El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto que reconoce por fin a los bomberos forestales el derecho a jubilarse de forma anticipada. Se trata de un paso histórico, largamente reclamado por sindicatos y profesionales del sector, que pone fin a años de discriminación frente a otros colectivos que ya contaban con esta medida. Es, sin duda, un avance en justicia laboral y un reconocimiento a la dureza, el riesgo y la importancia estratégica de una profesión esencial para la seguridad y la lucha contra la emergencia climática.
Este avance del Ejecutivo central marca una diferencia clara con el trato que reciben estos trabajadores en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Mientras el Gobierno de España responde con hechos, hay gobiernos regionales que mantienen a estos profesionales en condiciones laborales precarias, con contratos estacionales, externalizaciones masivas y sueldos indignos. Es una realidad que contrasta con el compromiso demostrado en el Consejo de Ministros, donde se ha aprobado un decreto que por fin equipara a los bomberos forestales con otros cuerpos de riesgo como bomberos urbanos, policías locales o mineros.
El Real Decreto establece un coeficiente reductor del 0,20 para el cálculo de la edad de jubilación. Esto significa que, por cada cinco años trabajados como bombero forestal, se descuenta uno de la edad ordinaria de retiro. Aquellos que acrediten 35 años de servicio, podrán hacerlo incluso seis años antes de lo habitual.
La medida, que entrará en vigor de forma inmediata, se alinea con lo establecido en la legislación vigente desde 2008 para otras profesiones de especial peligrosidad. Como ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta medida no supone ningún privilegio, sino el simple reconocimiento de una realidad laboral extremadamente exigente: “Estos coeficientes se aplican a colectivos con trabajos de especial dureza. Los bomberos forestales se enfrentan a riesgos iguales o mayores, y es lógico que tengan el mismo derecho.”
La jubilación anticipada ha sido una de las grandes reivindicaciones del sector durante más de dos décadas. De hecho, UGT comenzó a demandarlo allá por 2014 y hoy muestra su satisfacción por lo conseguido. Tanto UGT, CCOO y CSIF han celebrado la aprobación del decreto como un hito imprescindible para dignificar una profesión que no solo enfrenta incendios, sino condiciones penosas, jornadas extenuantes y peligros constantes en cada campaña.
Este decreto es fruto del desarrollo de la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, que supuso otro gran avance: por primera vez, se definieron funciones comunes, condiciones mínimas y un marco estatal que permitiera superar la fragmentación autonómica y los modelos híbridos público-privados que han generado una precariedad estructural. Dicha Ley establece un año de transición para poner en marcha los coeficientes reductores. El Gobierno ha cumplido. Sin embargo, las comunidades autónomas aún no han implementado ninguna de las medidas de la citada ley.
El avance conseguido a nivel estatal no se refleja todavía en muchas comunidades autónomas, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular. Castilla y León, Andalucía o Madrid, por citar tres casos significativos, siguen manteniendo modelos de gestión basados en la temporalidad, los recortes y la privatización.
En Castilla y León, gobernada por Mañueco con el apoyo de Vox, miles de personas se manifestaron hace unos días en León para denunciar la situación de los brigadistas. La realidad es alarmante: contratos temporales de apenas unos meses, operativos reducidos y bosques sin cobertura durante gran parte del año. Los sueldos que se pagan a los bomberos forestales son tan bajos que muchos se ven obligados a buscar otros empleos para sobrevivir.
En Andalucía, bajo el mandato de Moreno Bonilla, los sindicatos han denunciado que 2025 ha sido la peor campaña del INFOCA en los últimos 20 años. No se paga antigüedad, hay materiales de protección caducados y, en muchos casos, los trabajadores reciben “bocadillos indignos” durante sus jornadas. Todo esto ocurre mientras los incendios forestales en la región son cada vez más frecuentes y devastadores.
En Madrid, el gobierno de Ayuso ha apostado abiertamente por la externalización. Funciones esenciales han sido entregadas a empresas privadas que, en lugar de priorizar la seguridad y la prevención, buscan maximizar beneficios. Este modelo no solo precariza el empleo, sino que pone en riesgo la eficacia de la lucha contra el fuego.
Los sindicatos han sido claros: el Gobierno central ha cumplido con su parte, pero este avance puede quedarse en papel mojado si las comunidades autónomas no actúan. No basta con reconocer el derecho a jubilarse antes. Es imprescindible garantizar empleo estable, cobertura todo el año, medios suficientes y condiciones dignas de trabajo.
La diferencia política es evidente. Mientras el Ejecutivo de Sánchez refuerza lo público y mejora las condiciones laborales, las comunidades del PP se escudan en la “eficiencia” para justificar recortes y privatizaciones. Pero esa supuesta eficiencia tiene un coste: hectáreas quemadas, pueblos en peligro y vidas humanas en riesgo.
No se trata solo de proteger a los trabajadores, sino de garantizar la seguridad de todos. Los incendios del verano pasado, con miles de hectáreas arrasadas y pueblos enteros al borde de la tragedia, son una advertencia clara: el cambio climático ya no es un futuro posible, es una emergencia presente. Y frente a esa emergencia, solo un sistema público fuerte, estable y profesional puede responder con eficacia.
La diferencia entre los modelos de gestión es, en realidad, una diferencia de visión del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por reforzar lo público, firmando el primer convenio colectivo entre Tragsa, bomberos forestales y agentes medioambientales, con mejoras salariales de hasta el 30%. Ha escuchado a los sindicatos, ha reconocido una reivindicación histórica y ha actuado con justicia.
Por el contrario, las comunidades del PP improvisan, culpan al Gobierno central de su propia inacción y mantienen un sistema precarizado que trata a estos profesionales como mano de obra de temporada.
Como bien lo ha expresado Elma Saiz: “Los duros y dolorosos acontecimientos del pasado verano han evidenciado que un sistema público fuerte es lo que salva, protege y une.” Esa es la clave. Cuando se trata de emergencias, no hay espacio para el cinismo político ni para discursos vacíos. Solo cuentan los hechos.
El decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez salda una deuda histórica y marca un punto de inflexión. Pero también abre un nuevo reto: garantizar que todas las administraciones autonómicas asuman su parte de responsabilidad. Porque cuando hablamos de incendios, de bosques, de seguridad y de vidas humanas, no valen excusas. Lo que está en juego es demasiado importante.
Los bomberos forestales ya tienen reconocido su derecho a jubilarse antes. Ahora falta que las comunidades gobernadas por el PP dejen de incumplir y actúen. Porque cuidar lo público no es un eslogan: es la diferencia entre quien protege a quienes lo protegen… y quien los deja solos frente al fuego.