¿Se acabó impedir el acceso con comida de fuera a los festivales?

Queremos acabar con fraudes masivos. Queremos provocar cambios trascendentales en las relaciones de los consumidores con las empresas para que dejen de cometerse irregularidades con las que inflan sus beneficios de manera ilícita.

Pusimos el punto de partida al final del macrofraude del recargo del equipaje de mano. Ese recargo que ha derivado en una multa del Ministerio de Consumo de cerca de 180 millones de euros como consecuencia de las denuncias que incesantemente estábamos planteando ante distintas administraciones.

Y ahora ponemos el punto de partida también para acabar con el fraude de los festivales y conciertos. Para acabar con esa prohibición de acceder con comida y bebida con el fin de obligarnos a consumir y a comprar a precios infladísimos las que nos venden dentro de sus recintos.

Queremos acabar también con el fraude de las pulseras cashless, de ese mecanismo de pago con el que impiden que podamos hacerlo en efectivo o con nuestra tarjeta de débito o crédito para después quedarse con parte del dinero que sobre, para quedarse con una comisión absolutamente ilícita.

Y para acabar con ese fraude, hemos llevado a una empresa a los tribunales y le hemos ganado: Madrid Salvaje. Una compañía que se dedicaba a cometer esta irregularidad igual que lo hacen multitud, por no decir todas las empresas del sector. Un juez de Valencia le dice que lo que hace es ilícito. Le ordena que no vuelva a hacerlo y es una sentencia que siembra un precedente para poner fin a esas irregularidades en el sector.

Ahora toca que esas otras empresas asuman la ilegalidad de lo que están haciendo pero es bastante previsible que no lo harán. Así que son las administraciones de consumo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy los que tienen que mover ficha, los que tienen que empezar a imponer multas, pero multas de verdad.

Multas millonarias por un fraude millonario. Un fraude que provoca que se multiplique por muchas veces el precio de una entrada ante el hecho de que el consumidor se ve obligado a comprar dentro de un recinto comida y bebida a precio de oro.

No vamos a parar, como no lo hemos hecho en los últimos años, de interponer denuncias y exigir a las autoridades de consumo que cumplan con su obligación y que pongan fin a ese fraude.

Pero por si acaso no lo hacen, tampoco vamos a dudar en emprender nuevas acciones judiciales contra otras empresas del sector que sigan en sus trece de forrarse saltándose la ley.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.