La política española ha entrado en una fase de destrucción impulsada por el Partido Popular y alimentada por su socio Vox, donde las reglas del juego democrático se estiran hasta el límite. En los últimos días, estamos asistiendo a un redoble de fuerzas desde la calle Génova con una ofensiva perfectamente coordinada que busca deslegitimar al Gobierno, asfixiar el entorno de Pedro Sánchez y levantar la pantalla de humo perfecta que tape los casos judiciales en los que se encuentra inmerso el Partido Popular. En este escenario de guerra total, las casualidades no existen.
El detonante lo provocó Alberto Núñez Feijóo al acusar al Ejecutivo de diseñar una “ingeniería electoral” mediante la “Ley de Nietos”, asegurando de forma infundada que busca “fabricar” 2,5 millones de nuevos votantes en el extranjero. Isabel Díaz Ayuso no tardó en sumarse a la estrategia sembrando dudas sobre los consulados. Con este discurso deliberado, ambos mimetizan al PP con los postulados más radicales de Vox, convirtiendo a su partido en un ente indistinguible de la extrema derecha. Se trata de una deslegitimación preventiva calcada del manual trumpista: si pierden las próximas elecciones, ya tienen construido el relato del “fraude”.
Esta ruidosa ofensiva deja a las claras dos vertientes. Por un lado, el temor ciego de la derecha a una nueva presidencia de Pedro Sánchez. Por otro, la irresponsable difusión de un pucherazo inexistente.
Nuestro sistema electoral es uno de los más seguros y garantistas del mundo. No depende de algoritmos oscuros, sino de un presidente y dos vocales elegidos por sorteo, vigilados en cada minuto del recuento manual por los interventores y apoderados. Quien escribe estas líneas lo afirma con certeza moral y técnica: en diferentes comicios he desempeñado la labor de apoderado. He visto y contado esos votos y también sé cómo se han custodiado. No existe mayor antídoto contra estos bulos interesados que la propia experiencia vivida en primera línea y hoy compartida.
Lo peor es que este relato rotundamente falso de sospecha permanente está calando hondo. Genera un escepticismo social tan radical que incluso acontecimientos históricos de máxima gravedad internacional, como el tiroteo sufrido por Donald Trump, acaban siendo percibidos más como una simulación electoralista que como una certeza real. Mientras tanto, la ciudadanía de a pie, hastiada por el cuestionamiento del sistema, ha dicho basta. Esta semana, la gente ha salido a la calle manifestándose frente a las puertas de la sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid. El descontento ya no se queda en las redes; toma el espacio público ante lo que se percibe como una intolerable politización de la justicia.
Casi de forma milimétrica, este ataque al censo electoral ha coincidido con dos movimientos clave para asfixiar a Moncloa y proteger a la derecha. Primero, el incomprensible golpe judicial a Begoña Gómez, a quien el juez Peinado deniega retirar el pasaporte temporalmente para asistir a la graduación de su hija en Londres y a la cumbre de la OTAN. Alegando un inverosímil “riesgo de fuga” que roza la persecución psicológica y toma tintes de una fijación desmedida contra la esposa del Presidente del Gobierno.
Segundo, la oportuna decisión del Tribunal Supremo de admitir los recursos del PP contra la regularización migratoria. Al inundar el debate con el fantasma de la inmigración ilegal, las alertas de “pucherazo” y el veto familiar a Begoña Gómez, la derecha consigue su verdadero objetivo: diluir por completo en los informativos los escándalos por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.
Frente a una oposición que utiliza la sospecha de las urnas y el barro institucional ante la ausencia total de alternativas útiles, la respuesta de la ciudadanía -y en especial de la militancia socialista- debe ser la firmeza democrática. No podemos permitir que el trumpismo importado destruya nuestro Estado de derecho. La democracia se defiende desde la movilización, la verdad y la dignidad política. Esa dignidad que se traduce en lo que de verdad nos iguala a todos, sin importar el estatus ni el dinero en la cuenta corriente: el voto.
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