El precio del sillón: Moreno Bonilla dispara a 314 los altos cargos de la Junta mientras asfixia la sanidad y la educación en Andalucía

Moreno Bonilla llegó al Palacio de San Telmo prometiendo regeneración y austeridad, pero el tiempo ha terminado por desmentir su propio relato. Hoy, su Gobierno bate el récord histórico de la administración autonómica al disparar hasta los 314 altos cargos y puestos directivos designados a dedo. Son 13 puestos más de libre designación que en el Ejecutivo anterior y 47 más que en 2019, lo que supone un incremento de casi el 20% en la cúspide política de la Junta de Andalucía.

Mantener esta descomunal arquitectura burocrática le cuesta a las arcas públicas un sobrecoste superior a los 12 millones de euros al año respecto al inicio de su mandato. Una factura millonaria pagada directamente con los impuestos de los andaluces y andaluzas, mientras las listas de espera en la sanidad pública baten máximos históricos, la dependencia se colapsa, los montes carecen de personal suficiente y las aulas sufren un recorte sistemático de recursos y profesionales.

Para entender cómo la administración autonómica ha alcanzado este volumen de 314 altos cargos, hay que mirar directamente a la trastienda de sus pactos de poder. La creación de nuevas macroconsejerías, direcciones generales y áreas directivas responde, sin disimulo, al peaje político pactado con Vox. La influencia ejercida por el portavoz de la formación de ultraderecha, Manuel Gavira, ha marcado la hoja de ruta institucional, obligando a diseñar dependencias administrativas a la medida de sus exigencias ideológicas y organizativas.

Solo el diseño de esta nueva cúpula institucional para complacer al socio ultraderechista supone un coste directo de 2,5 millones de euros adicionales por legislatura. Frente a este chantaje de puestos y sillones, la pregunta que ronda en la política andaluza es evidente: ¿quién manda realmente en Andalucía? Moreno Bonilla ha demostrado una absoluta falta de valentía para plantar cara y frenar la voracidad burocrática de sus socios. Podría haber dicho que no, haber frenado el gasto o haber mantenido la estructura previa en coherencia con su discurso de contención; sin embargo, prefirió pagar el precio exacto que le exigían para blindar su sillón.

Resulta revelador comparar las decisiones actuales de la Junta con la hegemonía discursiva de la que presumía el presidente en sus inicios. Quienes llegaron agitando la pancarta contra la “administración paralela” y prometiendo desmantelar supuestos “chiringuitos” han acabado registrando la mayor concentración de puestos de confianza en la historia de esta comunidad. La tan cacareada “simplificación burocrática” jamás cruzó las puertas de las altas esferas de San Telmo.

No se trata de caer en demagogia política barata calificando cada cargo público como innecesario, sino de fiscalizar prioridades. Es indignante e indecente que la estructura directiva crezca mientras los servicios públicos caen en picado. ¿Por qué el presidente de la Junta se esconde y no da la cara para explicar a los andaluces por qué hay dinero para 47 altos cargos más, pero no para reforzar los centros de salud ni para climatizar las escuelas públicas?

Mientras el organigrama gubernamental de Moreno Bonilla no deja de expandirse, la sanidad pública andaluza atraviesa su mayor crisis estructural. Con servicios de urgencias masificados, centros de atención primaria bajo mínimos y demoras insufribles para cualquier especialidad, la única política que emana de la Consejería de Salud es la derivación masiva de dinero público hacia la sanidad privada.

El panorama en la educación pública sigue la misma deriva de desmantelamiento. Bajo la coartada de la bajada de la natalidad, la Junta cierra sistemáticamente cientos de aulas de educación infantil y primaria por todo el territorio autonómico. En lugar de aprovechar la coyuntura para bajar las ratios, mejorar la calidad de la enseñanza y reforzar los recursos de Atención a la Diversidad, el Gobierno andaluz opta por el recorte duro mientras engorda los presupuestos de sus altos mandos.

A esta estampa se suma la parálisis de la atención a la dependencia. Miles de andaluces vulnerables y sus familias sufren esperas que superan con creces los plazos marcados por la ley, soportando demoras de más de un año para recibir una valoración que, en demasiados casos, llega cuando la persona dependiente ya ha fallecido.

El deterioro no solo afecta a los grandes pilares del bienestar social; alcanza a parcelas esenciales para la vertebración y la seguridad de nuestro territorio, como el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales. Los bomberos forestales del INFOCA acumulan años de reivindicaciones exigiendo la cobertura total de vacantes durante los 12 meses del año, la estabilización de sus plantillas y la modernización de los equipos de protección para poder afrontar los incendios voraces derivados de la emergencia climática.

El presupuesto que la Junta malgasta únicamente en sostener la ampliación de la cúpula política daría para financiar dotaciones completas de bomberos forestales en el monte andaluz. Permitiría contratar a decenas de médicos de familia para el entorno rural, incorporar trabajadores sociales para desbloquear las listas de la dependencia o garantizar la contratación de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los colegios públicos para atender a los niños con necesidades especiales.

La hoja de ruta presupuestaria trazada por Moreno Bonilla no deja espacio a la duda: se ha priorizado garantizar el acomodo de la estructura política y el pago de facturas partidistas por encima de mejorar la vida de los andaluces.

El balance de esta etapa de gobierno deja una Andalucía dividida a dos velocidades radicalmente opuestas. Por un lado, habita una cúpula política blindada en sus privilegios, con 314 altos cargos de libre designación, sueldos inflados y un presupuesto récord asignado a su mantenimiento. Por el otro lado, está la Andalucía real: una ciudadanía que sufre el deterioro progresivo de sus hospitales, la pérdida de aulas en la escuela pública, la desprotección de sus montes y la parálisis administrativa de las ayudas sociales.

La incapacidad manifiesta de Moreno Bonilla para decir “no” a las exigencias burocráticas de la ultraderecha desmiente de raíz su pretendida imagen de gestor moderado. La prioridad de su Ejecutivo autonómico nunca ha sido la excelencia ni el fortalecimiento de los servicios públicos, sino perpetuarse en el poder mediante el pago sistemático de peajes políticos.