Bien, casi al final de su mandato, se propone sustanciar un asunto que siempre ha estado pidiendo a gritos la sufrida y pagana ciudadanía: limitar las obscenas cantidades que los altos cargos reciben de cajas, bancos y sociedades de inversión. A partir de aprobarse la nueva norma (en trámite parlamentario), que ya se contemplaba en la Ley de Economía Sostenible, ningún cargo de caja de ahorro, bancos o sociedades de inversión podrá cobrar en “variable” sin la autorización expresa del Banco de España y en ningún caso en entidades que hayan recibido dinero público para salir adelante.

Se acabó el “caso Blesa”, el amiguísimo de Aznar que se lo llevó crudo de Caja Madrid (utilizando también dinero de esa caja a la que dejó moribunda) durante catorce años y encima tenía la cara de cera de querer repartirse más dinero después de “muerto”.

¿Por qué no está procesado un tipo de esta calaña?, se pregunta la opinión pública y hasta la publicada. Así se podría hacer, además de justicia, ejemplo.

Sentido común
El Gobierno ha tardado mucho tiempo en regular un asunto que abre “per se” las carnes de las clases pobres, las clases medias, el sentido común y el estado de necesidad económica que padecemos ya desde hace cuatro años. Incluso un conservador como Nicolás Sarkozy anunció medidas muy duras para evitar ese trasiego innoble, injusto y avaro de los altos ejecutivos, sobre todo, si se trata de empresas públicas, parapúblicas o semipúblicas.

Es unas de las reivindicaciones claves del movimiento 15M. Un asunto que permite levantarse en armas contra esos sinvergüenzas que nos llenan los oidos de monsergas sobre el déficit mientras ponen sus huchas a buen recaudo.

Hay voces que intentan justificar estos “bonus” sobre la base de que en lo “privado” no se puede entrar al tratarse de un lugar sacrosanto de la propiedad intocable. ¡Mentira! Se puede hacer sencillamente vía impuestos. Punto. Es otro de los puntos negros del zapaterismo: mucho predicar para luego ni siquiera atreverse desde la izquierda a subir un punto en la fiscalidad de la sicav. Y qué decir de esas cantidades que se reparten las grandes empresas. O esos fondos de pensiones que se aseguran en cantidades perseguibles de oficio…

Cajas de ahorro
Especialmente significativo en España es el tema “cajas”. La patronal CECA trata por todos los medios de doblar el espinazo de la vicepresidenta Salgado para que haga una interpretación laxa del Decreto que impide repartir “bonus” a los ejecutivos de las cajas de ahorro con han percibido ayudas del FROB, es decir, dinero público. Tienen el rostro de insistir en ese capítulo cuando la mayor parte de ellas, es decir, todas menos La Caixa, tiene más agujeros que un queso de gruyere.

El paradigmático caso Arribas
En algunas de ellas se dan casos de auténtica corrupción perseguible penalmente al haberse aprovechado de los cargos institucionales para el beneficio personal. Como botón esta muestra un escándalo de mucha actualidad. José María Arribas, acaba de presentar su dimisión en CAJA BURGOS, sin explicar muy bien por qué huye despavorido. Resulta que, al parecer, tiene créditos personales de la propia entidad que presidió durante años y, en cualquier caso, recibió dos préstamos de 2,4 millones de euros de los que se hizo cargo Caja Navarra–a la que se sumó en el proceso de integración en Banca Cívica- que han sido denunciados por los propios partidos políticos navarros bajo una sospecha y un tufo incontenible.

Silencio de Intereconomía
Pues bien, este caso que es paradigmático en ese proceder generalizado en las cajas de ahorro que es de dominio público permanece en la penumbra. Y es curioso como en el Grupo Intereconomía, tan dado a ir de campeadores contra la corrupción socialista, ni han tocado este asunto, pese a que el caso también ha sido denunciado por el PPN. ¿Misterio? La hija de la segunda mujer de Arribas trabaja en ese medio. Es sólo un ejemplo.

Graciano Palomo es periodista y escritor, director de FUNDALIA y editor de IBERCAMPUS.ES