Parece que Andalucía ha terminado aceptando lo inaceptable. Que una persona mayor espere meses para una operación. Que un niño tenga que aguantar semanas para ver a un especialista. Que conseguir una cita con el médico de cabecera se haya convertido en una carrera de obstáculos. Que las Urgencias estén saturadas y los pasillos hospitalarios llenos de pacientes esperando una cama.
Después de casi ocho años de gobierno de Juanma Moreno Bonilla, la pregunta ya no es ideológica ni partidista. Es mucho más incómoda y mucho más humana: si de verdad nos importa la salud de nuestros hijos, de nuestros padres y la nuestra propia, ¿cómo hemos llegado a normalizar el deterioro de la sanidad pública andaluza?
Porque lo que está ocurriendo en Andalucía no es un problema puntual ni una mala racha. Es un deterioro progresivo y constante de uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Y lo más grave es que millones de andaluces lo están viviendo en primera persona cada vez que intentan pedir una cita médica.
Los datos son demoledores. Andalucía lidera actualmente las listas de espera sanitarias de toda España. Más de un millón de andaluces permanecen atrapados en el sistema esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una operación quirúrgica. Son cifras que no hablan solo de números; hablan de personas angustiadas, de enfermedades que empeoran y de familias enteras viviendo con miedo e incertidumbre.
La demora media para una intervención quirúrgica ya alcanza los 173 días, muy por encima de la media nacional. Casi 200.000 personas esperan una operación en Andalucía. Uno de cada cuatro pacientes que están en lista de espera en España vive en esta comunidad. Y mientras tanto, el Gobierno andaluz sigue vendiendo una imagen de normalidad que choca frontalmente con la realidad que sufren miles de familias.
Pero el problema no termina en los quirófanos. Las consultas externas se han convertido en otro cuello de botella insoportable. La espera media para ver a un especialista supera ya los 136 días. En algunas provincias, el colapso ha alcanzado niveles difíciles de creer. En Jaén, por ejemplo, se han denunciado casos de pacientes con citas de Neurología programadas para finales de 2026 pese a haber sido derivadas en 2023. Casi 900 días de espera para una consulta médica.
¿De verdad alguien puede considerar normal semejante situación?
Mientras las listas de espera crecen sin freno, la Atención Primaria se desmorona lentamente. Lo que antes era la puerta de entrada al sistema sanitario y el gran muro de contención de hospitales y Urgencias hoy funciona al límite. Conseguir una cita con el médico de cabecera puede requerir hasta dos semanas de espera, incluso para una consulta telefónica.
La consecuencia es evidente: miles de personas terminan acudiendo directamente a las Urgencias hospitalarias porque en sus centros de salud nadie puede atenderlas a tiempo. El resultado es un colapso permanente que ya forma parte del paisaje cotidiano de muchos hospitales andaluces.
Y todo ello ocurre mientras médicos, enfermeros y personal sanitario trabajan en condiciones cada vez más difíciles. Agendas interminables, consultas masificadas, contratos precarios y falta de refuerzos han convertido el día a día de los profesionales en una auténtica carrera de supervivencia. Muchos sanitarios están abandonando Andalucía para marcharse a otras comunidades o incluso a otros países donde encuentran mejores condiciones laborales y salariales.
Durante años, Moreno Bonilla ha prometido reforzar la Atención Primaria y blindar la sanidad pública. La realidad es muy distinta. Las 8.000 contrataciones anunciadas siguen sin llegar mientras hospitales y centros de salud continúan funcionando bajo mínimos. La sensación de abandono es cada vez mayor entre unos profesionales que sostienen el sistema gracias a un esfuerzo casi heroico.
Las escenas que se están viviendo en algunos hospitales andaluces reflejan hasta qué punto ha empeorado la situación. En el Hospital Clínico de Málaga se han denunciado esperas de hasta 45 horas para conseguir una cama hospitalaria. Pacientes graves retenidos en camillas, hacinados en pasillos y atendidos por plantillas completamente desbordadas.
En el Hospital Costa del Sol, pacientes de edad avanzada han sufrido cancelaciones reiteradas de operaciones sin nueva fecha asignada. Personas de más de 80 años viendo cómo sus cirugías se aplazan indefinidamente mientras su salud empeora y su calidad de vida se deteriora día tras día.
La imagen más cruel del deterioro sanitario ya no son las estadísticas. Son los rostros de quienes esperan en un pasillo. Son las familias desesperadas mirando una pantalla de Urgencias durante horas. Son los hijos intentando encontrar una cita para sus padres y descubriendo que no la hay.
Y mientras la sanidad pública se deteriora, la privada sigue creciendo. Ese es uno de los aspectos más polémicos de la gestión sanitaria de Moreno Bonilla. Millones de euros públicos continúan desviándose a conciertos con clínicas privadas mientras los centros de salud públicos carecen de personal suficiente y los hospitales funcionan al límite de su capacidad.
Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se está construyendo un modelo sanitario a dos velocidades. Uno rápido para quien puede pagar un seguro privado. Otro lento y colapsado para quien depende exclusivamente de la pública.
Hemos llegado incluso a normalizar algo que debería escandalizarnos: que tener dinero pueda marcar la diferencia entre ser atendido rápidamente o pasar meses esperando una prueba médica.
Y, sin embargo, lo más preocupante quizá sea la anestesia social que se ha instalado en Andalucía. La resignación. La sensación de que todo esto es inevitable. Como si el deterioro de la sanidad pública fuera una catástrofe natural y no el resultado de decisiones políticas perfectamente calculadas.
Pero hay episodios recientes que muestran hasta qué punto el sistema está llegando a límites peligrosos. En el Hospital Comarcal de La Axarquía se denunció el uso de reactivos caducados para análisis clínicos, una situación gravísima que ponía en cuestión la fiabilidad de algunos diagnósticos. También se han producido errores escandalosos en campañas de cribado sanitario, llegando a enviarse invitaciones para pruebas de cáncer de cuello de útero a hombres. No son simples anécdotas. Son síntomas de un sistema tensionado hasta el extremo.
Las consecuencias pueden ser dramáticas. Un estudio reciente reveló que Andalucía registró 3.701 muertes más por cáncer de las esperables durante el último sexenio, un incremento relacionado con el descenso en la participación de cribados preventivos y los retrasos diagnósticos. Detrás de cada cifra hay una historia personal. Una familia rota. Un diagnóstico que llegó tarde. Una operación aplazada demasiado tiempo.
Por eso la sanidad pública no puede tratarse como un simple debate ideológico. Es mucho más que eso. Es el único seguro de vida de millones de familias que jamás podrán permitirse pagar un hospital privado. Es la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, habrá un médico para atender a tus hijos o a tus padres cuando lo necesiten. Y eso es precisamente lo que está en juego en Andalucía.
Porque cuando se destruye la Atención Primaria, cuando las listas de espera se disparan y cuando los hospitales colapsan, lo que realmente se rompe no son las estadísticas. Lo que se rompe es la seguridad de las familias.
Quizá el verdadero problema sea que aún no hemos entendido que la sanidad pública no es un lujo ni un gasto prescindible. Es un derecho fundamental. Y también una línea de protección que separa la dignidad del abandono.
El día que alguien a quien queremos necesite una ambulancia que tarda demasiado, una operación urgente que nunca llega o un diagnóstico que se retrasa meses, quizá entonces entendamos el enorme error que supone permitir que la sanidad pública se deteriore mientras miramos hacia otro lado.
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