El injustificable error de Moreno Bonilla sobre el cáncer perjudica a las mujeres y favorece la privatización sanitaria del PP

Ha pasado más de una semana desde que estalló uno de los escándalos sanitarios más graves en la historia reciente de Andalucía y del conjunto de España: más de 2.000 mujeres que participaron en los programas públicos de cribado de cáncer de mama no fueron informadas de que sus mamografías presentaban resultados sospechosos. Nadie ha dimitido. Nadie ha asumido responsabilidades. Y lo más indignante: nadie parece dispuesto a hacerlo. ¿Hasta cuándo, señor Moreno Bonilla?

En cualquier otro país europeo, una negligencia de esta magnitud habría provocado ceses inmediatos, dimisiones en cadena, comparecencias públicas, peticiones de perdón. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a cesar a su consejera de Salud? ¿Va a presentar su dimisión? ¿O simplemente se va a limitar a decir que lo lamenta y que no va a volver a ocurrir? ¿Es que no sabe usted que los recortes en sanidad matan?

El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es probable que Moreno Bonilla luzca el lazo rosa en algún acto oficial. Un lazo que, en su caso, debería ser negro, porque ese gesto, en este contexto, solo puede interpretarse como una muestra de cinismo político. La misma administración que hoy promueve campañas de prevención es la que dejó sin respuesta a miles de mujeres. Mujeres que confiaron en el sistema público, que creyeron en la importancia del diagnóstico precoz, y que hoy, enfrentan diagnósticos tardíos, tratamientos más agresivos y, en muchos casos, pronósticos sombríos.

En plena tormenta mediática, el PP andaluz se permitió publicar en sus redes sociales un mensaje triunfalista: “Andalucía cuadruplica su inversión en infraestructuras sanitarias”. Lo hizo justo cuando se conocía que miles de pruebas médicas no fueron comunicadas a las pacientes. ¿Qué mayor desprecio puede haber que disfrazar una tragedia humana con propaganda institucional? Es una maniobra que solo aumenta la indignación de las familias afectadas y del conjunto de la ciudadanía.

Las declaraciones de Moreno Bonilla y de su consejera, Rocío Hernández, han oscilado entre el desconcierto, la negación y la insensibilidad. Alegan no haber sabido nada, cuando los datos eran públicos y estaban disponibles. Andalucía es la comunidad con menos radiólogos por habitante de España: 7,2 por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 9,15. A pesar de ello, no se reforzó el personal, ni se dotaron los centros de diagnóstico con medios suficientes. ¿De verdad pretende Moreno Bonilla hacernos creer que no lo sabía?

En 2023, un informe oficial de la Consejería de Salud ya advertía que la tasa de mortalidad por cáncer de mama superior en Andalucía era superior a la media española y seguía aumentando. Se señalaban claramente deficiencias en el diagnóstico temprano como una de las causas. Y aún así, no se tomaron medidas. No se revisaron protocolos, ni se actualizaron listas de espera. Se dejó pasar el tiempo… y con él, vidas que podían haberse salvado. ¿Esto tampoco lo sabía Moreno Bonilla?

La portavoz socialista de salud en el Parlamento andaluz, María Angeles Prieto, ha señalado que el presidente y su consejera intentan ocultar el incumplimiento del protocolo vigente de detección precoz, que marca un máximo de 30 días para confirmar o descartar un cáncer. ¿Te haces una mamografía y, ante la sospecha de un tumor, la confirmación tarda meses? Entre las afectadas hay al menos 40 mujeres diagnosticas de cáncer que no lo sabían y no han podido iniciar un tratamiento a tiempo.

Cuando el sistema público falla, el miedo se convierte en negocio. Muchas mujeres, tras este escándalo, dejarán de confiar en la sanidad pública y buscarán alternativas privadas. Así funciona el círculo perfecto del desmantelamiento: se recorta, se colapsa, se desprestigia… y se externaliza. No es un accidente. No es un error puntual. Es un modelo político deliberado, que se aplica bajo promesas de eficiencia, pero que erosiona el acceso universal a la salud.

El caso del cribado de cáncer de mama es el ejemplo más claro del colapso de la sanidad pública andaluza. Recortes de personal, desvío masivo de fondos a clínicas privadas y listas de espera sin precedentes que conviven con un modelo de gestión incapaz de garantizar que ni siquiera los procesos preferentes funcionen.

Cada año, el programa andaluz de detección precoz atiende a medio millón de mujeres entre 50 y 69 años. El protocolo de 2002 establece que todas deben ser notificadas del resultado, positivos o negativos. Pero el Servicio Andaluz de Salud ha incumplido sistemáticamente esa obligación. Y lo ha hecho sin control, sin seguimiento y sin rendición de cuentas.

Más grave aún fue la explicación ofrecida por Moreno Bonilla: “No se avisaba para no generar ansiedad”. Una frase que pasará a la historia como una de las más irresponsables pronunciadas por un cargo público. No informar a una mujer de que podría tener cáncer no es protegerla, es condenarla. Al silencio, a la angustia, a la enfermedad… y en algunos casos, a la muerte.

Este no es un debate técnico ni un fallo informático. Detrás de cada número hay una historia real. Como la de Ana, que pasó más de tres meses sin saber que su mamografía ya mostraba signos de cáncer en ambos pechos. O la de María, que esperó dos años para una ecografía que confirmó lo peor. Son solo dos nombres, pero hay más de 2.000 historias como estas. Mujeres que confiaron en un sistema que les falló por completo.

La organización de consumidores FACUA lo ha dicho sin rodeos: “Estamos ante el mayor escándalo sanitario en Andalucía en toda la democracia”. Aún así, nadie ha dimitido. El PSOE andaluz ha pedido la comparecencia urgente del presidente y el cese inmediato de la consejera. Los sindicatos sanitarios y las mareas blancas exigen responsabilidades. Pero desde San Telmo solo se escuchan excusas. Se culpa a la burocracia, a los procedimientos, al personal técnico… como si todo eso no fuera consecuencia directa de una política de recortes y privatización impulsada desde la Junta.

Ante este escándalo la ciudadanía debe tomar la palabra. Es el momento de salir a la calle a defender la sanidad pública, a exigir explicaciones, a reclamar justicia para las mujeres afectadas. Porque lo que está ocurriendo en Andalucía no es una excepción: es el resultado de una política sistemática de desmantelamiento.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias para investigar los errores del programa de cribado tras una denuncia de El Defensor del Paciente. También el Defensor del Pueblo Andaluz y el Ministerio de Sanidad han iniciado investigaciones y reclamado informes a la Junta. Hoy miércoles, a las 19:00, hay convocada una concentración ciudadana frente al SAS en Sevilla bajo el lema: “Nuestra vida no puede esperar”.

Andalucía no puede seguir soportando este nivel de destrozo institucional. Porque si hoy han sido miles de mujeres ignoradas en sus diagnósticos, mañana puede ser tu madre, tu padre, tus hijos… o tú. Lo que está en juego no es solo un modelo sanitario. Es el derecho a vivir sin miedo, con dignidad y con garantías. La sanidad pública no es un privilegio ni una limosna. Es un derecho conquistado que solo se mantiene vivo si se defiende.

Y si no lo hacemos ahora, mañana ya será demasiado tarde. Porque cuando los derechos se abandonan, siempre hay alguien dispuesto a convertirlos en negocio. Y esta vez, el precio lo están pagando miles de mujeres con su salud y, en muchos casos, con su vida.