Los estudiantes de la Universidad de Málaga están hartos. Hartos de que les digan que todo va bien mientras la realidad se desmorona a su alrededor. Hartos de escuchar a Moreno Bonilla presumir del “éxito” de su gestión mientras la universidad pública pierde recursos, derechos y horizonte. Hartos de un presidente que solo escucha a los lobbies educativos privados y de un consejero —Gómez Villamandos— que lleva meses negando lo evidente y maquillando la situación a conciencia.
Por eso el Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA) ha dado un paso que no se tomaba desde hace años: convocar un paro académico total del 1 al 5 de diciembre. No es una rabieta, es una rebelión. Una respuesta firme al Gobierno de Moreno Bonilla, que está empujando deliberadamente a la universidad pública hacia el precipicio para abrirle el camino al negocio privado.
La semana pasada miles de personas se manifestaron en Madrid en defensa de la universidad pública. Docentes, estudiantes y personal denunciaron lo que muchos ya resumen con una frase que se repite cada vez más: “Hay un plan para destruirla”. La comunidad universitaria madrileña rechaza las políticas de Ayuso, tras dos jornadas de paro que, según los convocantes, fueron un “éxito”, y no descartan una huelga general educativa indefinida. Y no es de extrañar: Ayuso dirige la comunidad que menos invierte en universidad pública de toda España. Y su alumno aventajado es, sin duda, Moreno Bonilla, que sigue su mismo camino impulsando más universidades privadas en esta legislatura que cualquier otra comunidad autónoma.
No es una coincidencia aislada: es un modelo ideológico. La derecha ha descubierto que debilitando la universidad pública se debilita también la capacidad crítica de la sociedad. Por eso replican el mismo patrón en Madrid, en Andalucía y allí donde gobiernan. Lo que ocurre en Madrid no es una excepción: es un laboratorio político. Y Andalucía es, lamentablemente, uno de los más agresivos.
La UMA es hoy el ejemplo más claro de esa estrategia. Está siendo asfixiada económicamente con una planificación premeditada. Es la segunda universidad andaluza peor financiada y la cuarta peor del país. Para la Junta, cada estudiante de la UMA “vale” 6.267 euros: casi 700 euros menos que la media andaluza y 4.572 menos que la universidad pública mejor financiada del país. Esta brecha condena a la UMA a un déficit anual gigantesco que, acumulado hasta 2024, supera los 216 millones de euros. Año tras año, la universidad se hunde un poco más mientras el Gobierno andaluz mira hacia otro lado.
Esta infrafinanciación se palpa en cada rincón del campus: aulas saturadas, laboratorios obsoletos, prácticas sustituidas por vídeos, clases sin material, profesorado exhausto y precarizado, sin opciones reales de estabilización por culpa del plan de ajuste impuesto desde la Junta. La situación ha llegado a tal extremo que hasta el papel escasea. Y no es una exageración: en la Facultad de Derecho, los estudiantes deben llevar sus propios folios para hacer exámenes. ¿Cómo puede presumir la Junta de normalidad cuando ni siquiera garantiza algo tan básico?
Mientras tanto, el consejero Villamandos insiste en que la UMA “no está infrafinanciada”. ¿Cómo llama entonces a todo esto? ¿Un malentendido? ¿Una percepción subjetiva? Su negación permanente no solo es una falta de respeto: es una burla a quienes sostienen día a día la universidad con su trabajo.
A este panorama se añade otro problema que ya es insoportable: los estudiantes no pueden vivir en Málaga. Alquilar una habitación cuesta más de 500 euros de media, y la mayoría de las opciones disponibles compiten por ofrecer las peores condiciones al precio más indecente. El PP sigue sin dar respuesta: ni regulación, ni parque público de vivienda, ni control de precios, ni alternativas reales. Nada. El eslogan de “ciudad de talento” luce muy bien en los folletos turísticos, pero para los jóvenes malagueños la realidad es otra: Málaga se ha convertido en un muro económico que los expulsa.
Estudiar en la UMA se ha convertido en un acto de resistencia. Primero sobrevives a la infrafinanciación; luego, a la precariedad; finalmente, al mercado inmobiliario salvaje que la Junta se niega a ordenar. Así no hay talento que se quede, ni proyecto vital que aguante.
Y por si fuera poco, llega la Ley Universitaria de Andalucía (LUPA) para empeorar todavía más la situación. La Junta la vende como una ley “modernizadora”, pero ni garantiza la financiación suficiente, ni combate la precariedad del profesorado, ni blinda derechos, ni escuchó a los estudiantes cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. El CEUMA recuerda que la mayoría de sus enmiendas fueron ignoradas: blindar la bonificación del 99%, garantizar recursos para el nivel B1 de idiomas, ampliar la representación estudiantil, corregir el desequilibrio del voto, reconocer los Consejos de Estudiantes como órganos colegiados, adaptar el lenguaje legislativo a la LOSU. Todo fue rechazado. Silencio y desprecio.
Y por si aún quedaban dudas sobre la orientación ideológica de la LUPA, ahí está su medida más grave: otorgar a las universidades privadas asiento en el órgano que decide el futuro del sistema público. Es decir, quienes hacen negocio con la educación podrán influir en la planificación de la universidad pública. Una decisión que habla por sí sola. Moreno Bonilla y los suyos conocen perfectamente el significado de la palabra “privatizar”, pero no el de “decencia”.
El consejero Gómez Villamandos es, probablemente, uno de los peores que ha tenido Andalucía. Niega la infrafinanciación, minimiza la fuga del profesorado, impone planes de ajuste y se escuda en un tecnocratismo vacío para justificar recortes. Pero lo más preocupante es su cinismo. Habla de “normalidad financiera” mientras media UMA trabaja con equipamientos obsoletos y contratos temporales. Eso no es normalidad: es abandono. Villamandos no está gestionando una consejería, está haciendo el trabajo sucio de Moreno Bonilla para allanar el camino al negocio privado.
En este contexto, la huelga del CEUMA es un ejemplo de responsabilidad y valentía. Los estudiantes malagueños están demostrando algo esencial: la universidad pública se defiende, no se lamenta.
Quienes hoy se movilizan no están pidiendo privilegios. Están pidiendo futuro. Están pidiendo que estudiar no sea un lujo ni una carrera de obstáculos económicos. Están pidiendo que la Junta deje de convertirlos en clientes para que las universidades privadas puedan engordar beneficios.
La protesta de la UMA es, además, el anticipo de lo que puede ocurrir en toda Andalucía. Las universidades públicas, golpeadas durante años por los recortes del PP, están llegando a un punto de no retorno. Si la Junta no rectifica, dentro de muy poco hablar de educación superior en Andalucía será hablar de tasas prohibitivas, precariedad docente y campus reservados a los hijos de los privilegiados.
Pero los estudiantes malagueños ya han dicho basta. No se resignan. No tienen miedo. Están dispuestos a defender lo que es suyo: una universidad pública, digna, financiada y accesible. Porque el futuro de Andalucía se decide ahora. Y ellos han sido los primeros en alzar la voz.
