La universidad pública se moviliza contra Moreno Bonilla: precariedad, pisos imposibles y grados regalados a lo privado

Moreno Bonilla no soporta a las universidades públicas. Sus más de seis años al frente de la Junta de Andalucía lo demuestran: las asfixia económicamente, precariza a su profesorado y, lo más grave, les arrebata grados estratégicos para regalárselos a universidades privadas recién creadas, sin experiencia ni garantías, pero con fondos de inversión detrás.

La estrategia es clara: debilitar a las instituciones públicas para que florezca un ecosistema de centros privados que convierten la educación en negocio. Lo que debería ser un derecho universal se está transformando en un privilegio reservado a quienes tienen dinero. La consecuencia es evidente: Andalucía se convierte en la comunidad donde más universidades privadas han abierto en los últimos años, mientras las públicas agonizan por falta de recursos.

Pero el ataque no se queda ahí. Moreno Bonilla, además, cierra la puerta de la universidad a miles de jóvenes al permitir que el mercado de la vivienda se dispare sin control. El acceso a un piso de estudiantes se ha convertido en una misión imposible. En 2025, ciudades como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba viven una situación crítica: alquileres desorbitados, residencias saturadas y competencia feroz con los pisos turísticos.

La mayoría de las habitaciones en Málaga supera ya los 500 euros; en Sevilla, la media está en 459. ¿Cómo puede un estudiante de familia trabajadora asumir ese coste, además de la matrícula, el transporte y los materiales? La respuesta es simple: muchos no pueden. Y la Junta no hace nada. El que tenga recursos podrá estudiar. El que no, se quedará fuera. La igualdad de oportunidades, principio esencial de la educación, desaparece.

No es casualidad que Moreno Bonilla inaugurara el curso universitario en la UPO abucheado y saliera por la puerta de atrás. Tampoco que su consejero de Universidades, José Carlos Villamandos —sin duda el peor en la historia de Andalucía—, acumule protestas allá donde va.

En Málaga, centenares de profesores, personal técnico, de gestión y de administración y servicios y estudiantes de la Plataforma UMA por la Pública se concentraron el 23 de septiembre frente a la Facultad de Derecho exigiendo lo básico: financiación suficiente para garantizar una universidad pública y de calidad.

La Universidad de Málaga es hoy la cuarta peor financiada de España. Este abandono provoca despidos, promociones bloqueadas, recortes en investigación y hasta la subida del precio en las cafeterías. Mientras tanto, el consejero presume de destinar 3,8 millones para el profesorado. Una cifra ridícula, equivalente a lo que gasta Moreno Bonilla en pagar vivienda gratis a altos cargos de la Junta. Esa es su escala de prioridades.

La situación se repite en todas las provincias. En Cádiz, la inauguración del curso estuvo marcada por la protesta de interinos y empleadas de limpieza que denunciaban salarios indignos y contratos que rozan la explotación. Algunos cobraban menos de 300 euros al mes. La fuga de talento es inevitable: investigadores premiados rechazan contratos por sueldos de miseria.

En Jaén, la Plataforma Ciudadana por el momento ha aplazado una gran movilización para ver si finalmente la Junta cumple, de una vez por todas, el modelo de financiación pactado. El enfado es generalizado. Y en el Parlamento andaluz, la oposición ya ha pedido abiertamente el cese de Villamandos.

Uno de los episodios más escandalosos lo vivimos con los grados de Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica. La Junta, a través de su agencia de calidad, bloqueó dos veces que Granada y Jaén pudieran impartirlos, mientras autorizaba esas mismas titulaciones a universidades privadas donde estudiar cuesta más de 40.000 euros. Solo la intervención del Gobierno de España ha permitido corregir esta injusticia y garantizar que UGR y UJA puedan ofrecerlas en 2026.

¿Qué modelo defiende Moreno Bonilla? No es la libertad de elección, como repite. Es la mercantilización de la educación, que expulsa a los estudiantes con menos recursos de las carreras de futuro.

Lo que antes eran protestas aisladas hoy se ha convertido en un clamor. La sonrisa impostada de Moreno Bonilla ya no tapa la realidad de seis años y medio de recortes y abandono. Afuera, en cada inauguración, los estudiantes se sientan con pancartas contra la privatización y la infrafinanciación. Adentro, el presidente tiene que huir por la puerta trasera.

La lista de agravios es interminable: Recortes presupuestarios que colocan a la UMA y a otras universidades al borde del colapso. Contratos indignos que condenan a investigadores y personal de limpieza a salarios de miseria. Grados estratégicos bloqueados para lo público y entregados en bandeja a lo privado.

Andalucía lidera hoy la apertura de universidades privadas en España. En Málaga, por ejemplo, este curso arranca la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum, la Universidad Europea y la Utamed. Centros que ofrecen grados a precios imposibles para la mayoría, con cuotas que superan los 8.000 euros anuales. Un estudiante puede acabar pagando 46.000 euros por una carrera que en la pública costaría una fracción.

Moreno Bonilla convierte así el derecho a la educación en un mercado donde quien paga accede y quien no, se queda fuera. Y lo hace debilitando deliberadamente a las universidades públicas para favorecer a estas instituciones privadas, que funcionan como auténticos chiringuitos financiados por fondos de inversión.

El resultado es demoledor: jóvenes andaluces que abandonan sus estudios porque no pueden pagar un alquiler, investigadores que emigran porque aquí se les ofrece precariedad, y familias que asumen deudas imposibles para que sus hijos estudien en centros privados. La universidad pública nació como un ascensor social. Hoy, bajo el gobierno del PP andaluz, se está convirtiendo en un muro que solo pueden saltar quienes tienen dinero.

El mensaje de los estudiantes de la UPO es claro: “La Junta quiere cerrar nuestras universidades y no lo vamos a consentir”. Puede parecer exagerado, pero refleja una verdad incómoda. Cada recorte, cada grado vetado, cada contrato basura, cada alquiler imposible, forma parte de un desmantelamiento silencioso de la universidad pública en Andalucía.

No se trata solo de defender un modelo académico. Se trata de defender la igualdad, el progreso, la investigación, la posibilidad de que un joven de cualquier barrio, pueblo o familia pueda llegar tan lejos como su talento y esfuerzo le permitan.

Andalucía no puede resignarse a ser el laboratorio de la privatización universitaria en España. La universidad pública debe ser el orgullo de nuestra tierra, no la víctima de un presidente que solo piensa en negocios y titulares.