Moreno Bonilla también recibe críticas por los comedores escolares. EP
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Si la semana pasada abordábamos el caótico inicio de curso en Andalucía —sumido en un evidente desastre organizativo y de infraestructuras—, hoy la indignación de la comunidad educativa se traslada de las aulas a las mesas. El problema de los comedores escolares no es una cifra abstracta ni una discusión técnica sobre pliegos administrativos; es la dramática e indignante realidad de un niño andaluz frente a un plato de “pisto sin pisto” o de una pequeña que encuentra larvas en su ración de arroz integral. Hablamos de un servicio público esencial que trasciende la mera prestación alimentaria: es indispensable para la conciliación de miles de familias, es la garantía de nutrición básica para la infancia vulnerada y es un pilar de la igualdad de oportunidades.
El Gobierno de Moreno Bonilla tiene las competencias en materia educativa y de servicios complementarios. Sin embargo, en lugar de aportar soluciones a un problema recurrente que afecta diariamente a más de 200.000 menores, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha consolidado un patrón nefasto: encarecer la factura que pagan las familias mientras se acumulan denuncias sobre la calidad y cantidad de los alimentos servidos por algunas empresas adjudicatarias.
La excusa de la falta de recursos económicos salta por los aires cuando se comprueba el orden de prioridades del Gobierno autonómico. Para los colegios públicos hay austeridad, raciones escasas y comida industrial recalentada; para los banquetes de la jet set a los pies de la Giralda de Sevilla, la Junta de Andalucía no escatima a la hora de financiar comilonas VIP con el dinero de los impuestos de todos los andaluces.
El mapa del despropósito discurre de Córdoba a Cádiz. Las denuncias que se acumulan en distintas provincias andaluzas durante este arranque de curso dibujan un retrato desolador de la sensibilidad social del Gobierno de Moreno Bonilla. En Córdoba, la queja de las familias se ha vuelto viral tras difundirse las imágenes de una bandeja de pisto destinada a 15 alumnos que contenía apenas dos cucharadas de verdura flotando en caldo, dejando a los niños perplejos tras haber comido “una comida rarísima, un huevo cocido con líquido rojo”. Mientras la Junta responde abriendo un expediente informativo a la empresa, los padres comprueban con impotencia cómo los menús no cumplen con los mínimos nutricionales ni en cantidad ni en calidad.
En el CEIP Tínar de Albolote (Granada), una familia denunció el hallazgo de larvas en un plato de arroz integral servido a una alumna. La trazabilidad de la empresa señaló que el alimento se había cocinado cuatro días antes en una cocina central de Málaga para ser servido noventa kilómetros más allá. Este episodio vuelve a poner bajo el foco el modelo de línea fría, basado en la elaboración centralizada y el posterior transporte y regeneración de los alimentos que el Gobierno de Moreno Bonilla ha extendido por toda la región.
Un modelo respaldado por las propias cifras oficiales de la Consejería de Desarrollo Educativo: la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) gestiona 1.446 comedores contratados con empresas de restauración colectiva, de los cuales solo 194 elaboran actualmente los menús in situ. Si sumamos los 314 comedores de gestión directa, la realidad es que apenas 508 centros de toda Andalucía cocinan en sus propias instalaciones. Más del 70% de las escuelas andaluzas dependen de la comida transportada y empaquetada en plástico.
En Málaga, la Federación Democrática de AMPAs acumula correos y mensajes de padres preocupados por la deficiente calidad de los productos y unas raciones claramente insuficientes para niños en edad de crecimiento. Mientras tanto, en Cádiz, colegios como el CEIP Mediterráneo de Algeciras o los centros Los Molinos y Nuestra Señora de la Oliva en Vejer se han visto obligados a recurrir al catering externo ante la falta de una plantilla estable de cocineros y auxiliares. A la privatización masiva impulsada por Moreno Bonilla se le une la falta deliberada de cobertura de vacantes en el servicio público: la Junta deja morir las cocinas propias al no cubrir las plazas del personal laboral, forzando a los centros a abrazar el catering. Niños que estaban acostumbrados a la cocina in situ ven ahora cómo sus platos llegan sosos o insípidos, y según relatan algunas familias, vuelven a casa con hambre porque rechazan la comida que se les sirve.
Lejos de corregir este deterioro, la gestión de Moreno Bonilla ha castigado directamente los bolsillos de las clases medias y trabajadoras. Desde que el Partido Popular gobierna la Junta de Andalucía, la tarifa diaria del comedor escolar ha aumentado más de un 21% respecto a 2021, alcanzando ya una cifra superior a los 5,54 euros por alumno y día. Pero además ese sobrecoste no se refleja en una mejora de la materia prima o en un mayor control sobre las concesiones.
Frente a las protestas de las familias y las denuncias de las AMPAs, la respuesta del Ejecutivo andaluz sigue un guion burocrático repetitivo: abrir expedientes informativos que, para las familias afectadas, llegan después de que el problema ya haya alcanzado el plato de sus hijos y sin que se traduzcan en sanciones ejemplares ni en la rescisión de contratos a las contratas reincidentes. Moreno Bonilla prefiere proteger el modelo de negocio de las multinacionales de catering antes que apostar por la reapertura de las cocinas en los propios centros escolares, desoyendo así la petición unánime de las AMPAs
La falta de recursos para mejorar los comedores escolares se desmiente de forma categórica al observar la política de representación institucional de la Junta. Recientemente, una gala privada celebrada a los pies de la Giralda de Sevilla ha destapado el profundo clasismo del Gobierno de Moreno Bonilla. Un evento exclusivo patrocinado con 36.000 euros de dinero público abonados mediante contratos menores a dedo entre el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) y la Consejería de Turismo de la Junta.
Resulta especialmente sangrante la participación de Vox en este reparto de fondos públicos. La formación de ultraderecha, que gestiona la cartera de Turismo y que prometió en campaña acabar con los “chiringuitos” y el “gasto superfluo” no dudó en estampar su firma para autorizar una partida de 14.900 euros del erario público destinada a subvencionar el banquete para la élite y la aristocracia.
El contraste entre ambas realidades expone una indigestión ética insostenible. Por un lado, un padre o una madre andaluza apretándose el cinturón para pagar más de 5,50 euros diarios por alumno con la angustia de saber que sus hijos comen raciones escasas o comida procesada. Por el otro, dirigentes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense sonriendo en photocalls, rodeados de jet set y respaldando banquetes pagados con los impuestos de esas mismas familias trabajadoras.
Esta asimetría demuestra que para la administración de Moreno Bonilla la austeridad y los recortes son la norma cuando se trata de educación pública y servicios esenciales. En cambio, para el boato y el agasajo a los sectores privilegiados, las arcas públicas no tienen límite. Los niños andaluces tienen derecho a comer con dignidad, con alimentos frescos, locales y bien elaborados en sus colegios. Moreno Bonilla no puede seguir eludiendo el foco ni parapetándose tras las contratas: es el máximo responsable político de lo que llega al plato de nuestros hijos y debe dar respuestas inmediatas.
