¿Independencia o prevaricación judicial?

¿Está la independencia judicial hoy en riesgo en España? Esta pregunta recorre nuestro país habitualmente enarbolada por la derecha lanzándosela a la cabeza al Gobierno progresista. Hoy la respuesta de cualquier ciudadano se reducirá a una palabra: “depende”. Dependerá de la credibilidad que se otorgue a la frase “nosotros controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás”. Dependerá de lo atento que se esté al clamor social y mediático que denuncia falta de pruebas en la condena del Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo. ¿Acaso cabe cuestionar la independencia e imparcialidad judicial por el exquisito y cálido trato otorgado a Cospedal y Rajoy en el juicio de la Kitchen? ¿Está la independencia del juez Peinado en riesgo cuando ha entrado hasta en la cocina de la Moncloa para recabar testimonio del Ministro de Justicia y siguen en curso sus insólitas e inauditas causas contra la esposa y el hermano del presidente?

¿Independencia o prevaricación judicial? Esa es la pregunta que se hacen, como mínimo, la mitad de los españoles. Si alguien atribuye al Gobierno acoso contra la independencia judicial curiosas maneras las de este Gobierno – como mínimo estériles – de conculcar la independencia de determinados jueces y magistrados que se pasean ufanamente, sin traba ni impedimento, por Moncloa y Ferraz.

Afortunadamente, la derecha se pavonea y exhibe una reluciente e impoluta independencia judicial en otras muchas causas que nos han acompañado durante los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando Rajoy - Bárcenas dixit - recibía cajas de puros llenas de billetes de comisiones ilegales procedentes de obra pública. O cuando grabaciones que todos hemos escuchado ilustran sobre cómo Cospedal alentaba a las cloacas del Estado a destruir pruebas en las investigaciones judiciales por financiación ilegal del PP. O en la nonata investigación a la pareja de Ayuso por enriquecimiento obsceno a través de una empresa que contrata millonadas con la Comunidad de Madrid. O, muy recientemente, cuando Feijoo anuncia la imputación de Zapatero una semana antes de que suceda.

Sin duda, ejemplos que demuestran la prístina e inmaculada garantía de la independencia judicial porque en todos estos casos, como resulta evidente e incontestable, ni existió ni existe tráfico de influencias, revelación de secretos, cohecho, prevaricación u organización criminal.

Como constitucionalista de profesión, estoy obligado a creer en las instituciones de mi país y a pregonar en las aulas la pulcritud del orden constitucional y del Estado de Derecho. Pero resulta difícil desconocer el sentir contrario de lo que piensan la mayoría de los españoles.

De lo que no cabe ninguna duda y resulta incontestable es de que si algo o alguien amenaza la independencia judicial en España no es el actual Gobierno que apuesta, sin más, por el impulso y la modernización de la Justicia en España.

Una Justicia que emana del pueblo, que sirve al pueblo y que debe pensar y sentir como el pueblo; sin ínfulas clasistas ni elitistas, sin altanería ni soberbia ni arrogancia. Lograr que jueces y magistrados piensen y sientan como el pueblo es una meta indeclinable de nuestro sistema constitucional por lo que los representantes del pueblo nunca renunciaremos - ni podemos ni debemos hacerlo - a erigir un modelo de Administración de Justicia democrático cuyos integrantes no estén condicionados por la falta de igualdad de oportunidades derivada de su extracción social y en cuya cúspide siempre se situará un órgano de gobierno de elección parlamentaria que insufle en la Justicia pluralidad y sensibilidad social.

Artemi Rallo es Portavoz socialista en la Comisión Constitucional y Catedrático de Derecho Constitucional