A veces los números marean. Cinco mil quinientos millones de euros parecen una cifra abstracta, una más de esas cantidades que se repiten en debates parlamentarios. Pero que, cuando se aterriza, son recursos que se traducen en quirófanos, profesores, viviendas, bomberos forestales o plazas de Formación Profesional. Entonces la cifra adquiere su verdadero significado. Y emerge con claridad lo que de verdad ha ocurrido: el PP ha vuelto a votar en contra de mejorar la vida de millones de españoles.
PP, Vox y Junts han bloqueado en el Congreso la senda de déficit propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese “no” representa un bloqueo que impide que las comunidades autónomas dispongan de 5.500 millones adicionales para reforzar sanidad, educación, dependencia, vivienda y prevención de incendios. Cinco mil quinientos millones que se esfuman por una decisión consciente, coordinada y calculada. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué?
No estamos ante una discusión presupuestaria sin consecuencias. Lo que está en juego es el funcionamiento de los servicios públicos de los que depende la mayoría social. Los hospitales no se mantienen solos. Las listas de espera no se reducen por arte de magia. Las aulas no se descongestionan sin inversión. La dependencia no mejora con discursos. La vivienda pública no aparece sin recursos.
El PP intenta vender su rechazo como “oposición al Gobierno”. Pero esa excusa se derrumba en cuanto se mira el destino del dinero. Si estos 5.500 millones hubieran sido para una nueva rebaja fiscal dirigida a patrimonios millonarios, bancos o grandes eléctricas, nadie duda de cuál habría sido su voto. Pero como el dinero iba a hospitales, a aulas, a servicios sociales, a la Ley de Dependencia, a becas, a políticas de vivienda y a prevención de incendios… Feijóo volvió a decir “no”. Siempre que se trata de algo que beneficia a la mayoría, el PP vota en contra.
La senda de déficit permitía a las comunidades situar su margen fiscal en el 0,1% para 2026, 2027 y 2028. Ese margen equivalía a casi 5.500 millones. Y la distribución es inequívoca: Madrid deja de recibir 1.088 millones. Cataluña, 1.038 millones. Andalucía, 731 millones. La Comunidad Valenciana, 509 millones. Galicia, 280 millones. Y así, una por una, todas las comunidades autónomas.
Lo más sorprendente —o quizá lo más revelador— es que varios de los territorios más perjudicados están gobernados por el propio PP. Los presidentes autonómicos han tenido que aceptar la instrucción de Génova: votar en contra de que sus propios ciudadanos reciban más recursos. La lealtad a Feijóo ha pesado más que la lealtad a sus territorios. Sin ese dinero, las comunidades renuncian a inversiones urgentes que afectan de manera directa a la vida de la gente.
En sanidad, la falta de recursos hará más difícil ampliar quirófanos y consultas, reforzar la atención primaria, recuperar programas de cribado, contratar más personal o modernizar equipos. Todo ello en un momento en el que las listas de espera vuelven a dispararse en muchas comunidades —varias de ellas gobernadas por el PP—.
En educación, el bloqueo implica renunciar a nuevas plazas de Formación Profesional, a reducir ratios, a ampliar becas, a modernizar centros o a impulsar educación temprana de calidad. En regiones como Madrid o Andalucía, donde miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza de FP, el impacto es especialmente lesivo.
En dependencia, supone retrasar la incorporación de personal, ralentizar la ampliación de servicios y obstaculizar el apoyo a familias vulnerables, mayores y personas con discapacidad.
En vivienda, supone frenar la construcción de vivienda pública, bloquear rehabilitaciones de edificios y limitar programas que permiten a miles de jóvenes acceder a un hogar digno. En plena crisis de precios del alquiler, es un golpe directo a quienes más lo necesitan.
En prevención de incendios, deja a comunidades como Extremadura sin capacidad para reforzar dispositivos que son vitales en un país cada vez más expuesto a incendios devastadores.
Todo ello tiene consecuencias concretas. Andalucía podría mejorar cribados oncológicos; Madrid podría evitar que miles de jóvenes se queden sin plaza de FP; la Comunidad Valenciana podría acelerar reconstrucciones tras la DANA; Galicia podría reforzar la dependencia; Extremadura podría blindar la lucha contra incendios. Pero el PP ha decidido impedirlo.
La votación del Congreso no fue un episodio aislado. Revela algo más profundo: que existe un bloque político que se activa de manera automática para frenar cualquier avance social. PP, Vox y Junts, tres partidos con discursos muy distintos, pero que coinciden siempre cuando hay que bloquear medidas que refuerzan el Estado del bienestar.
El caso de Junts es especialmente llamativo: su voto ha dejado sin más de mil millones a Cataluña, la misma comunidad cuyos servicios públicos dicen defender. Solo desde la lógica de la confrontación permanente se explica una decisión así.
Feijóo, por su parte, ha renunciado al centro político. Se ha entregado a una competición con Vox para liderar la oposición más radical posible. Ese es el motivo por el cual votan sistemáticamente contra todo lo que beneficia a la mayoría: contra la subida de pensiones, contra el salario mínimo, contra el aumento de becas, contra la mejora de la dependencia, contra el control de abusos en el alquiler, contra contratar más personal sanitario, contra reducir listas de espera… La lista es interminable.
También votaron contra la condonación parcial de la deuda autonómica —más de 83.000 millones— y contra las entregas a cuenta que suponían otros 10.000 millones para las comunidades. Cuando se trata de mejorar la vida de la mayoría, el PP siempre encuentra un pretexto para votar en contra.
Frente a este bloqueo sistemático, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una línea clara: invertir en las personas, reforzar servicios públicos, fortalecer el Estado del bienestar y garantizar igualdad de oportunidades.
Este Gobierno ha transferido a las comunidades 935.000 millones desde el inicio de la legislatura; 300.000 millones más que el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Eso es sentido de Estado. Lo demás es ruido.
Mientras tanto, la derecha finge no recordar el legado de Montoro, que ahogó a comunidades y ayuntamientos durante años. Curiosamente, nadie en el PP menciona ya su nombre. Será porque sus recortes no encajan con el discurso que ahora intentan vender.
Al final, la pregunta sigue en el aire, nítida, sencilla, inevitable: ¿Qué es lo que no le gusta al señor Feijóo? ¿Que haya más médicos? ¿Que mejore la atención primaria? ¿Que se contraten más docentes? ¿Que se bajen ratios en las aulas? ¿Que se refuerce la dependencia? ¿Que los jóvenes tengan más acceso a la vivienda? ¿O simplemente le molesta que estas mejoras las impulse un Gobierno progresista?
Lo ocurrido en el Congreso no es un desacuerdo técnico. Es una declaración política. PP, Vox y Junts han elegido la confrontación incluso a costa de los servicios públicos que sostienen a millones de españoles.
El Gobierno, en cambio, mantiene un modelo que invierte, que protege, que piensa en el bienestar colectivo. Hay dos caminos, dos modelos de país, y una evidencia incontestable: una vez más, la derecha ha elegido el que menos beneficia a la mayoría.