Estimada señora Presidenta, cada noticia de la reunión del pasado lunes 2 en una sala del Senado, es peor que la anterior. Que la llamada Red política de los valores haya organizado su IV Cumbre Transatlántica, una confabulación de personas de la derecha extrema mundial con el objetivo de acabar, entre otros, con el derecho de las mujeres a la maternidad libre y deseada, no es un asunto menor. Que ello haya ocurrido en el Senado tampoco lo es; hay que cuidar a quién se le presta la casa de todas y todos.

Llevamos dos días asombradas, preocupadas por este nuevo embate a un derecho tan fundamental para nuestras vidas, que con el nacimiento de nuestros hijos e hijas ya nunca serán iguales.

Nos preguntamos extrañadas: ¿qué pretenden estas gentes, la maternidad obligatoria? ¿Y como cuánto de obligación, cinco criaturas, nueve, doce?, ¿Dónde está el límite? Porque la paternidad funciona de otro modo, sabemos que se elige, no está tan lejos cuando no se reconocía a las hijas e hijos tenidos fuera del matrimonio…

Mire, doña María José Sáenz de Buruaga, nosotras sabemos que durante la dictadura de Franco no era legal abortar pero que se hacía: las pudientes en las clínicas privadas de Santander o en Londres y las demás ayudadas por las buenas vecinas con conocimientos de parteras. Y con los primeros gobiernos democráticos la lucha incansable de todas logró la primera ley de aborto, incompleta, en tres supuestos: peligro para la salud de la madre, para el feto o haber sido concebido por violación denunciada. ¡Violación! ¿Quién se atrevía en los años 80 a denunciar una violación?

Hemos seguido luchando por mejorar este derecho hasta conseguir una ley de plazos que respete la dignidad de las mujeres y nos hemos puesto frente a quienes han pretendido arrebatárnoslo, como el señor Ruiz Gallardón. La movilización de la mayoría de las mujeres de nuestro país en lo que llamamos El tren de la libertad le hizo desistir de sus propósitos e incluso de la actividad política.

A este estupor que le decimos, presidenta, ha contribuido el conocer que un alto cargo de su Gobierno, el Director general de Innovación, Desarrollo tecnológico y Emprendimiento industrial, Javier Puente Redondo, ha sido anfitrión de este despropósito. Que este señor sea ultracatólico o tenga cualquier otra creencia solo le incumbe a él pero que por ello pretenda acabar con los derechos de más de la mitad de nuestro país, nosotras las mujeres, es intolerable. Si no sabe dimitir céselo, por la salud de todas.