Los reyes del fraude

Siempre es el día de la marmota cuando se trata de hablar de los reyes del fraude. El sector energético, la banca y las compañías de telecomunicaciones lideran el ranking de las denuncias planteadas por los consumidores en FACUA durante el primer semestre del año. Se reparten los tres primeros puestos pero es raro que alguna vez se bajen del podio.

Aunque sus departamentos de innovación en fraudes nos sorprenden de vez en cuando con alguna ingeniosa novedad, tenemos claramente identificada una larga lista de irregularidades que una y otra vez denunciamos ante las administraciones competentes.

Las denunciamos, según de lo que se trate, ante el Ministerio de Consumo, que ya veremos si sigue existiendo con ese nombre en esta legislatura. Ante el Ministerio de energía, el que durante los últimos años se ha llamado de Transición Ecológica. También ante el Ministerio de Asuntos Económicos, que entre otros asuntos, tiene potestad sancionadora sobre ciertas irregularidades de las compañías de telecomunicaciones… Denunciamos asimismo ante el Banco de España, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ante las autoridades autonómicas competentes en consumo y en energía…

Denunciar, denunciamos a todo el que se mueve (fuera de la ley) ante todos los organismos competentes. El problema es que muchas veces, demasiadas veces, esos organismos no se muestran especialmente competentes.

¿Quiénes son los reyes del fraude? Te contamos qué sectores empresariales reciben más denuncias de los consumidores en @FACUA. Esperemos que la próxima ministra de Consumo (sí, creo que será una mujer) actúe con contundencia para ponerles freno.

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— Rubén Sánchez? (@RubenSanchezTW) July 28, 2023

Desde la callada por respuesta hasta el 'vuelva usted otro día' o 'vaya mejor a los tribunales', pasando por 'no le voy a informar porque es usted solo el denunciante pero no es parte en el procedimiento' y, en el mejor de los casos, una minimulta, un pequeño peaje con el que las grandes empresas que cometen esos abusos asumen que cometer fraudes masivos contra los consumidores es un chollo.

Resulta necesario, sin duda, mejorar el régimen sancionador en la legislación que afecta a los derechos de los consumidores. Pero también resulta necesario que las administraciones y organismos con responsabilidades en el control del mercado tengan al frente a servidores públicos cuya prioridad sea hacer cumplir esas leyes y castigar con dureza a las empresas que se forran saltándoselas. Y para eso es necesario determinar no solo la importancia de la infracción para decidir si ha sido leve, grave o muy grave, sino calcular el beneficio ilícito obtenido con las prácticas ilegales.

La ley general para la defensa de los consumidores permite aplicar sanciones que impliquen hasta ocho veces el importe de ese beneficio ilícito. Pero para hacerlo, hay que tener la determinación de actuar con contundencia y tomarse la molestia de hacer el trabajo de calcular cuánto dinero nos han robado con una práctica ilegal. Un trabajo que merecería la pena. Porque podría ayudar a acabar con ella.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes