De vez en cuando, surge la polémica de si jueces y fiscales debemos estar en redes sociales, y hasta dónde llega nuestra libertad de expresión. Porque, a diferencia del resto de la ciudadanía, tenemos una norma que nos advierte de algunas cosas que no debemos decir, que complementan la prohibición de pertenecer a partidos políticos y sindicatos que es excepción a la regla general que rige para todo el mundo.

Evidentemente, esto, unido a la sensatez que se nos supone, limita lo que decimos y no decimos, y las redes sociales son una buena muestra de ello. Pero también es cierto que nos pone en una situación de indefensión que es de todo menos justa.

Como quiera que hoy en día todo se cuenta, incluso si es mentira o si es una verdad a medias, y siempre se encuentran adeptos que quieran leer exactamente esas falsedades, la confusión está servida. Se ha instalado la costumbre de tomar una resolución o un dictamen, destriparlo y reinterpretarlo y poner verde a su togada autora o autor sin que pueda defenderse.

No deberíamos perder de vista de que cada cosa tiene su espacio. Cuando alguien resulta perjudicado por una resolución judicial, o por un dictamen fiscal, el lugar natural para defenderse está en los tribunales. Tenemos un garantista régimen de recursos que permite hacerlo y que es el eje del sistema judicial,

Además, no es opaco o no debe serlo. Las resoluciones se transmiten a los medios de comunicación cuando son de interés público o cuando algún medio las solicita, respetando, por supuesto, los límites del secreto de sumario y los que sean preciso para no frustrar el éxito de la investigación o el buen fin de la causa.

Esta, que es la vía adecuada, se ve cada vez más alterada por un camino oblicuo. Quien resulta perjudicado por la resolución en cuestión, y en particular, quienes puedan ser investigados o acusados, salen al balcón de las redes sociales y se ponen a echar pestes sobre quienes les acusan. Y lo hacen sin los filtros que son propios de los medios de comunicación serios, esto es, contrastar las informaciones. Y esta es una práctica especialmente peligrosa cuando los aludidos son “influencers”, “creadores de contenido”, “comunicadores” o como quiera llamarse a quienes utilizan las redes sociales para tratar de vender su versión de las cosas, sea o no sea cierta.

Pero jueces y fiscales no podemos salir a contestar cualquier cosa. Hemos de hacer de Don Tancredo, aunque la supuesta “información” esté plagada de mentiras y medias verdades. Y, o bien aguantar el chaparrón, o bien hacer como si no existiera, con un bloqueo que impide que veamos lo que ocurre, pero no que ocurra.

Piénsenlo la próxima vez que vean que alguien ponga verde a una de nuestras togas.

SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (twitter @gisb_sus)