Las grandes mentiras de Feijóo sobre impuestos

Cuando Alberto Núñez Feijóo habla de bajar impuestos, hay que desconfiar. Su discurso no busca aliviar a las familias ni proteger a las clases medias: busca blindar los privilegios de quienes más tienen, incluso a costa de debilitar los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana de la mayoría. Bajo el eslogan amable de “menos impuestos”, se esconde la misma receta de siempre del PP: regalar ventajas fiscales a las grandes fortunas, a la banca y a las eléctricas, mientras recortan sanidad, educación y pensiones.

El modelo fiscal del PP no es nuevo. Es el mismo que aplicó Rajoy: amnistías para grandes defraudadores y más de 50 subidas de impuestos para el resto. Subió el IRPF cinco veces; incrementó el IVA; el IBI; los impuestos de Sucesiones y Patrimonio; e impuso el copago farmacéutico que castigó a los pensionistas. En total, más de 10.600 millones de euros salieron del bolsillo de las familias trabajadoras. Eso fue su “bajada de impuestos”. Y Feijóo quiere repetir la historia.

El líder del PP actúa al servicio de los intereses económicos que dominan su partido. No se enfrenta a las eléctricas, a la banca ni a las grandes fortunas. Prefiere proteger a las élites, aunque eso implique dejar sin fondos a hospitales, colegios o servicios sociales. ¿Qué país puede construirse si se gobierna pensando antes en Iberdrola o el Banco Santander que en una madre trabajadora o un jubilado?

En 2024, las principales energéticas españolas —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve— ganaron más de 11.000 millones de euros. Aun así, el PP votó en contra del impuesto extraordinario impulsado por el Gobierno para que una parte de esos beneficios ayudara a sostener los servicios públicos. Lo mismo con la banca: las seis grandes entidades españolas lograron su mejor año histórico, y Feijóo también se opuso al impuesto. ¿De qué lado está realmente el PP?

La hipocresía de Feijóo es terrible cuando dice que “cuantos más ricos haya y más impuestos paguen, más podremos acabar con la pobreza”. Pero cuando se le preguntó si mantendría el impuesto a las grandes fortunas, respondió: “Lo voy a suprimir”. Esa es su idea de justicia fiscal: discursos vacíos y leyes para los de siempre.

Y los hechos lo confirman. Donde gobierna el PP las rebajas fiscales benefician a los más ricos. En Madrid, Ayuso ha bonificado el 100% del impuesto de patrimonio, permitiendo que casi 500 multimillonarios no paguen absolutamente nada. Esta medida supone una pérdida de más de 1.200 millones de euros anuales. A la vez, ha deflactado el IRPF, lo que favorece sobre todo a las rentas altas.

En Andalucía, Moreno Bonilla ha suprimido también el impuesto de patrimonio, beneficiando al 0,2% más rico —unas 20.000 personas— que dejarán de pagar 120 millones al año. Para el 99,8% restante no hay rebajas ni mejoras. En Galicia, Feijóo aplicó una bonificación del 50% al impuesto de patrimonio, con un impacto de 40 millones. Y en la Comunitat Valenciana, el PP y Vox han eliminado este tributo, beneficiando a unos pocos miles de contribuyentes a costa de 61 millones de euros que ya no se destinarán a sanidad, educación o dependencia.

El último ejemplo del oportunismo fiscal de Feijóo ha sido su propuesta de eximir a los autónomos del pago del IVA, medida que, además de impracticable, choca con normativa europea. Mientras lanza promesas imposibles, el Gobierno de España ha propuesto congelar las cuotas de los autónomos con ingresos más bajos —entre 670 y 1.166 euros al mes— y aumentar ligeramente las de los tramos más altos a partir de 2026. Una medida valorada positivamente por asociaciones como UPTA, que protege a quienes más lo necesitan frente al populismo fiscal del PP.

Frente a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez defiende un modelo fiscal más justo: que quien más tiene, más contribuya. Ha impulsado impuestos a grandes fortunas, a bancos y a energéticas para reforzar el Estado del Bienestar y combatir la desigualdad. Incluso ha planteado un impuesto global a los superricos, consciente de que la concentración extrema de riqueza no solo es un problema económico, sino también democrático y moral.

Contra el relato del PP, los datos son claros: España no es un “infierno fiscal”. La presión fiscal está 2,3 puntos por debajo de la media de la UE y 3,6 puntos por debajo de la Eurozona. Según FEDEA, es incluso más baja que cuando gobernaba el PP: en 2018 era del 36,3 % del PIB y hoy es del 35,1 %. Se pagan menos impuestos que con Rajoy, pero de manera más progresiva.

Hoy, el sistema fiscal protege más a las rentas bajas: se ha reducido el IRPF a quienes menos ganan y se han creado nuevos tramos para los que superan los 300.000 euros. También se han elevado los impuestos al capital y se ha establecido un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y un tributo de solidaridad para grandes patrimonios.

El PP habla de “97 subidas de impuestos” que no existen. Feijóo mezcla el fin de medidas temporales —como la rebaja del IVA a alimentos o electricidad— con subidas inexistentes. Volver a los tipos normales tras una crisis energética no es subir impuestos. De hecho, España ha sido uno de los países que más tiempo ha mantenido esas rebajas, con 22.000 millones de euros en alivio fiscal entre 2022 y 2024. El IVA del aceite de oliva ha sido reducido de forma permanente al 4 %.

También es falso que el Gobierno haya subido impuestos a todos. Un trabajador con salario mínimo ha pasado de pagar un tipo efectivo del 8% en 2018 al 0% actual. Una jubilada con pensión media, del 8,6% al 1,3%. Una madre con dos hijos y 20.000 euros de ingresos, del 8,6% al 6,7%. Las pequeñas empresas que facturan menos de un millón de euros han pasado de tributar al 25% a hacerlo entre el 17 % y el 20%. Eso no es subir impuestos, es hacerlos más justos.

Conviene recordarlo: las mayores subidas fiscales ocurrieron con el PP. Rajoy prometió bajarlos, y nada más llegar, subió el IRPF, el IBI y el IVA del 18% al 21%. Aquel sí fue un auténtico “infierno fiscal”, y lo pagaron los trabajadores.

Porque los impuestos no son castigos. Son el precio de vivir en una sociedad justa y cohesionada. Financiamos con ellos hospitales, escuelas, becas, pensiones y políticas que igualan oportunidades. Detrás del discurso antiimpuestos del PP hay una única idea: que cada uno se salve como pueda. Frente a eso, el Gobierno de Sánchez defiende otra: generar riqueza, redistribuirla y no dejar a nadie atrás.

No hay justicia social sin justicia fiscal. Y no se puede sostener un país cohesionado si las élites se desentienden del esfuerzo común mientras las clases medias y trabajadoras cargan con todo el peso. Cada euro que se deja de recaudar para favorecer a un multimillonario es un euro menos para mejorar una escuela, modernizar un hospital o cuidar a nuestros mayores.

Así que, cuando el PP repita que “España se rompe”, conviene mirar más allá del ruido. Porque los que realmente rompen España son los que gobiernan solo para una minoría privilegiada. Donde gobierna el PP, los ricos son más ricos, los servicios públicos se deterioran y las oportunidades se alejan para la mayoría.

Y cuando hablen de “bajar impuestos”, recuerda lo que eso significa: menos médicos, menos profesorado, peores pensiones y menos ayudas. La fiscalidad no es solo una cuestión de números: es una cuestión de modelo de país, de equidad y de futuro.