Pasaba por ahí cuando escuché al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciar con solemnidad la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026. A su lado, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía la medida como un avance incuestionable en derechos sociales, fruto del acuerdo con CCOO y UGT. El mensaje era claro: subir salarios es justicia.

Y, planteado así, suena casi indiscutible.

Pero mientras pasaba por ahí pensé en la otra España. La que no aparece en la escenografía institucional. La de los tres millones de empresas que conforman nuestro tejido productivo, donde la mayoría son microempresas con una media de cuatro empleados. Negocios donde el empresario no es un accionista distante, sino alguien que abre la persiana cada mañana, trabaja junto a su equipo y cuyo beneficio no es una renta del capital, sino, muchas veces, su propio sueldo.

Cuando se sube el SMI, no paga “la empresa” como concepto abstracto. Paga alguien concreto. Y en la pequeña empresa, ese alguien es el titular del negocio. El incremento salarial no es solo el aumento bruto que percibe el trabajador; son también las cotizaciones sociales que lo acompañan. El coste real se multiplica. Y si los ingresos no crecen al mismo ritmo, el ajuste no se hace en una partida invisible: se hace en el bolsillo del empresario.

A esto se suma una variable que rara vez entra en el debate público: el absentismo laboral. En los últimos años, las tasas de incapacidad temporal y ausencias justificadas han aumentado de forma significativa en muchos sectores. Nadie discute el derecho a la baja médica cuando existe una causa real y acreditada. Pero la realidad empresarial es que cada ausencia implica reorganizar turnos, redistribuir cargas de trabajo o contratar sustituciones que incrementan aún más los costes.

En una microempresa de cuatro personas, la baja de una de ellas supone perder el 25% de la plantilla de un día para otro

En una gran compañía, el impacto puede diluirse. En una microempresa de cuatro personas, la baja de una de ellas supone perder el 25% de la plantilla de un día para otro. Si además el coste salarial mínimo se eleva y las cotizaciones crecen, el margen de maniobra se reduce hasta el límite. Y el empresario, que no puede “darse de baja” de su negocio, asume la tensión.

Mientras pasaba por ahí también leí que el siguiente paso será impulsar la llamada “democratización de las empresas”, con mayor presencia de los trabajadores en los consejos de administración. La propuesta, defendida por Yolanda Díaz, apela a una idea de participación que puede resultar atractiva en términos teóricos. Pero conviene volver a la realidad.

¿De qué empresas hablamos? ¿De grandes corporaciones cotizadas o del pequeño comercio de barrio? ¿Participar en las decisiones significa también compartir riesgos? ¿Firmarán los trabajadores los avales personales cuando haya que pedir financiación? ¿Responderán con su patrimonio si el negocio entra en pérdidas?

La empresa no es solo un espacio de reparto de beneficios. Es, sobre todo, un espacio de asunción de riesgos

Porque la empresa no es solo un espacio de reparto de beneficios. Es, sobre todo, un espacio de asunción de riesgos. En miles de pequeñas sociedades, el empresario ha hipotecado su vivienda, ha aportado ahorros personales y ha asumido deudas para mantener la actividad. Cuando hay beneficios, son modestos. Cuando hay pérdidas, son personales.

Y aquí aparece una contradicción que casi nadie menciona. Se incrementan costes laborales por decreto, se elevan cotizaciones, se habla de mayor participación en órganos de decisión, pero no se aborda con la misma intensidad la reducción de cargas administrativas, la simplificación normativa o la contención de la presión fiscal. El empresario no solo paga salarios: paga impuestos, adelanta IVA de facturas no cobradas, soporta inspecciones y asume incertidumbre regulatoria constante.

El debate se plantea como si empresarios y trabajadores fueran bloques enfrentados. Pero en la microempresa española esa separación es ficticia. Comparten espacio, preocupaciones y, muchas veces, destino. Si el negocio cae, no cae una abstracción jurídica: caen empleos reales.

La pregunta de fondo no es si los salarios deben mejorar. Claro que deben hacerlo cuando la economía lo permite. La cuestión es cómo se equilibra esa mejora con la sostenibilidad de quienes generan empleo. Si el coste mínimo supera la productividad inicial de ciertos perfiles, las oportunidades de entrada al mercado laboral se reducen. Si el margen empresarial se estrecha demasiado, el incentivo no es crecer, sino resistir.

Pasaba por ahí y me pregunté algo sencillo: ¿qué se ha creído quien piensa que todas las empresas reparten dividendos abundantes? La mayoría apenas logran cerrar el mes en equilibrio. No tienen consejos de administración; tienen mostradores. No diseñan estrategias financieras complejas; diseñan cómo pagar nóminas puntualmente.

Cualquier reforma que incremente obligaciones sin equilibrar riesgos y costes puede terminar debilitando a las pymes

La justicia social no puede construirse ignorando esta realidad. Subir el SMI puede ser una decisión política legítima. Democratizar la empresa puede ser un debate necesario. Pero cualquier reforma que incremente obligaciones sin equilibrar riesgos y costes puede terminar debilitando precisamente aquello que sostiene el empleo: la pequeña empresa.

Pasaba por ahí y pensé que quizá el debate debería ser más completo. No es trabajadores contra empresarios. Es cómo construir un marco en el que ambos puedan prosperar sin que uno asuma en solitario el peso de todas las decisiones.

Porque si seguimos legislando como si España estuviera compuesta únicamente por grandes corporaciones, olvidando que la mayoría son microempresas que viven al día, el problema no será ideológico. Será estructural. Y entonces ya no discutiremos sobre cuánto sube el salario mínimo, sino sobre cuántos negocios pueden seguir abiertos.