Javier Milei acaba de fijar el salario mínimo en Argentina en 219 euros al mes. Sí, 219 euros. Y lo ha hecho incluso por debajo de los 229 euros que estaban dispuestos a pagar los empresarios. Pero hay un dato más estremecedor. Una familia argentina de cuatro miembros necesitó en julio unos 404 euros al mes solamente para cubrir la alimentación básica y no caer en la indigencia. Para cubrir todas sus necesidades básicas, la cantidad ascendió a unos 895 euros. Es decir, el salario mínimo fijado por Milei no alcanza ni para el 55% de la alimentación básica de una familia tipo. Son cifras que cualquier trabajador español puede entender y que deberían hacerle reflexionar antes de votar a quienes consideran a Milei un referente político.
Cuando hablamos de pesos argentinos, muchas de estas cifras pueden resultar lejanas. En euros, sin embargo, el problema se entiende mejor: 219 euros de salario mínimo, unos 404 euros para cubrir la alimentación básica de una familia de cuatro personas y alrededor de 895 euros para superar el umbral de pobreza. No se trata de una discusión abstracta sobre macroeconomía, sino de cuánto dinero recibe una persona por trabajar y qué puede comprar con él.
Y aquí aparece la pregunta que deberían hacerse muchos trabajadores españoles que tienen pensado votar al Partido Popular o a Vox: ¿esto es lo que quieren para nuestro país?
No estoy diciendo que Feijóo sea Milei. No lo es. Tampoco que Abascal haya anunciado que pretende establecer en España un salario mínimo de 219 euros. No sería serio afirmarlo. Pero sí creo que los trabajadores tienen derecho a mirar lo que está ocurriendo en aquellos países y con aquellos dirigentes que determinados sectores de la derecha española consideran referentes.
Y Milei es uno de esos referentes. Abascal ha mostrado públicamente su cercanía con el presidente argentino y lo ha definido como un referente internacional. Feijóo tampoco ha sido ajeno a reivindicar el giro político experimentado en Argentina. Por eso resulta legítimo mirar hacia allí y preguntarse qué ocurre cuando determinadas recetas económicas se llevan hasta sus últimas consecuencias.
No es necesario cruzar el Atlántico para detectar la amenaza de recortes en la red de protección laboral. Sin ir más lejos, Feijóo acaba de plantear que se permita a las mutuas patronales y entidades privadas dar altas médicas en procesos de baja por enfermedad común. Un planteamiento que externaliza la gestión de la salud laboral hacia aseguradoras privadas, recortando competencias a la sanidad pública y poniendo en sospecha la presunción de enfermedad del trabajador para reducir costes empresariales. Es la misma filosofía que subyace en el modelo ultra de Milei.
El salario mínimo no es una cifra que solamente aparezca en una estadística. Es el suelo sobre el que se construye la vida de muchas personas: el dinero con el que se paga el alquiler, la comida, la electricidad, el transporte o los gastos de los hijos. Cuando ese suelo pierde poder adquisitivo, las consecuencias llegan directamente a las familias y terminan afectando también al consumo y a la economía.
Eso deberían entenderlo aquellos trabajadores que votan contra sus propios intereses convencidos de que las políticas de la derecha siempre benefician a quien trabaja. No es así. Hay políticas económicas que consideran los salarios fundamentalmente un coste que debe reducirse para aumentar la competitividad empresarial. El problema es que detrás de ese “coste laboral” hay personas que trabajan, madrugan, pagan impuestos y sostienen a sus familias.
Y aquí resulta inevitable recordar a Mariano Rajoy, porque durante su Gobierno se congeló el salario mínimo y la reforma laboral del PP en 2012 amplió la capacidad empresarial para modificar condiciones laborales y salariales. Aquellas medidas se defendieron como necesarias para recuperar competitividad y crear empleo.
La pregunta es siempre la misma: ¿competitividad para quién? Existe una manera de hacer competitiva una economía invirtiendo en educación, investigación, innovación, tecnología y productividad como hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Y existe otra que consiste en intentar competir pagando menos a quien trabaja que es la que siempre defiende la derecha.
Argentina debería servir de advertencia. Según Chequeado, el salario mínimo ha perdido un 39,7% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, el último mes antes de la llegada de Milei al Gobierno. Es decir, no estamos hablando solamente de cuánto dice una nómina, sino de cuánto puede comprar esa nómina. Un salario puede subir nominalmente y, sin embargo, un trabajador puede ser cada vez más pobre si los precios suben mucho más deprisa.
Por eso, antes de votar, cualquier trabajador debería mirar más allá de los discursos. Debería mirar su nómina, su contrato, su jornada, sus derechos, su pensión futura, el precio de la vivienda y el coste de la cesta de la compra. Y preguntarse quién está defendiendo realmente sus intereses.
Y aquí aparece la comparación que probablemente más incomode a la derecha española: Pedro Sánchez. El presidente al que el Partido Popular y Vox presentan desde hace años como responsable de todos los males de España ha impulsado una política salarial radicalmente diferente. Cuando Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el salario mínimo estaba en 735 euros mensuales. En 2026 se sitúa en 1.221 euros en 14 pagas: 486 euros más al mes y un incremento del 66%.
Y no se ha quedado ahí. La reforma laboral impulsada por su Gobierno redujo drásticamente la temporalidad y reforzó el contrato indefinido como fórmula ordinaria de contratación. Resulta difícil sostener que su política laboral ha sido contraria a los trabajadores cuando el salario mínimo ha pasado de 735 a 1.221 euros y millones de trabajadores han visto reforzada su estabilidad laboral.
Por eso, a los trabajadores que estén pensando votar al PP o a Vox les pediría algo muy sencillo: que miren lo que están haciendo aquellos dirigentes que sus líderes consideran referentes y los que ya anticipan en sus propios programas, como desproteger al enfermo retirando la tutela del médico de cabecera en favor de las mutuas. Que miren Argentina, que miren los salarios, que miren el precio de la comida y que miren lo que puede comprar un trabajador con su nómina. Y después, que decidan libremente.
Porque las consecuencias de las políticas económicas llegan todos los meses a casa, en forma de nómina, alquiler, cesta de la compra, factura de la luz, contrato laboral o pensión. Y si algo está demostrando Milei es que detrás de determinadas proclamas sobre la libertad económica puede haber también un trabajador cobrando 219 euros al mes mientras una familia necesita unos 404 euros solo para cubrir su alimentación básica.
Quizá ha llegado el momento de que algunos trabajadores españoles empiecen a preguntarse quién defiende mejor sus intereses. Porque al final de la política no están los discursos, sino la vida. Y entre un salario mínimo de 219 euros y uno de 1.221 euros hay una diferencia demasiado grande como para que cualquier trabajador pueda permitirse no mirar.
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