Alberto Núñez Feijóo ya no se molesta en ocultar la letra pequeña de su agenda política. El líder del PP ha advertido públicamente de que, si logra alcanzar la Moncloa, formará “un Gobierno que os pida sacrificio”. Una auténtica declaración de intenciones que deja clara su apuesta por políticas de austeridad y que pone encima de la mesa una pregunta demoledora para las clases medias y populares de este país: si nos avisan por adelantado de que nos van a apretar el cinturón, ¿por qué hay clase trabajadora que se plantea entregarle su voto?
Bajo el paraguas del ruido mediático y de los ataques furibundos contra el Gobierno, la derecha esconde su verdadero programa social y económico. La hiperbólica campaña “antisanchista” impulsada por el PP y Vox solo es una maniobra de distracción, un gigantesco escudo ideológico concebido para ocultar un plan deliberado de recortes brutales de derechos, privatización de servicios públicos y transferencia de rentas desde las mayorías hacia las élites financieras.
Solo han transcurrido seis días desde el anuncio de la cita con las urnas y ya empieza la derecha a mostrar sus cartas sin tapujos. Ha bastado comenzar la precampaña para que los anuncios y declaraciones de los dirigentes conservadores y sus voceros económicos hayan dibujado una hoja de ruta aterradora para los trabajadores: la pretensión de dar entrada al capital privado en la gestión de las pensiones públicas, bajadas drásticas del IRPF diseñadas para beneficiar a las rentas más altas y la peligrosa propuesta de otorgar a las mutuas patronales y aseguradoras privadas el control sobre las altas médicas de los trabajadores que se encuentran en baja laboral.
La muestra más clara de esta estrategia la ofreció el diputado y portavoz de Vox, José María Figaredo, al plantear abiertamente la privatización de las pensiones. Su propuesta busca recortar las prestaciones del Estado e incentivar que los ciudadanos contraten planes de pensiones privados, abriendo la puerta a que la banca haga negocio con un derecho fundamental y dejando desprotegidos a los trabajadores que no puedan permitirse pagar un retiro privado.
Por su parte, la promesa de recortar drásticamente el IRPF a las rentas más altas no es un alivio fiscal, sino un torpedo contra la caja común. Reducir la recaudación este impuesto prácticamente a la mitad supone desmantelar los ingresos que sostienen el Estado del bienestar. Esto supondría tijeretazos directos a los servicios públicos fundamentales, dinamitando la sanidad pública con más colapsos en listas de espera y asfixiando la educación mediante la reducción de plantillas docentes y el recorte en becas.
Y la propuesta de Feijóo sobre las mutuas constituye un atentado directo contra la salud y los derechos laborales. Poner en manos de entidades con ánimo de lucro o vinculadas a la patronal la facultad de dictaminar cuándo un trabajador enfermo debe reincorporarse al puesto equivale a supeditar el criterio estrictamente médico a los intereses económicos de las empresas. Se trata de un modelo que criminaliza la baja médica, desprotege al asalariado e introduce por la puerta de atrás el negocio privado en el corazón de la sanidad pública.
Escuchar hoy a Feijóo hablar de contención e imponer esfuerzos es revivir punto por punto el guion que ejecutó Mariano Rajoy en 2011. Aquella etapa arrancó con promesas de prosperidad y terminó convertida en una sangría para las clases populares. Rajoy prometió no tocar la sanidad ni la educación, pero en abril de 2012 su Gobierno aprobó un recorte estructural de 10.000 millones de euros en el núcleo del Estado del bienestar: 7.000 millones menos para el sistema sanitario público y 3.000 millones menos para la educación.
Ese tijeretazo supuso la pérdida de miles de plazas de profesores, el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas y la reducción del número de beneficiarios, la instauración del copago farmacéutico, una medida injusta que obligó por primera vez a los pensionistas a pagar de su bolsillo por medicamentos esenciales. También supuso el destrozo de la Ley de Dependencia. Las secuelas de aquella política aún se reflejan en el colapso de las listas de espera de los hospitales y en el debilitamiento de la educación pública.
La política fiscal del PP desmintió rotundamente el mito de las rebajas impositivas. Bajo la batuta de Cristóbal Montoro, se ejecutó una de las mayores subidas de impuestos de la democracia, elevando el IRPF que pagaban los asalariados y subiendo el IVA general del 18% al 21%, un tributo regresivo que asfixió la cesta de la compra de las familias trabajadoras. Mientras las clases medias soportaban el esfuerzo, los grandes defraudadores del país disfrutaban en 2012 de una infame amnistía fiscal, blindando sus caudales al pagar una tasa simbólica del 10%. Por cierto, ¿alguien sabe qué ha pasado con el caso Montoro?
Y mientras las rentas altas multiplicaban sus beneficios, el sistema de pensiones sufría una pérdida constante de poder adquisitivo. Se impuso la nefasta reforma con el tope del 0,25%, condenando a millones de ancianos a ver cómo sus prestaciones subían apenas unos céntimos al mes mientras la cesta de la compra se encarecía. El mensaje era diáfano: la factura de las crisis no la pagan las grandes corporaciones, sino los jubilados y la mano de obra del país.
El escenario actual desmiente el apocalipsis económico predicado por la derecha. España encadena datos macroeconómicos sólidos, crece por encima de la media de la Unión Europea y registra cifras récord de empleo y afiliación a la Seguridad Social. En este contexto de bonanza, lo justo y económicamente eficiente es garantizar el reparto equitativo de los beneficios mediante salarios dignos, el refuerzo de los servicios públicos, una mayor contribución fiscal de las grandes fortunas y la revalorización de las pensiones con el IPC.
¿Qué sentido tiene pedir “sacrificios” a la clase trabajadora en un ciclo de crecimiento? Ninguno, salvo la voluntad ideológica de erosionar lo público para abrir nichos de mercado a la sanidad privada, a las aseguradoras y a los fondos de inversión en pensiones. Cuando Feijóo habla de esfuerzos, no está pensando en gravar a la banca o a las multinacionales energéticas; está anunciando que el coste volverá a recaer sobre las espaldas del asalariado, de la enfermera, del maestro y del pensionista.
El verdadero reto al que se enfrenta la ciudadanía es desenmascarar el señuelo del "antisanchismo". Toda la agresividad verbal y la polarización política impulsada por el PP y Vox no son más que humo para tapar lo esencial: un modelo de país desigual en el que la mayoría trabaja para que unos pocos acumulen privilegios.
El voto es la herramienta más valiosa de la que disponen las clases populares para proteger sus vidas y las de sus hijos. Respaldar opciones políticas que no ocultan su intención de recortar servicios, precarizar la salud y desmantelar la protección social es votar en contra de los propios intereses de clase.
Feijóo ya ha puesto sus cartas boca arriba sobre la mesa. Ha avisado de que exigirá sacrificios y ha dejado claro a quién le tocará pagarlos. Sabiendo que su plan consiste en apretar a los de abajo, desmantelar lo público y premiar a los más ricos, la pregunta retumba en la conciencia de cada trabajador es: si ya sabes que te van a machacar, ¿para qué les vas a dar tu voto?
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