Los dos alcaldes y una alcaldesa de las tres ciudades afectadas por esta futura línea de Alta Velocidad, Sevilla (José Luis Sanz, PP); Huelva (Pilar Miranda, PP) y Faro (Rogério Bacalhau, Partido Social Demócrata, reelegido para su tercer mandato en 2021, donde obtuvo mayoría absoluta) se han sentado en torno a una mesa y reafirmado en su exigencia de que España y Portugal acuerden definitivamente la construcción de esta infraestructura.

Lo hacen agarrándose al clavo ardiendo de lo señalado en la agenda de la 35ª Cumbre Luso-Española, celebrada en Faro el pasado 23 de octubre, donde se incluyó este tema en su punto 48º: “se acuerda la realización de estudios de flujos de movilidad y análisis de coste-beneficio para la conexión Faro-Huelva". Que es como no decir nada, pero a las primeras autoridades municipales les sirve para seguir la reivindicación.

Lo curioso es que, mira qué casualidad, ese mismo día el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó de la aprobación definitiva del Estudio Informativo para esta misma línea, así como su expediente de información pública y audiencia, "un hito fundamental para poder iniciar los trámites para licitar la redacción del proyecto". La futura línea permitirá conectar ambas ciudades en tren en 26 minutos, distantes 93 kilómetros.

Pero quedan muchas dudas que resolver. Por ejemplo, cuando se termine la conexión AVE Madrid - Lisboa (2034 es la fecha estimada para la finalización total del proyecto), Portugal tendrá que decidir si apuesta por la conexión Norte, vía Vigo - Oporto; o por la conexión sur, Sevilla -Faro. O tal vez no apueste por ninguna y no quiera más AVEs. La única garantía es ese punto 48 ya mencionado. Si el país vecino no se decide hay que preguntarse si merece la pena ejecutar la obra nacional, entre ambas capitales; o apostar por lanzaderas que usen la vía actual, como ya señaló en abril pasado el propio ministro Óscar Puente.

Más cuestiones en el horizonte: Nada se dice sobre si habrá doble vía o no, o si el ancho será Internacional o Ibérico. Tampoco se dice nada de cómo quedará la actual vía y cuál será la situación de los numerosos pueblos que atraviesa. Igualmente, el Gobierno dice que la nueva infraestructura podría facilitar el tráfico de mercancías, pero no aclara nada más, a pesar de que es un tema importante, dado que el puerto de Huelva necesita imperiosamente esa salida ferroviaria.

En cuanto a los plazos de ejecución de las obras, en Huelva trabajan, oficialmente, con el año 2034, pero, en el fondo, saben que es imposible, por mucho que se aceleren los proyectos y las obras posteriores. Lo primero será ver cuándo saldrán a licitación las obras y, a partir de ahí, habrá que hacer una previsión, que bien podría irse a 2050, según algunas fuentes.

Hay que tener en cuenta que esta infraestructura supondrá renovar más de la mitad de la vía actual, especialmente en el tramo Sevilla - La Palma del Condado, con tramos complicados y sujetos a tensiones sociales. Igualmente, habrá que preguntarse qué ocurrirá con los servicios de Cercanías C-5 de Sevilla, que usa más de 30 kilómetros de esta línea y empieza a ser usada por muchos ciudadanos, pues une parte de la populosa comarca del Aljarafe con la capital, con estaciones en Santa Justa o el Hospital Virgen del Rocío, entre otras.

La maniobra política de Madrid de quitar importancia a la reunión de los alcaldes de las tres ciudades afectadas, sacando su nota oficial el mismo día, resulta algo infantil, para los tiempos que corren. Huelva se merece que le hablen claro y que sus gobernantes locales y provinciales asuman la realidad y no la reinventen a su acomodo.

De momento, Adelante Andalucía ha sostenido que “entendemos que se quiera el AVE, pero el AVE no es lo que necesita la provincia”. “Para nosotros se trata más de titulares y de propaganda que de pensar en las necesidades que tiene la provincia de Huelva en comunicarse”. Palabras de la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora.