Con una tenacidad que sería admirable de no ser por los intereses poco claros que asoman por las rendijas, el PP y sus socios de ultraderecha han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo con idea de revocar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

Ahora, se encuentran a la espera de que el alto tribunal los admita a trámite. Previamente, más allá de la campaña de difamación correspondiente -audios manipulados del policía preso Villarejo mediante- la derecha intentó por tres veces reprobar a Delgado en el Parlamento cuando era ministra de Justicia para tener en cartera ese argumento y utilizarlo si fuera necesario, como es el caso.

¿Por qué tanta saña? Otros fiscales generales como, José Manuel Maza o Consuelo Madrigal no sufrieron tantos reproches. Claro que en ambos casos sus planteamientos eran próximos a los postulados del gobierno de turno, el PP en aquella etapa.

Ocurre que los de Génova se juegan mucho en el horizonte judicial por todas las piezas que les aguardan. Por ejemplo, piezas pendientes del caso Gürtel, los papeles B de Bárcenas o la visita del Papa anterior a Valencia, Benedicto  XVI.  Además, están los casos Púnica, Lezo…Sin olvidarnos de las querellas contra el Gobierno por la gestión de la COVID-19 o incluso el asunto pendiente del Rey emérito.

La derechona parece temer que la Fiscalía aplique criterios que quizás ellos propondrían, de estar en el lugar de Pedro Sánchez. Por tanto, se esfuerzan en conseguir las mejores cartas haciendo lo que sea. No olvidemos que quitaron de en medio al magistrado Baltasar Garzón que destapó el caso Gürtel, (por cierto, con la entusiasta acción del juez Maza que estaba en el Tribunal Supremo), y que no pierden ocasión para descalificar a dos de los magistrados que condenaron al PP nacional por su participación a título lucrativo en la trama que llevó a la cárcel a algunos populares y otros afines. Por cierto, cada vez que pueden niegan esa sentencia.

Dolores Delgado tiene además entre sus obligaciones los nombramientos discrecionales de puestos de la Fiscalía, y es sabido que las asociaciones de fiscales más conservadoras están inquietas por no llevarse el mejor trozo del pastel en el reparto, lo que tampoco es oportuno para los de Pablo Casado. Deberían ser conscientes de que, aunque no tengan costumbre, la Fiscal General del Estado atiende en primer lugar a lo que precisa su importante departamento y se basa para ello en criterios profesionales.También tendrían que pensar en que los tiempos han cambiado y, por decisión de los ciudadanos, al frente del Gobierno hay una coalición progresista poca amiga de ese tipo de apaños. El miedo es muy mal consejero.