Cinco meses después del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, miles de mujeres siguen esperando respuestas. Quieren saber qué falló. Quién tomó las decisiones. Por qué se retrasaron pruebas esenciales. Y, sobre todo, por qué algunas mujeres murieron sin que nadie asumiera responsabilidades. La Asociación de Mujeres Andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama) ha denunciado incluso fallecimientos vinculados a esos retrasos. Pero en el discurso institucional del pasado 28F no hubo lágrimas para ellas. No hubo autocrítica. No hubo el más mínimo gesto claro de empatía por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Ayer mismo, Moreno Bonilla llegó a afirmar que hay que “tomarse en serio los cribados de cáncer”. No se puede ser más hipócrita, por decirlo de forma moderada. Desde el PSOE-A le han respondido señalando que ha sido su gestión la que ha debilitado la detección precoz en Andalucía y denuncian que el deterioro de la sanidad pública ha provocado diagnósticos tardíos con graves consecuencias para muchas mujeres.
El problema no es solo técnico. Es moral. Cuando una mujer espera meses para una mamografía que puede detectar un tumor a tiempo, no hablamos de estadísticas. Hablamos de miedo. De noches sin dormir. De hijos que preguntan. De familias pendientes de una llamada que no llega.
El escándalo de los cribados no fue un error menor. Fue un fallo estructural que afectó a miles de mujeres. Pruebas que no se activaron. Seguimientos que no se hicieron. Diagnósticos que se retrasaron. Cinco meses después, la Junta no ha ofrecido una explicación clara y convincente. Y eso erosiona la confianza en el sistema público.
Pero el problema va mucho más allá. Andalucía, con Moreno Bonilla, encabeza hoy las listas de espera más altas de España. Más de 200.000 personas esperan una intervención quirúrgica. Más de 850.000 aguardan una consulta con un especialista. En varias provincias, la demora media para operarse supera los 160 días. Son cifras oficiales.
Detrás de esos números hay historias concretas. Una mujer de 47 años, vecina de Estepona, ha estado un año esperando una operación de riñón en el Hospital Costa del Sol. Un año entrando y saliendo de urgencias. Un año con dolor intenso. Un año viviendo con una bolsa de drenaje. Los médicos ya han advertido que el problema puede afectar a ambos riñones. El tiempo no es neutro. El tiempo empeora los diagnósticos.
No es un caso aislado. Hemos conocido retrasos en biopsias de páncreas con sospecha de tumor. Jóvenes con tumores cerebrales esperando meses para una intervención. Pacientes con patologías graves atrapados en una burocracia que habla de “priorización” mientras la enfermedad avanza.
La diputada socialista Ángeles Férriz ha contado recientemente que esperó 26 meses para una gastroscopia con biopsia. Dos años y dos meses para descartar enfermedades graves como el cáncer. El 5 de enero de 2024 acudió a su médico de cabecera. Tardaron 20 días en darle cita. Después, 18 meses para ver al especialista digestivo. Y ocho meses más para la prueba definitiva. Veintiséis meses en total.
Lo más revelador de su testimonio no fue la crítica política. Fue que dejó claro que el trato de los profesionales fue impecable: médicos, enfermeras, celadores. El problema no son ellos. El problema es acceder al sistema.
En sanidad, cada mes cuenta. Cada semana puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno agresivo. Entre una recuperación completa y una secuela permanente. Entre la vida y la muerte.
Mientras tanto, el Gobierno de Moreno Bonilla ha destinado más de 4.000 millones de euros a conciertos con la sanidad privada en los últimos años. Dinero público que no se ha traducido en plantillas estructurales más amplias ni en más camas estables. El debate no es solo cuánto se gasta. Es en qué se gasta.
La Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema, tarda en muchos distritos más de diez días en dar cita con el médico de cabecera. Cuando la prevención se retrasa, los hospitales reciben pacientes más graves. Y cuando los hospitales ya están saturados, el círculo se cierra.
Tras quince días para ver a tu médico de familia, meses para ver al especialista y más meses para las pruebas, te llaman para operarte y te dicen que tiene que ser en la privada si no quieres esperar más. Y en la privada también están recortando anestesistas, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Así lo han denunciado recientemente cuatro anestesistas, que aseguran que varios hospitales privados de Sevilla redujeron el número de especialistas en sus quirófanos.
Andalucía cuenta con 3,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a 3,7 de media nacional. En hospitales hay 1,73 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras la media española es 2,23. En enfermería, la comunidad se sitúa en torno a 4 profesionales por cada 1.000 habitantes, también por debajo de la media. Los sindicatos estiman que faltarían más de 18.000 profesionales para equipararse al promedio estatal.
Ese déficit no es una abstracción. Significa agendas saturadas. Guardias interminables. Contratos temporales. Fuga de profesionales hacia otras comunidades o hacia la privada. Y significa pacientes esperando.
Un millón de andaluces está pendiente de alguna prestación sanitaria. Una de cada tres personas en lista quirúrgica lleva más de seis meses esperando. En enfermedades tiempo-dependientes, eso es una eternidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía registra 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. En 2025 fallecieron 75.686 personas, un 3,11% más que el año anterior. La esperanza de vida ronda los 82 años, aproximadamente un año menos que la media española.
Nadie puede afirmar que cada fallecimiento tenga una causa directa en una decisión concreta. La salud depende de muchos factores. Pero el funcionamiento del sistema sanitario influye en tres fases clave: prevención, diagnóstico precoz y continuidad asistencial. Si esas tres fases fallan de forma sostenida, las estadísticas acaban reflejándolo.
Andalucía supera la media estatal en cinco de las seis principales causas de muerte: cáncer, infarto, ictus, insuficiencia cardiaca y suicidio. En patologías como el infarto o el ictus, cada minuto cuenta. Si el sistema tarda en detectar o intervenir, el pronóstico empeora. Por eso el debate no es ideológico. Es estructural. Un sistema ágil salva vidas. Un sistema tensionado incrementa riesgos.
Gobernar es decidir. Y en la Andalucía de Moreno Bonilla se ha decidido priorizar conciertos mientras la red pública sigue con déficit estructural de profesionales. Se ha decidido normalizar demoras que hace años habrían sido inaceptables. Se ha decidido asumir que quien puede pagar un seguro privado salga antes y quien no puede, espere.
Moreno Bonilla puede hacer todos los discursos demagógicos que quiera. Pero mientras haya mujeres esperando meses para una prueba oncológica, mientras haya pacientes aguardando años para descartar un cáncer, mientras alguien soporte un año de dolor esperando una operación, ese discurso pierde credibilidad.
Una sanidad que llega tarde no es una sanidad digna. Y un gobierno que no muestra la misma sensibilidad ante el sufrimiento silencioso de las salas de espera que ante el de los actos institucionales ha perdido algo esencial: el pulso moral de lo público. Las listas de espera no son números. Tienen nombre. Tienen rostro. Y, a veces, tienen un final irreversible.