La experiencia no tiene precio

Vivimos obsesionados con la juventud de las organizaciones. Políticos, sindicalistas y directivos de ONGs dedican horas de debate a descifrar cómo atraer a los nativos digitales, cómo rejuvenecer unos censos que languidecen y cómo conectar con una sociedad que se mueve a golpe de click. Sin embargo, en mitad de esa frenética carrera por el futuro, nuestras organizaciones están cometiendo un error estratégico de manual: abrir de par en par la puerta de salida a su mayor activo, los jubilados, por el simple empecinamiento de cobrarles un recibo mensual.

En España, la norma generalizada en los partidos políticos, los sindicatos mayoritarios y los colegios profesionales es la rebaja. Al llegar al retiro, la cuota pasa a ser «reducida» o «súper reducida». Un parche de cinco, siete o diez euros al mes que, bajo una falsa apariencia de sensibilidad social, esconde una profunda ceguera organizativa. Tratar al militante o afiliado que se jubila como un sujeto pasivo al que hay que hacerle un descuento es no entender absolutamente nada del cambio demográfico que atravesamos.

Las consecuencias de esta ceguera son físicas, especialmente en el ámbito de la izquierda, donde el cierre de sedes locales en el entorno rural o de barrio es una sangría constante. En Ayamonte (Huelva), desde donde escribo este verano, la sede de UGT ha desaparecido y la del PSOE ha reducido su tamaño a una pequeña Casa del Pueblo con un horario mínimo: miércoles y viernes, de cinco a siete de la tarde. Esta preocupante persiana bajada se podría mitigar, precisamente, con la implantación de una cuota cero para jubilados y un registro de sus horas de voluntariado.

Es hora de abrir un debate urgente en todo el tejido social sobre la necesidad de implantar la cuota cero universal para jubilados. No estamos hablando de caridad, paternalismo o de un premio de consolación para los mayores. Hablamos de una inversión política de primer orden basada en el concepto del «dividendo del talento sénior».

Cuando una persona se jubila, se rompe su relación laboral, pero no su compromiso ideológico, su memoria institucional ni su capacidad intelectual. Lo que el mercado laboral descarta, la sociedad civil debería recogerlo con las manos abiertas. Al eliminar por completo la barrera económica de la cuota, las organizaciones no pierden dinero; ganan algo infinitamente más valioso y escaso como son el tiempo, la fidelidad y la experiencia.

Pensemos en los sindicatos, cuyas bases envejecen de forma estructural y sufren bajas masivas de trabajadores que, al dejar la empresa, ya no ven utilidad en la asesoría laboral directa. Si el sindicalismo ofreciera una cuota cero real, pasaría de perder un afiliado cotizante a ganar un voluntario con décadas de experiencia en negociación colectiva, capaz de sostener las sedes locales, formar a los delegados jóvenes o asesorar de forma solidaria en los barrios. El valor de esas horas de militancia desinteresada supera con creces los escasos euros de una cuota bonificada.

Lo mismo ocurre en los partidos políticos de la izquierda, donde el militante jubilado dispone del tiempo del que carece una clase trabajadora ahogada por la conciliación y la precariedad. Son ellos quienes pueden mantener vivas las agrupaciones de barrio, dinamizar los debates y organizar la logística que la política de plató y redes sociales ha abandonado. Exigirles una cuota para certificar su existencia legal es burocracia fría; ofrecerles la cuota cero a cambio de compromiso activo es construir comunidad.

La propuesta no está exenta de resistencia. Los sectores más tecnócratas argumentarán el impacto financiero en las arcas de las entidades o los límites legales que exigen aportaciones para evitar los censos fantasma. Pero las soluciones técnicas existen: desde crear la figura jurídica del «afiliado emérito» —donde la cuota se justifica legalmente mediante un registro de actividad o voluntariado en lugar de un cargo bancario— hasta vincular la gratuidad a los años previos de militancia, como existe en los sindicatos británicos que la aplican a los que han militado de veinte a treinta años.

El modelo de sociedad que defiende el progresismo no puede limitarse a exigir pensiones dignas y envejecimiento activo desde las instituciones públicas mientras, en sus propias sedes corporativas, tratan el retiro como una pérdida de valor. La jubilación no puede seguir siendo el detonante silencioso que rompa el cordón umbilical entre el ciudadano y sus organizaciones de referencia.

Activar la cuota cero es el paso más transformador que el tejido asociativo puede dar hoy para demostrar que, en una sociedad que aísla y descarta a sus mayores, la experiencia no tiene precio.