Ya lo dejaron claro las compañías eléctricas, y los caníbales consejos de dirección que las dirigen cuando el suceso de Filomena, este invierno. Durante una nevada histórica, y una bajada brutal de las temperaturas que aisló la capital madrileña, y buena parte de las ciudades españolas adyacentes de Castilla León y la Mancha, ellos decidieron subir desorbitadamente el precio de la energía, condenando a los usuarios al endeudamiento, o a pasar un frío siberiano, inhumano, por la voracidad avariciosa de estas multinacionales. No fue más que la primera avanzadilla, el primer experimento de unas corporaciones que, por mucho que inunden los medios de comunicación de anuncios verdes, comprometidos y ñoños, no ambicionan más que el poder, económico, sobre todo, pero no sólo, a costa de cualquier cosa, aunque sean las vidas o la calidad de vida de los ciudadanos.
Hace unas horas, el infame secretario general del PP, Teodoro García Egea, arremetía contra las ministras Yolanda Díaz y Teresa Ribera por la inmoral subida de la luz. Lo curioso es que, después de echarle en cara el encarecimiento del precio de la factura eléctrica, salía en defensa de las empresas, como el mismo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Cuando Díaz aseguraba, con razón, que los beneficios de las empresas eléctricas, eran “groseros”, le repreguntó que cual era el “beneficio de una empresa para ser grosero”. También aseguraba que las medidas del gobierno para bajar la factura de la luz serían inútiles. Bien lo sabe él y su partido, que están aliados con los poderes del oligopolio energético español, para derrocar al gobierno, generando todo el malestar posible en la ciudadanía. Los intereses están claros, así como la política de juego sucio que mantiene la mal llamada oposición política de nuestro país. A falta de ser una referencia y una opción de gobierno clara, como fueron en otros momentos, se han convertido en los blanqueadores de fuerzas de extrema derecha como VOX, o directamente fascistas como España 2000, con quienes gobiernan en el municipio de Los Santos de la Humosa; partido responsable de la manifestación nazi y homófoba de la semana pasada en la capital, votando en contra de toda la democracia política europea en sus resoluciones contra Hungría, por ejemplo, junto con VOX. No contentos con ello, es evidente que, se frotan las manos con la erosión y el deterioro social que está suponiendo la escalada de precios de las compañías eléctricas en España, que, en vez de moderar y empatizar con la situación socioeconómica que estamos viviendo tras la larga pandemia, quieren seguir enriqueciéndose y, de camino, perjudicar al país para perjudicar al gobierno. Si pensáramos mal, o con nitidez, podríamos deducir que los presidentes de las grandes compañías eléctricas españolas están haciéndole la guerra sucia al gobierno actual, para facilitar la llegada de los que a ellos más les convienen. La subida de la factura energética está encareciendo, además, la producción de industrias y productos de primera necesidad, lo que ha supuesto ya disparar la inflación por encima del 4%. Un ejercicio de cainismo y de imprudencia que lastra la recuperación económica del país que prefieren destruir, antes de que lo gobiernen otros. Este es el sentido de estado de la oposición de nuestra nación, con la connivencia y enriquecimiento carroñero de las empresas energéticas.
No queda ya mucho margen para la maniobra. Los directivos del sector nunca han querido razonar ni negociar, ni sentarse en la silla con el gobierno a tratar de llegar a acuerdos. Es una silla eléctrica en la que pretenden acabar con el ejecutivo actual, mientras se llevan por delante la economía nacional, y las vidas de muchos miles de personas anónimas y de empresas que reconstruyen con su esfuerzo nuestra economía. Las opciones restantes son pocas. La más efectiva sería la intervención inmediata de las empresas, por oligopolio, pues son tres las que se reparten la tarta y se ponen de acuerdo para mantener esta escalada demencial de precios: Endesea, Iberdrola y Naturgy. Un oligopolio que va en contra de las propias leyes nacionales e internacionales de mercado y libre competencia. Que reclamen luego en los tribunales pertinentes, pero así se frenaría en seco, con el control de dichas empresas y la aplicación de justiprecios hasta que entraran en razón. Las otras medidas, que no son excluyentes, como son la denuncia en los tribunales de competencia, la creación de una empresa nacional de la energía-innecesaria si el PP no hubiera vendido a sus colegas la que ya teníamos-, y las demandas por la injerencia en la política y el daño premeditado a la economía del país, serían de tan largo y proceloso recorrido, como inseguro, pues habría que recurrir a los organismos supranacionales y europeos, en vista de cómo los jueces, mayoritariamente, siguen haciendo también guerra sucia al gobierno actual, razón por la que no se renueva, entre otros organismos, el Tribunal Superior de Justicia. Es urgente una medida para esta emergencia de pobreza energética, que está lastrando, ante la alegría de la oposición, en connivencia con el enriquecimiento de las empresas del sector. ¿Qué podrían decir, que es un gobierno socialcomunista? Ya lo dicen. Pero más vale poner remedio ya, cortar por lo sano, no sea que, además de facilitar la llegada de un gobierno reaccionario y fascista, se empiecen a organizar corpúsculos de ciudadanos maltratados, como sucedió con los anarquistas, y comiencen a volar sedes de ciertas empresas…No soy un incendiario ni un vidente. Sólo he estudiado bien nuestra historia y la de la humanidad. Cuando a las personas se las lleva al límite, es muy difícil calibrar las consecuencias…Cuidado