Madrid y Andalucía son hoy las comunidades que menos invierten por habitante en sanidad y educación públicas. Es el resultado de una decisión política sostenida en el tiempo. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla presumen de buena gestión, eficiencia, atracción de inversiones y “libertad”, pero cuando se trata de reforzar los pilares del Estado del bienestar, sus gobiernos lideran el ranking… por la cola.
Esta falta de inversión no es fruto de errores ni de improvisación. Responde a una estrategia deliberada: debilitar lo público, dejar que se deteriore y presentar después la privatización como única salida posible. No es incapacidad, es ideología. Un modelo perfectamente calculado que convierte derechos básicos en oportunidades de negocio.
En Madrid y en Andalucía las recetas cambian de forma, pero no de fondo. Ayuso propone que estudiantes universitarios y personas jubiladas impartan clase en institutos. Moreno Bonilla plantea que los médicos trabajen hasta los 72 años. Medidas distintas, mismo mensaje: no se va a invertir en condiciones laborales dignas ni en planificación a largo plazo. Se opta por estirar la precariedad, abaratar costes y abrir aún más la puerta al sector privado.
El caso madrileño es especialmente revelador. Bajo el pomposo nombre de Plan de Rescate de las Matemáticas, el Gobierno de Ayuso ha propuesto permitir que estudiantes de tercero de carrera —e incluso personas jubiladas— den clase en colegios e institutos públicos. Para hacerlo viable, la presidenta madrileña pidió al Gobierno central que modificara la normativa y eliminara el máster habilitante para ejercer la docencia.
Lejos de “rescatar” nada, la propuesta suponía una degradación directa de la enseñanza pública. Y así lo ha entendido el Gobierno de España, que ha rechazado de plano la iniciativa por considerar que “socava la calidad de la docencia”. Desde Moncloa, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, trasladó al consejero madrileño Emilio Viciana una comparación tan sencilla como demoledora: permitir que estudiantes de tercero den clase sería equivalente a plantear que estudiantes de tercero de Medicina atiendan pacientes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy claro: la formación pedagógica no es un trámite burocrático, sino una garantía de calidad. El máster habilitante dota al profesorado de herramientas didácticas, psicológicas y metodológicas imprescindibles. Prescindir de él no mejora la educación, la empobrece. Y, además, desvía la atención de la verdadera responsabilidad de la Comunidad de Madrid: ofrecer el servicio público educativo en las mejores condiciones posibles.
Porque el diagnóstico de Ayuso es falso. No faltan titulados en Matemáticas; lo que faltan son condiciones dignas para enseñar en la pública. El profesorado madrileño cobra por debajo de la media nacional, pese a vivir en una de las regiones con mayor coste de vida. A ello se suma una burocracia asfixiante, ratios elevadas y una falta de reconocimiento profesional que empuja a muchos docentes a abandonar las aulas o a refugiarse en la enseñanza privada.
En lugar de atraer talento con mejores salarios, estabilidad y recursos, Ayuso opta por abaratar la profesión y devaluar su valor social. El mensaje es devastador: enseñar no requiere preparación ni vocación, basta con “saber la materia”. Así se consolida una idea peligrosa: que la educación pública es un espacio de segunda, donde se improvisa con personal de bajo coste.
El resultado es un sistema educativo cada vez más fracturado. Quienes pueden permitírselo huyen hacia la privada, donde los profesores están mejor pagados y los medios son mayores. Quienes no, quedan atrapados en una pública debilitada. El deterioro genera desconfianza, la desconfianza alimenta la fuga y la fuga justifica nuevos recortes. Un círculo vicioso perfectamente diseñado.
En Andalucía, el guion es el mismo, aunque con otro protagonista. La Junta propone retrasar la jubilación de médicos de familia y pediatras hasta los 72 años para hacer frente a las más de 22.000 jubilaciones previstas en los próximos cinco años. Pero el problema no se resuelve agotando aún más a quienes ya sostienen el sistema, sino haciendo atractivo trabajar en la sanidad pública.
Moreno Bonilla no habla de subir sueldos ni de reforzar plantillas. No plantea incentivos reales para retener talento ni para recuperar a los profesionales que se marcharon. Lo que sí hace es destinar 4.600 millones de euros al sector privado sanitario. Bajo el eufemismo de la “colaboración público-privada”, se esconde un trasvase constante de dinero público hacia empresas privadas.
Las consecuencias ya son visibles: listas de espera interminables, centros de salud sin personal suficiente, urgencias colapsadas. Mientras tanto, las clínicas privadas viven un auge sin precedentes. Cada concierto se vende como una solución temporal, pero lo temporal se convierte en estructural y lo público queda reducido a un papel residual.
En Madrid y en Andalucía se repite el mismo patrón: deteriorar lo público hasta hacerlo inviable y presentar la privatización como única alternativa. Se construye un relato interesado —“no hay médicos”, “no hay profesores”— que oculta las verdaderas causas: sueldos bajos, precariedad, sobrecarga laboral y falta de inversión.
Madrid es una de las regiones más ricas de Europa. Andalucía, la que más fondos europeos recibe. Sin embargo, ambas están a la cola en gasto público en sanidad y educación. No es una cuestión de recursos, sino de prioridades. Mientras se congelan salarios y se recortan plantillas, crecen las rebajas fiscales a las grandes fortunas, el gasto en propaganda institucional y los conciertos con empresas privadas.
Lo que Ayuso y Moreno Bonilla presentan como “modernización” no es más que la vieja receta neoliberal: reducir el papel del Estado, privatizar lo rentable y abandonar lo que no genera beneficios. Las consecuencias se miden en aulas masificadas, docentes desmotivados, médicos exhaustos y ciudadanos resignados.
Defender la sanidad y la educación públicas no es ideología, es puro sentido común. Ningún país próspero ha salido adelante debilitando sus servicios públicos. Invertir en buenos profesores y en buenos médicos no es un gasto: es la mejor política económica y social posible.
Ayuso y Moreno Bonilla saben comunicar, pero no gobernar para todos. Han convertido el desprecio a lo público en bandera, disfrazando de “libertad” lo que en realidad es desigualdad planificada. No faltan profesores ni médicos. Lo que falta es voluntad política para tratarlos con la dignidad que merecen.