A este respecto lo único que se puede pedir es la máxima transparencia sobre el uso de los dineros públicos transferidos y que se exijan responsabilidades, incluidas las penales, a los dirigentes por sus torpezas o corrupciones.
Pero salvo en lo que se refiere al sistema financiero básico, en los demás sectores debería garantizarse el derecho a la quiebra como se respeta el derecho al beneficio empresarial de la inversión exitosa.
Las concesionarias privadas de autopistas de peaje hicieron un cálculo descabellado de la intensidad de tráfico previsible, no por incompetencia sino porque en el fondo les daba igual pues ya están acostumbradas a que, llegado el caso el Estado acudiría en su socorro.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha desaprovechado una bonita oportunidad de aclarar las ideas a los autopisteros impartiéndoles una lección inolvidable que sirviera de aviso a navegantes. Lo que ahora se llama “riesgo moral”.
En lugar de ello les ha regalado más dinero de la escuálida partida presupuestaria dedicada a las infraestructuras, sacrificando mejores alternativas.
No solo el ladrillo ha dado lugar al desmadre generando la burbuja que está en el origen de nuestros males.
Burbujas hay por doquier y desde luego también se ha formado en el asfalto provocadas por la alegría en el uso del crédito fácil que algunos suponían que no había que devolver.
Parece mentira que no aprendamos de la historia de las autopistas de peaje que tan caras nos han salido; una iniciativa que se ha hecho casi en su totalidad apalancada, o sea arriesgando muy poco dinero propio.
Espectáculos como las autopistas que parten de Madrid – sus pérdidas son ya de 2.000 millones de euros -, y no solo de Madrid, con escasos usuarios, como la de Cartagena – Vera son deprimentes.
O los trenes disfrutados por 20 0 30 pasajeros al día, o proyectos injustificables en estos momentos como los AVE a Asturias, a Galicia o a Badajoz.
Son hechos que han alimentado en la opinión europea, especialmente alemana, reticencias respecto a nuestro país.
Podría admitirse, aunque también esto es discutible, que el Gobierno ampliara el plazo de concesión de las autopistas, pero meter en ellas más dinero de los contribuyentes para salvar unas inversiones absurdas no es de recibo.
José García Abad es periodista y analista político
