado costes inasumibles.
Feijóo y Abascal sabían perfectamente lo que hacían cuando apretaron el botón rojo en la Cámara Baja. Cuando la derecha y sus socios circunstanciales tumbaron aquella protección social con sus votos negativos, los medios de comunicación y la hemeroteca lo dejaron meridianamente claro: miles de familias vulnerables quedaban expuestas de golpe al riesgo real de ser desahuciadas.
Pero a Feijóo, a Abascal y al propio Puigdemont esas familias no les importaron lo más mínimo. Tenían un único objetivo político obsesivo: desgastar a Pedro Sánchez y culparlo de absolutamente todos los males de este país. Hay que tener muy poca vergüenza política, como demuestra el señor Feijóo, para haber votado en contra de la red de seguridad de los más vulnerables y pretender hoy responsabilizar al presidente del Gobierno cuando el auténtico responsable de la desprotección ha sido él mismo.
Resulta especialmente sangrante el papel de la extrema derecha. Vox se pasa el día llenándose la boca con el concepto de la "prioridad nacional", pero cuando la persona en riesgo es una mujer española de 87 años, la teoría se les cae a pedazos de forma fulminante. ¿Acaso proteger a nuestros mayores golpeados por la especulación y la voracidad inmobiliaria no forma parte de esa prioridad?
Evidentemente, no para ellos. La verdadera y única prioridad de la derecha de Feijóo y de la extrema derecha de Abascal son los millonarios, los grandes tenedores y los ricos. El resto de los españoles no les importa lo más mínimo, a ver si algunos se dan cuenta de una vez. Mientras tanto, miles de jóvenes ven imposible independizarse y emprender un proyecto de vida digno ante unos precios que se han vuelto completamente prohibitivos.
Para orquestar este engaño masivo han contado, además, con la inestimable complicidad y el respaldo de directores de medios y tertulianos de extrema derecha que actúan como altavoces de la propaganda, manipulando los hechos para hacer pasar a los culpables por abanderados de los desahuciados.
Más allá del ruido y de la intoxicación mediática, la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de la ciudadanía, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Pretender que este es un problema exclusivo de nuestro país o que admite recetas mágicas e instantáneas es de un simplismo infantil o de una mala fe supina. Si fuera tan sencillo como aplicar una fórmula simple, bastaría con copiar las soluciones de otros países vecinos; sin embargo, existe un problema severo de vivienda en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. La complejidad del desafío es inmensa y no hay atajos milagrosos.
Frente a esta marea, el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha quedado de brazos cruzados. Se ha adoptado una multitud de medidas, empezando por la aprobación de una Ley de Vivienda que garantiza por primera vez este derecho constitucional, destinando más recursos públicos que nunca, movilizando suelo y buscando soluciones reales desde la responsabilidad institucional. Pero cualquier política estatal choca frontalmente contra un muro competencial clave: las competencias exclusivas en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas.
¿Quiénes son realmente los competentes para buscar y aplicar una solución efectiva en la calle? Las comunidades autónomas. Dirigentes como Ayuso en Madrid, Moreno Bonilla en Andalucía y los demás presidentes del Partido Popular no quieren una solución al problema de la vivienda porque prefieren utilizar la angustia social como un elemento más de erosión contra el presidente del Gobierno. Les interesa alimentar el problema antes que solucionarlo, negándose a aplicar la Ley de Vivienda o a topar los precios del alquiler.
Son precisamente esas comunidades y ayuntamientos gobernados por la derecha donde los precios del alquiler y de la compra se han disparado en los últimos años de manera más desorbitada, asfixiando la economía diaria de las familias de clase media trabajadora. Y, en algunos casos, sus decisiones contribuyeron a agravar el problema, como hizo Ana Botella en Madrid, al malvender bloques enteros de viviendas sociales a un fondo buitre, echando a los inquilinos y triplicando el valor de cada casa.
A la derecha el drama de las familias sin alternativa habitacional jamás le ha preocupado lo más mínimo. Cuando gobernó Rajoy se ejecutaron 400.000 desahucios. Algunos parecen haberlo olvidado con una amnesia selectiva, pero quienes estábamos en el Congreso de los Diputados en aquella época recordamos perfectamente esa cifra escalofriante. Jamás movieron un dedo por los afectados; al contrario, su modelo fue siempre la especulación y el abandono de las familias a su suerte.
El antecedente directo de este modelo de insensibilidad lo encontramos en la época de José María Aznar con la cultura del pelotazo urbanístico. Aquella desregulación salvaje disparó los precios de la vivienda a cotas inalcanzables y terminó abocando a la mayoría de las familias de este país a un endeudamiento insostenible que derivó en la posterior crisis financiera e inmobiliaria. Para el PP y para Vox, todo lo que no sea hacer negocio inmobiliario y garantizar los dividendos de unos pocos no tiene el menor interés público.
¿Se puede hacer más para buscar soluciones al problema de la vivienda? Por supuesto que se puede hacer. Y en ello está ese Gobierno. Con la empatía y la sensibilidad que requiere la gente golpeada por la especulación, hay que poner más recursos y más decisión.
Es legítimo y bonito que los jóvenes salgan hoy a la Puerta del Sol a manifestarse, levanten la voz de forma clara y exijan el cumplimiento efectivo de sus derechos constitucionales. Sin embargo, no conviene ignorar las lecciones de nuestra historia reciente. Ya vivimos una movilización masiva similar durante el fenómeno del 15M, cuyo resultado político inmediato no fue otro que la división de la izquierda. Aquella fragmentación acabó facilitando directamente la llegada y el acceso de la derecha al Gobierno de la nación. Esa trágica paradoja no debe volver a repetirse bajo ningún concepto. Tomemos buena nota y aprendamos de la experiencia.
La vivienda es un asunto demasiado grave, urgente y preocupante como para ser utilizado como arma arrojadiza o para alimentar de nuevo la dispersión de las fuerzas progresistas. Dado que sabemos que con el PP y con Vox no se puede contar para nada que no sea el beneficio privado y el negocio, se hace imprescindible alcanzar un gran acuerdo con el resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario. Es el momento de dejar de lado la demagogia, aprender de los errores del pasado y construir entre todos una solución sólida, pública y valiente que garantice un techo digno para la mayoría de la ciudadanía.
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