A principios de febrero pasado la vicepresidenta Montero y candidata socialista a la Junta de Andalucía afirmó sin reparos que el ilegal Hotel Algarrobico, construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Carboneras, Almería, sería derribado como máximo, en 5 meses. Falso, porque ahí sigue, desde que en 2003 comenzaron las obras, con la licencia, luego revocada, del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía. Todo un despropósito, por su ubicación a escasos 50 metros de la playa y dentro de un espacio natural de alto valor ecológico.
Es evidente que ese hotel nunca llegará a abrir sus puertas. Está condenado. Pero la cuestión es quién va a pagar la demolición y devolución integral del territorio a la situación previa a las obras. Se estima que el coste asciende a 7 millones de euros, que el Gobierno de España se ha comprometido a financiar en varias ocasiones. La Junta de Andalucía, por su parte, se encargaría de la restauración de la playa para devolverla a su estado original. Estamos hablando de casi 44.000 metros cuadrados construidos.
Pero el Ayuntamiento de Carboneras no está poniendo las cosas fáciles y se niega a asumir ningún costo. Por su parte, la constructora está jugando todas sus cartas para conseguir una dilación y, tal vez, algún día, evitar la demolición. A pesar de que el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias firmes que confirman que la licencia de construcción era ilegal y que el terreno es no urbanizable, la demolición sigue parada. Y no parece que haya un acuerdo a corto plazo, ahora que llegan vientos electorales.
Lo evidente es que es la Junta de Andalucía quien tiene la competencia en urbanismo y ordenación del territorio y es quien debería ejecutar la demolición. Sin embargo, insiste en que el coste debe ser asumido por la promotora o por el gobierno central. Unos por otros y la casa sin barrer.
¿Se puede obligar a la promotora a pagar esos 7 millones de euros para la demolición? Sus abogados insisten en que las obras empezaron con licencia municipal y autonómica y, por lo tanto, no son responsables de lo que haya ocurrido posteriormente. ¿El Ayuntamiento podría hacer algo más para recuperar ese terreno, hoy ocupado por toneladas de ladrillo? Seguro que sí, pero todo pasaría por comprometerse económicamente y, de paso, reconocer el grave error que cometieron otorgando una licencia en pos del desarrollismo turístico y las buenas perspectivas económicas de los primeros años del siglo XXI. Téngase en cuenta que la corporación municipal esperó hasta abril de 2023 para declarar el terreno como no urbanizable en su PGOU, todo ello después de numerosos requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los ecologistas están vigilantes ante cualquier paso atrás del proceso que, no hay otro camino, debe terminar en la demolición. Pero la promotora recurre y gana tiempo, el Ayuntamiento de Carboneras se hace el sueco, la Junta de Andalucía espera para no ser la que tenga que invertir los 7 millones de euros que cuesta recuperar la zona, a pesar de que, en su día concedieron la licencia. Y finalmente, desde el Gobierno Central, esperan el momento más oportuno para enviar la maquinaria pesada, pero nadie quiere quedarse solo en ese empeño porque, paradójicamente, hasta podría tener coste electoral. De modo que, una vez más, los titulares fáciles de la prensa son apisonados por el tiempo y la realidad.
Si pueden, vayan un día a visitar esa zona de la costa Almería y miren ese monstruo de cemento y ladrillo. Impone su rotunda presencia, que parece desafiar al tiempo, a los tribunales y a todas las administraciones.