El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña. EP.
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Nadie olvida el sonido del agua cuando entra en una casa sin pedir permiso. Ni el olor del humo cuando el monte arde a pocos kilómetros del pueblo. Ni la angustia de mirar al cielo durante meses esperando una lluvia que no llega. Los españoles hemos aprendido, a golpe de tragedia, que el cambio climático no es una hipótesis de laboratorio ni un debate de tertulia: es el barro en Paiporta, es el fuego que devoró en un solo verano cientos de miles de hectáreas, son los embalses convertidos en cicatrices de tierra cuarteada. Es, sobre todo, una cuestión de vida o muerte.
Por eso merece la pena detenerse en un apartado del programa electoral con el que el PSOE concurre a las Elecciones Generales del 29 de noviembre. Se titula "Resiliencia climática", y su punto de partida es tan sencillo como contundente: anticiparse a los fenómenos extremos es la mejor forma de proteger a la población. No se trata de resignarse, sino de estar preparados.
Llegar antes que la catástrofe
La primera lección de la DANA de Valencia fue dolorosamente clara: una alerta que llega tarde no sirve de nada. Cada minuto perdido en la coordinación entre administraciones se pagó en vidas. Frente a eso, el programa socialista propone crear un Centro Estatal de Predicción y Seguimiento de Fenómenos Extremos que integre en un solo lugar la información meteorológica, la hidrológica y la de prevención y extinción de incendios. Que quien tiene que decidir lo sepa todo, y lo sepa a tiempo.
A ello se suma una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, pensada para coordinar la respuesta ante catástrofes en colaboración con las comunidades autónomas. Para que ninguna emergencia vuelva a quedar atrapada en el laberinto de quién debe hacer qué. Y para que los sistemas de alerta temprana de unos y otros hablen el mismo idioma, el programa apuesta por su interoperabilidad, incorporando tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para anticipar riesgos.
Pero la tecnología no basta si detrás no hay personas. Por eso una de las medidas más justas del texto es la creación de un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil y la profesionalización de los servicios de emergencia: equipos permanentes, formación continua, empleo estable y condiciones laborales dignas. Quien se juega la vida por los demás no puede vivir con un contrato de temporada. Lo mismo vale para quienes combaten el fuego: el programa se compromete a incrementar los medios aéreos y terrestres del Estado contra los incendios forestales y a seguir mejorando las condiciones de sus efectivos.
Proteger a los más frágiles
El calor extremo no mata a todos por igual. Mata más a los mayores que viven solos en un cuarto piso sin ascensor, a los niños en aulas que en junio parecen hornos, a los trabajadores que no pueden parar a mediodía. La justicia climática empieza por reconocer esa desigualdad. Por eso el programa propone ampliar la red de refugios climáticos y, sobre todo, impulsar la adaptación de viviendas y equipamientos públicos mediante la rehabilitación energética y el confort térmico en hogares, colegios, centros sanitarios y espacios de trabajo vulnerables.
Y para que nadie quede atrás, plantea un Fondo Nacional de Resiliencia Climática destinado a proteger a las personas, territorios y comunidades más vulnerables, especialmente en las zonas rurales y en el litoral. En esa España olvidada que es la primera en sufrir la sequía, la riada o el temporal.
Todo ello quedaría enmarcado en una Ley de Adaptación al Cambio Climático y en un Plan Nacional de Adaptación reforzado con más recursos y mecanismos de seguimiento, dentro de una propuesta más amplia: un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Porque esta no es una batalla de un partido ni de una legislatura. Es una tarea de país.
El agua, un derecho en la Constitución
Si hay una parte de este apartado que conmueve especialmente es la dedicada al agua. Sequías e inundaciones cada vez más severas amenazan un bien sin el cual no hay vida, ni campo, ni industria. El compromiso es nítido: que el agua llegue a todos los hogares, campos e industrias, con independencia de su renta, su ubicación o su tamaño.
El PSOE propone garantizar el acceso universal al agua potable, con calidad, accesibilidad y asequibilidad, mediante un mínimo vital para los hogares vulnerables. Y va más allá: blindar ese derecho en la Constitución. Pocas cosas dicen tanto de una sociedad como la decisión de que ninguna familia, por pobre que sea, se quede sin abrir el grifo. Elevarlo a rango constitucional es afirmar que el agua no es una mercancía más, sino una condición de la dignidad humana.
La propuesta se acompaña de medidas de gestión que miran al futuro con los pies en el suelo. Una planificación territorial y urbana compatible con el agua realmente disponible, para dejar de construir como si los ríos fueran infinitos. Una Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica que actualice la cartografía de zonas inundables, mejore las alertas, reduzca el consumo, incremente la desalación y la reutilización con energías renovables y digitalice el ciclo integral del agua. Bancos públicos de agua en las confederaciones hidrográficas para prevenir la sobreexplotación y la contaminación de ríos, humedales y acuíferos. Y soluciones basadas en la naturaleza, porque a veces el mejor dique es un bosque de ribera bien cuidado.
Hay también un gesto de respeto hacia el campo: modernizar los regadíos para ganar eficiencia hídrica y energética sin aumentar el consumo total de agua, financiando tecnologías de precisión, renovables y sistemas digitales. Ni demonizar a los agricultores ni hipotecar los acuíferos: hacer las cosas mejor. Y una advertencia oportuna ante la nueva economía digital: los centros de datos deberán funcionar con energías renovables, reutilizar el calor y hacer un uso responsable del agua. El progreso tecnológico no puede secar nuestros pueblos.
Elegir entre negar o proteger
Este 29N no solo elegimos un Gobierno. Elegimos también cómo queremos enfrentarnos a lo que viene. Hay quien niega la evidencia y, cuando llega la catástrofe, solo busca culpables. Y hay quien propone prevenir, coordinar, invertir y cuidar.
La resiliencia climática no es una palabra técnica. Es la abuela que pasa el verano a salvo, el bombero con un empleo digno, el pueblo que recibe la alerta a tiempo, la familia que no teme el recibo del agua. Es, en definitiva, la diferencia entre llorar a nuestros muertos y proteger a nuestros vivos. Y esa diferencia, el 29 de noviembre, también se vota.




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