Brutal el libro “V13”,· de Emmanuel Carrere (Editorial Anagrama); su crónica personal del proceso judicial por el atentado islamista contra la sala Bataclan, en París, en 2015. Aunque, entre otros, el periódico El País ha ido publicando estas crónicas, asumirlo completo, reflexionarlo y revivir aquel drama leyendo al maestro, es una lección de comprensión del presente muy recomendable.
De su lectura, no he podido evitar pensar en algunas crónicas sobre tribunales que últimamente mandan en España y en el tratamiento periodístico que se les da, con una descarada manipulación de las decisiones judiciales a favor de tal o cual fuerza política, olvidando el más mínimo rigor informativo. Claro que tampoco algunos jueces ayudan mucho a la hora de apartarse de la batalla partidista, dejando en evidencia a uno de los poderes del Estado. Esto, definitivamente, no es Francia.
A este pecado profesional debo añadir las múltiples equivocaciones que se leen o escuchan en algunas crónicas periodísticas cuando se abordan temas judiciales, generando una doble confusión que no hace ningún bien a la calidad informativa del medio. Personalmente, el error que más me irrita, seguramente por la edad que tengo y los tiempos pasados, es cuando un periodista, en directo, en el lugar de un hecho delictivo, habla que el detenido “estaba fichado por la Policía”, como si fueran antecedentes penales, cuando no lo son. La Policía identifica y presupone un delito del que solo un juez puede condenarte en sentencia firme, después del correspondiente juicio. Es decir, puede haber una persona con una larga ficha policial y no haber sido condenado por delito alguno. Conviene tenerlo en cuenta, aunque eso suponga quitarle picante a la crónica.
Recuerdo también el concepto de “preimputado”, que se ha utilizado en numerosas ocasiones, como ocurrió en el Caso ERE, donde los medios daban detalle de nombres de personas “preimputadas”, lo cual no significa nada, simplemente que podrían imputarte a lo largo de una investigación judicial si se encuentran indicios para ello. Por lo tanto, todas las personas que ahora mismo estén caminando, por ejemplo, por la Plaza de España de Sevilla o la Gran Vía de Madrid son “preimputados”.
Me preocupa también el laxo respeto al menor, cuya privacidad debe ir siempre por delante de cualquier otro interés periodístico, incluso si los padres dan permiso. Fue vergonzante la entrevista a la novia de Miguel Carcaño, de 14 años entonces, en el caso de la desaparición, en Sevilla, de Marta del Castillo. Esos paseos por los platós acompañada de la madre, con el probable incentivo económico, fue muy duro de entender, entonces y ahora.
Otra variante, ciertamente relacionada con las ganas del poder político de salir en los medios, es la conversión en noticia de un proyecto de ley que el gobierno de turno envía a su Parlamento para su discusión y aprobación. En el mejor de los casos, esa ley acabará aprobada en varios meses y con los cambios que se produzcan en el debate. Pero desde el día de la entrada en el Parlamento, se dan por buenas las acciones previstas en esa Ley, como ha ocurrido con la llamada “Ley de Familias” cuyos postulados en materia de permisos de trabajo a padres y madres se dan ya por buenos.
En realidad esto ocurre porque no se sabe, o tal vez no se quiere saber porque no conviene al relato, distinguir entre Proyecto de Ley (que debe ser aprobado por el poder legislativo) y Decreto Ley (de carácter provisional, dictado cuando concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, que, en todo caso, debe ser refrendada más adelante por el parlamento correspondiente).
Esta galería de confusiones parecen no importar en muchos casos, pero se resiente la calidad informativa y se nos acaba notando a los periodistas que estamos demasiado cerquita del Poder, donde suele hacer menos frío. Los detalles importan.
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